El Defensor del Pueblo ha remitido un escrito al Ministerio de Interior en el que le requiere el “cierre de inmediato” del campamento de inmigrantes instalado desde mediados de verano el muelle de Arguineguín, según han confirmado fuentes del organismo que lidera Francisco Fernández Marugán. El documento remitido a Interior hay dos puntos al final del dosier que detallan vulneraciones de derechos fundamentales y por los que el departamento exige esta clausura urgente de esas instalaciones, según ha informado la cadena SER.
Fernández Marugán advierte en el escrito de que “se está poniendo en riesgo la integridad física” de las personas hacinadas en el puerto, según recoge el artículo 15 de la Constitución. Los técnicos del Defensor, además, han constatado que se vulnera otro artículo de la Constitución, el 17, al comprobar en su inspección que había personas que han sobrepasado las 72 horas de privación libertad, sin ser puestos a disposición judicial y, por tanto, sin ninguna orden que lo justificara.
Esta petición se produce después de que un equipo del Defensor del Pueblo hiciera el pasado día 16 una visita por sorpresa de varias horas de duración al campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, junto a una ronda de inspecciones por la red de acogida de las islas durante esta semana para comprobar el trato que reciben los inmigrantes cuando llegan en cayucos o pateras a Canarias. A la vista de esta inspección, la institución ha remitido esta petición de cierre del muelle de Arguineguín porque se podrían estar vulnerando derechos fundamentales.
El remitido hoy es un recordatorio de deberes legales, a la espera del informe definitivo de los técnicos, según han explicado fuentes del organismo. Si Interior no diese debida respuesta al requerimiento del Defensor del Pueblo el paso siguiente podría ser acudir a la Fiscalía a poner conocimiento de estas vulneraciones.
El muelle se abrió el 20 de agosto con capacidad teórica de 400 personas en sus más de 3.800 metros cuadrados. Durante varias fases ha llegado a albergar más de 1.500 personas. Con la apertura del campamento de Barranco Seco (a las afueras de Las Palmas de Gran Canaria) la cifra ha llegado a rondar las 500 perdonas, si bien las últimas llegadas han vuelto a disparar la ocupación hasta las más de 1.000. Numerosas organizaciones, como Human Rights Watch, CEAR y Amnistía Internacional han reclamado de forma reiterada su cierre por la vulneración de derechos humanos contra los migrantes.
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