El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrcela, ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que advierte de que la reforma legal propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial puede “suponer una violación de las normas anticorrupción” de este organismo. En el escrito, fechado el pasado 14 de octubre, Mrcela asegura que “seguirá de cerca los desarrollos actuales” y pide más información sobre la iniciativa de los dos socios del Gobierno para preparar el próximo pleno del Greco, que tendrá lugar de los próximos 26 al 30 de octubre.
El Consejo de Europa lleva años censurando el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dando avisos por el incumplimiento de sus recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en las Cámaras. La reforma legal propuesta ahora ahonda, según el organismo, en este problema y “se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa”. Mrcela, con todo, incurre en un error al describir la propuesta del Gobierno, ya que señala que implica rebajar de mayoría cualificada a “mayoría simple” los votos necesarios para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo. El texto registrado en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos no sustituye la mayoría de tres quintos por mayoría simple, sino absoluta.
La carta está dirigida a Ana Andrés Ballesteros, jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia. El presidente de Greco apunta que “los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción”. “Nuestras normas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura. Greco ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del cupo judicial”, subraya Mrcela.
El máximo responsable de Greco reprocha también a España que no haya atendido todavía la recomendación que le hizo hace siete años, cuando este organismo pidió “una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas”.
Las críticas y avisos del Grupo de Estados contra la Corrupción se unen a las que ya formuló hace una semana la Comisión Europea, que ha mostrado su temor a que la reforma legal propuesta por los socios de Gobierno ponga en peligro la independencia judicial y agrave la impresión de que el Poder Judicial es vulnerable a la politización.
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