El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado este jueves el inicio de un procedimiento de infracción contra Turquía ante la repetida negativa de los tribunales y el Gobierno turco de cumplir con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sito en la ciudad francesa de Estrasburgo, que exige liberar al activista y filántropo Osman Kavala, encarcelado desde hace más de cuatro años. La decisión fue tomada tras recibir la aprobación de más de dos tercios de los representantes de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa —sin relación con la UE— , institución de la que depende el TEDH. El proceso puede culminar con la pérdida del derecho a voto de Turquía o incluso con su expulsión de la organización paneuropea.
Kavala, un empresario implicado en numerosas causas sociales y culturales, fue detenido en 2017 y acusado de haber financiado y dirigido la revuelta de Gezi (en Estambul), que puso contra las cuerdas al Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan en 2013. Tras ser absuelto el año pasado, Kavala fue arrestado ese mismo día y acusado en un nuevo proceso judicial por supuestamente haber participado en el fallido intento de golpe de Estado de 2016. Además, las acusaciones relacionadas con la revuelta de Gezi han sido recuperadas y agravadas, tras tumbar la justicia la anterior absolución.
El Tribunal de Estrasburgo dictaminó en diciembre de 2019 que se habían violado los derechos procesales de Kavala, por lo que exigió su inmediata puesta en libertad. Pero Ankara evitó ejecutar la sentencia escudándose primero en que podía presentar alegaciones y, después, en que se había detenido a Kavala por otros cargos diferentes a los que se refería Estrasburgo.
La medida extraordinaria tomada este jueves da inicio a un largo y complejo proceso en el Consejo de Europea que puede prolongarse durante meses. En primer lugar, le será notificado el inicio del procedimiento de infracción a Turquía, que deberá responder con sus alegaciones. Posteriormente, se consultará al Tribunal de Estrasburgo si Ankara ha violado la Convención Europea de Derechos Humanos al negarse a aplicar su sentencia de 2019. Si el tribunal llega a esa conclusión, el caso se referirá de nuevo al Comité de Ministros para que decida qué sanción aplicar, que podría ir desde la suspensión del derecho a voto hasta la expulsión de Turquía de la organización paneuropea, de la que es uno de los miembros fundadores.
El procedimiento podría frenarse solo en caso de que el tribunal que juzga a Kavala acceda a ponerle en libertad en una de sus revisiones mensuales. Según analistas locales, Erdogan tiene una fijación particular con Kavala, al que ha definido como “representante del judío [George] Soros”, magnate y fundador del think tank Open Society, que promueve el liberalismo y es considerado la bestia negra de la nueva ultraderecha.
El relator del Parlamento Europeo para Turquía, Nacho Sánchez Amor, que ha seguido muy de cerca el juicio contra Kavala explica: “Este asunto podía haberse resuelto hace muchos meses con el cumplimiento de la sentencia. Aunque estén en desacuerdo con la sentencia, las autoridades turcas están obligadas a cumplirla. Esta resistencia a cumplirla tiene un punto inexplicable, porque no se trata de una imposición externa a Turquía, sino que hay una institución internacional a la que pertenece Turquía y cuya pertenencia incluye el compromiso de cumplir con las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos”.
Existen pocos precedentes en los que fijarse para saber qué consecuencias tendrá el proceso de infracción contra Turquía, además del daño a la imagen de un país al que se le ha criticado su progresivo alejamiento de los valores democráticos y del compromiso con las instituciones europeas. En 2017 se tomó una medida similar contra Azerbaiyán por negarse a liberar al opositor Ilgar Mammadov, pero a los pocos meses Bakú decidió ponerlo en libertad y finalmente el disidente fue absuelto por los tribunales del país caucásico. La propia Turquía fue advertida hace casi 20 años de que se iniciaría un procedimiento de infracción si no cumplía con la indemnización a una chipriota que había perdido sus propiedades en el norte de Chipre tras la ocupación turca del tercio norte de la isla en 1974. La indemnización fue decretada por el TEDH en una sentencia de 1998 y la advertencia contra Turquía llegó en 2003, tras lo cual Ankara accedió a proceder con el pago.
Sólo un país ha salido del Consejo de Europa desde su fundación en 1949: Grecia. Fue durante la Dictadura de los Coroneles (1967-1974) cuando, ante las críticas por las violaciones de derechos humanos y la amenaza de un proceso de expulsión, la propia junta militar griega decidió irse por voluntad propia (tras la vuelta de la democracia, el país fue readmitido).
A Rusia se le retiró el derecho a voto en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa tras su anexión en 2014 de la península ucrania de Crimea. Como protesta, Moscú decidió retirar a sus parlamentarios y dejar de pagar su contribución al presupuesto anual del Consejo, tras lo que se le amenazó con la expulsión. Finalmente, se llegó a un acuerdo, polémico para muchos, que permitió el retorno de los parlamentarios rusos a la organización.
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