El Consejo de Estado se muestra partidario de reformar la legislación sanitaria actual para concretar qué medidas pueden adoptar las comunidades para combatir la crisis sanitaria cuando se levante el estado de alarma. El principal órgano consultivo del Estado se pronuncia así por primera vez sobre un debate jurídico que lleva meses sobre la mesa y que se ha avivado en los últimos días después de que el Gobierno anunciara su intención de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
La opinión del órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega coincide con la que mantienen un amplio número de juristas, que consideran que el Ejecutivo debería reformar la ley orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para concretar qué iniciativas pueden poner en marcha los gobiernos regionales ante una pandemia como la del covid-19. Esta ley es el principal instrumento jurídico que tienen los gobiernos autonómicos para poder imponer medidas para contener la expansión del virus, ya que faculta a las autoridades sanitarias a actuar con medidas especiales ante crisis sanitarias. Pero la norma no concreta actuaciones específicas, sino que permite adoptar “las medidas que se consideren necesarias” para controlar enfermedades transmisibles, un cajón en el que a lo largo del último año han cabido desde cierres de comercios y hostelería a confinamientos perimetrales.
Para muchos expertos, esta falta de concreción obliga a los gobiernos autonómicos a actuar a ciegas a la hora de solicitar la autorización judicial necesaria para implantar medidas que restrinjan derechos fundamentales. Y, a la vez, supone un riesgo de que existan discrepancias de criterios entre los tribunales de distintas comunidades. Otros juristas, en cambio, prefieren la fórmula genérica actual y advierten de que concretar qué actuaciones pueden adoptarse acabaría generando conflictos si una comunidad impulsa una medida novedosa y proporcionada, pero que no estuviera incluida en la ley.
El Consejo de Estado se pronuncia a favor de la reforma legal en un informe dictado a petición del Gobierno sobre la ley gallega de salud en la que se incluye la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, una norma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional. El órgano consultivo se muestra partidario de este recurso, pero, en el transcurso de su informe, advierte de que la ley estatal de 1986 “contiene una regulación en extremo genérica” y “podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes”.
El órgano advierte que el contenido de la norma, aunque ha servido para amparar medidas adoptadas al margen del estado de alarma, “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción” para “proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”.
El PP se hizo este jueves eco del informe del Consejo de Estado para reivindicar que el texto aboga por lo que llevan reclamando meses los populares: “un plan b jurídico”. No obstante, el informe del Consejo de Estado solo sugiere la necesidad de darle “mayor detalle y concreción” a la ley, pero no especifica qué medidas podrían incluirse ni aboga por autorizar expresamente a las autoridades sanitarias a restringir los derechos fundamentales de circulación y reunión, como proponen los populares.
Cuando el PP presentó en noviembre pasado una iniciativa legislativa en el Congreso, el llamado plan B jurídico alternativo al decreto de alarma del Gobierno, tan solo consiguió sumar diez votos (de PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN) además de los suyos. Ciudadanos y Vox fueron especialmente críticos con la idea del Partido Popular. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, abogado del Estado, señaló que la iniciativa del PP era inviable: “El estado de alarma es el plan A, confinar no es posible si no es con el estado de alarma (…) utilizan una trampa, no se puede distinguir entre privación y restricción de derechos, no hay ningún camino intermedio”.
En el texto remitido al Gobierno el Consejo de estado se pronuncia también sobre otro asunto que ha enfrentado en los últimos meses al Gobierno y algunas comunidades, especialmente Madrid: si los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento. El órgano consultivo considera que sí, en contra de lo defendido por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “En la medida en que el acuerdo es expresión de la potestad de coordinación atribuida a la Administración General del Estado por el artículo 149.1.16.a de la Constitución, tiene su fundamento en la Constitución y, por ello, vincula a todos los poderes públicos estatales y autonómicos, tanto a nivel ejecutivo como normativo”, concluye el órgano consultivo.
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