Resorts a pie de playa, beach clubs y viviendas de lujo conviven con la vegetación y las aguas cristalinas en las costas del archipiélago mediterráneo. Frenar su proliferación ha tenido un coste millonario para las arcas públicas de las Islas Baleares: el Govern ya ha tenido que pagar 225 millones de euros en indemnizaciones a promotores y constructoras tras largos pleitos judiciales originados por una ley de 2008 que paralizó sus proyectos de construcción, según datos de la consejería de Presidencia. Una factura que superará los 300 millones si el Ejecutivo pierde el recurso que acaba de presentar contra la sentencia de enero que le condena a pagar otros 63,5 millones por el mismo motivo, más los intereses devengados desde 2009.
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La última vía de agua abierta en los presupuestos regionales por este motivo se produjo en beneficio de Birdie Son Vida SL, propiedad del magnate alemán Matthias Kühn. El promotor inmobiliario, actual propietario de la isla de Tagomago, cerca de Ibiza, pretendía construir 33 villas de lujo con vistas al mar en Muleta II, un terreno ubicado en el exclusivo Puerto de Sóller. Entonces, el gobierno de Francesc Antich (PSOE) aprobó la ley 4/2008, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Un cambio legislativo en la clasificación del terreno que frenó en seco sus planes.
El litigio se remonta a 2010, cuando la promotora interpuso la demanda contra el Gobierno balear por la aprobación de la ley de protección. La norma regulaba la reclasificación de 14 zonas urbanizables en Mallorca e Ibiza que pasaban a ser suelo rústico de protección especial, entre ellas las áreas naturales de la Sierra de Tramuntana. Ya no se podría construir. Fin al sueño del ladrillo. Inicio de los pleitos.
La vivienda de la isla de Tagomago
“En esta comunidad autónoma tenemos dos modelos territoriales: el que han implantado los gobiernos de izquierdas con el objetivo de proteger el territorio de las islas y el representado por los gobiernos populares, que han hecho urbanismo a la carta”, declaró la consejera de Presidencia, Mercedes Garrido, tras hacerse pública en enero la resolución que condena al Govern a pagar 63,5 millones al promotor, lo que unido a los intereses devengados desde 2009 elevará la factura de ese caso concreto por encima de los 90 millones. “Si somos una de las principales industrias turísticas y uno de los grandes motores económicos de España es por el paisaje que tenemos. Este el precio que tenemos a pagar por la protección del territorio”, manifestó.
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Las consecuencias judiciales de las ley de 2008 llevan años llamando la atención de la Sindicatura de Cuentas balear, que advierte cada ejercicio en sus informes de que el montante total de las indemnizaciones será multimillonario. “Son multitud de procedimientos judiciales de diferentes promotores en varios territorios”, reconoce un portavoz de la Consejería de Presidencia, que declina precisar el número de indemnizaciones pagadas, o la localización de los proyectos por los que se han pagado.
Plano de la urbanización de Muleta II en el Puerto de Sóller (Mallorca).BOE
Y son muchos. Los propietarios iniciaron una cascada de demandas judiciales contra el Govern por la aprobación de la ley de protección que les impedía construir en ellos. En 2017, se contabilizaron ocho procesos judiciales abiertos, según la documentación producida por la Sindicatura de Comptes. Cuatro de ellos, que sumaban 89,6 millones de euros en indemnizaciones, alcanzaron sentencia firme durante los años posteriores tras no admitirse a trámite los recursos interpuestos por la administración. En Mallorca, el Tribunal Superior condenó a pagar 5,6 millones de euros a los propietarios de las parcelas de Cala Carbó, en Pollença. En la otra punta de la isla, en Biniorella (Andratx), el importe fue mucho mayor: 39,8 millones.
En 2018, la resolución de los litigios judiciales llegaba también a Ibiza. El Gobierno balear pagó 17 millones de euros para indemnizar a los propietarios de la urbanización de Roca Llisa, en el pueblo de Santa Eulàlia des Riu. A este importe se le sumaban 87 millones a las empresas constructoras de Punta Pedrera, en el municipio de Sant Josep, por la anulación de licencias urbanísticas para construir 244 viviendas.
Para hacer frente a los gastos de esas condenas, la Administración solicitó hace cuatro años un préstamo de 147 millones de euros, de los que 36,5 millones estaban destinados a pagar intereses. El Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, aprobó en 2020 una reforma de la ley para evitar más reclamaciones judiciales e indemnizaciones. Los juicios por la modificación normativa de 2008, no obstante, han continuado su curso.
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