Juana Rivas, a la salida del juzgado de Granada en 2018, el día que salió de su escondite tras un mes desaparecida junto con sus hijos.Fermín Rodríguez
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial de Juana Rivas, la madre de Granada condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores. Fuentes del Gobierno han confirmado a EL PAÍS esta medida, que supone una rebaja de la actual pena impuesta a Rivas por otra de prisión de un año y tres meses. Además, se le conmuta la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por otra de 180 días de trabajo en beneficio a la comunidad.
El juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, condenó en julio de 2018 a Juana Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores. La pena original fue reducida posteriormente a la mitad por el Tribunal Supremo en abril de 2021, en un fallo en el que mantuvo los seis años de retirada de la patria potestad. Tras esa sentencia, el abogado de Rivas, Carlos Arangüez, presentó la petición del indulto ante el Gobierno, que acaba de ser concedido. “Este indulto deja las manos libres a Juana para poder seguir luchando por sus hijos”, señalaba este martes por la mañana el letrado. Los menores tienen 15 y 7 años, respectivamente. Los niños viven en Italia con el padre, que tiene su custodia. Rivas recibe la visita de sus hijos en vacaciones escolares y puede ir a verlos a Italia si viaja allí los fines de semana, según el régimen establecido. El próximo viernes 19 de noviembre se celebra un juicio en Italia para revisar la custodia.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez; y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.FOTO: EUROPA PRESS | VÍDEO: EFE
Arangüez ha explicado que, con la rebaja de la pena a un año y tres meses de cárcel, a Rivas solo le quedan por cumplir algo menos de 10 meses, por lo que “si el juez es razonable le aplicará la suspensión de la pena, toda vez que es su primer delito, es un delito incruento y, por supuesto, ha satisfecho la responsabilidad civil”, en referencia a la indemnización de 12.000 euros que debía pagar a Francesco Arcuri, según la sentencia judicial.
El indulto queda condicionado “a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en un plazo de cuatro años desde la publicación del decreto”, explican fuentes del Gobierno, que añaden que la fórmula adoptada —el indulto parcial— busca “respetar” el informe previo emitido por el Tribunal Supremo. El pasado 4 de noviembre, el pleno de la Sala de lo Penal se opuso de forma unánime a concederle la medida de gracia total a la madre granadina, lo que implicaría eximirla de toda la pena, pero no alcanzó un acuerdo mayoritario sobre el indulto parcial, la opción que apoyó la Fiscalía. Ocho magistrados se mostraron a favor de esta posibilidad y otros ocho, en contra. El informe del tribunal era preceptivo, pero no vinculante. La Sala de lo Penal remitió al Ministerio de Justicia, responsable de tramitar las peticiones de indulto, un escrito en el que recogía ambas posturas, tanto la de los magistrados favorables al indulto parcial como la de los que se opusieron.
Los magistrados favorables al indulto parcial advirtieron sobre la “angustia extrema” que ha mostrado el hijo mayor de Rivas durante el proceso judicial por tener que separarse de su madre y convivir con su padre, Francesco Arcuri, a quien señala por presuntos malos tratos. En 2009, Arcuri fue condenado en España por un delito de violencia machista a tres meses de prisión y alejamiento de Rivas durante 15 meses, la única condena que tiene Arcuri por este asunto. Las denuncias posteriores no han prosperado. La sentencia recogía que la golpeó “repetidamente” y le causó lesiones que necesitaron asistencia médica. Se distanciaron tras esa condena hasta 2013, cuando volvieron a convivir como pareja y nació el segundo de sus hijos. Vivían en Italia hasta que, en mayo de 2016, Juana Rivas volvió a España con sus hijos, denunció de nuevo a Arcuri por violencia machista y no le retornó a los menores.
A finales de junio de 2017, Rivas desapareció durante un mes con sus hijos para no entregarlos al padre y fue declarada en busca y captura. Los retornó finalmente en una comisaría. Durante ese mes, empezó una movilización de apoyo a la mujer de Maracena (Granada), que ha contado durante todo este tiempo con un amplio respaldo social por parte del movimiento feminista. Casi un centenar de organizaciones hicieron pública esta misma semana una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le solicitaban una reunión para pedir el indulto de Rivas y le aseguraban que la petición está respaldada por “más de 400.000 personas”.
El Gobierno finalmente ha optado por el indulto parcial —y no el total— en línea con lo que solicitaron la mitad de los magistrados del Supremo. Su argumentación atiende al principio de equidad y “al interés mayor supremo de los menores”. Gracias a esta medida, los dos niños podrán volver a estar con la madre. El argumento jurídico en el que se ha basado el Gobierno para aprobar este indulto parcial son las razones de justicia y equidad. Y han considerado “el interés superior de los menores y las circunstancias vitales de todos los afectados”. Además, destacan que la granadina ha respetado en todo momento el régimen de visitas que se estableció e hizo frente al pago por daños patrimoniales de 12.000 euros que le solicitó el juez. Rivas ingresó en junio pasado de forma voluntaria en un Centro de Inserción Social para cumplir la pena. El objetivo del indulto, añaden las fuentes gubernamentales, es sobre todo evitar que Juana Rivas pierda la patria potestad de sus hijos “para que no pierda la custodia y pueda tener a sus hijos con ella”. Añaden que el motivo principal no era anular la condena de privación de libertad, puesto que la mujer ya disfrutaba del tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad.
Desde el despacho de abogados de Rivas señalan que “el próximo paso” es el juicio por la custodia en Italia, que será el 19 de noviembre. “El indulto parcial supone un enorme refuerzo para nuestras pretensiones”, señala el equipo que defiende a la granadina. Francesco Arcuri tiene la custodia definitiva de sus hijos, concedida en Italia, desde 2019. Juana Rivas apeló esa decisión y el juzgado italiano decidirá este viernes.
Para el abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, la sentencia supone “la despenalización de facto del delito de sustracción de menores cuando la cometa una mujer”, ha comentado a EL PAÍS. El letrado ha transmitido este mediodía la noticia a Francesco Arcuri, que ha recibido la decisión del Gobierno con “serenidad”. El italiano se ha mostrado seguro de que el indulto “no tendrá ninguna influencia en el juicio que habrá en Italia el viernes“.
Zambrano considera “una aberración jurídica” la sustitución de la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad, que es una medida civil, por 180 días de trabajo a la comunidad, que es una medida penal. “La decisión del Gobierno me abre las puertas del Supremo porque supone además alterar la ley del indulto”. Zambrano confirma que “recurrirá al Supremo la conmutación de la inhabilitación de la patria potestad”.
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