El demonio de todos

Texto: Jesús Peña/ Fotos: Omar Saucedo

 

Sobre la barda de una cancha en una sucia plaza de la colonia Guerrero, en Monclova, resalta un grafiti que dice “Payasos locos”. Enseguida está el dibujo de un arlequín tirando de un churro de mariguana. Es la placa de los BPL (Barrio Payasos Locos), la pandilla del rumbo, integrada por hombres de entre 27 y 37 años con la que Javier solía juntarse desde que tenía 11 años o tal vez menos.

En esa “familia”, su otra “familia”, a Javier lo habían instruido en el abuso temprano de drogas, enseñado a manejar la navaja y, según declaró en la Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada por la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA), a disparar un arma de fuego.

 

Entre 2013 y 2014, cuando Javier tenía entre 10 y 11 años, ya había acumulado una decena de ingresos a los separos de la cárcel municipal de Monclova, por inhalar resistol en vía pública, pelearse en la calle y por petición familiar.

Y había sido expulsado de la primaria, justo cuando cursaba el sexto grado, a causa de su constante indisciplina, faltas y consumo de drogas.

A Javier, quien vivía en una familia en la cual había una madre, una media hermana menor y un padrastro, en una cuadra sin asfaltar de la colonia Lucrecia Solano, no le interesaba el futbol, como a la mayoría de los críos de su edad. Tampoco las clases de guitarra, como a otros de sus iguales que asistían a la Casa Meced del DIF Monclova, la misma a la que Javier iba eventualmente para estudiar la primaria abierta, que, por cierto, en ese tiempo no terminó.

Le decían El Demonio. Sus vecinos del sector Guerrero, coinciden en que Javier, aquel niño delgadito, espigado, tez morena, cabello negro, corto y erizo, que le gustaba vestir pantalón y playera tumbados y reunirse en las esquinas con sus “camaradas” del barrio, tenía bien ganada esa fama.

Aun así, a la gente de la Guerrero, un sector localizado al oriente de Monclova, catalogado como conflictivo, dada la presencia de pandillas y drogas, les extrañó enterarse de una noticia que conmocionó a la ciudad.

La mañana del 21 de abril de 2016, Javier Oleguiver, de 13 años, asesinó de 31 puñaladas en el cuello a Diana Lizeth, de 11 años de edad. Una niña con la que, según declaró en su denuncia la madre de la menor (expediente 02124/UIADO/2016), Javier sostenía una relación de noviazgo.

Tras su detención por agentes de la Policía Preventiva Municipal de Monclova y de la Policía Investigadora del Estado, Javier Oleguiver dijo en su presentación ante las autoridades ministeriales que el día de su crimen había ingerido bebidas alcohólicas y consumido drogas.

La Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada meses después por la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, reveló que Javier, quien se inició en el consumo de Resistol 5000 desde los 11 años y continuó con cerveza, vino, tabaco, mariguana y, a últimas fechas, pastillas psicotrópicas, cocaína y cristal, acostumbraba combinar de tres a cuatro drogas en un solo consumo.

Según la opinión de la criminóloga Daniela Hernández Ruiz asistente de la organización Documenta A.C. en Saltillo, al momento de cometer su delito Javier pudo haber experimentado un brote psicótico (ruptura abrupta de la realidad de forma temporal), agravado por el consumo de sustancias,

Por su parte, Juan Jesús Arriaga Guevara, licenciado en criminología con más de 35 años de experiencia, piensa que Javier muestra los claros síntomas de una personalidad sociópata.

Esta se caracteriza, entre otros rasgos, por la ausencia de remordimiento, falta de respeto hacia las figuras de autoridad y las leyes, impulsividad, conducta errática, inestabilidad emocional, carencia de empatía hacia los demás, inclinación hacia la violencia, escasa tolerancia a la frustración e incapacidad de asumir la responsabilidad de sus actos.

“Es un joven que nació en un ambiente de pobreza, desintegración familiar. No tuvo una figura de autoridad que lo guiara, no lo querían en la escuela, su mismo apodo revelaba que lo veían como un demonio. No tenía alguien que le pusiera límites, que le dijera que su conducta estaba mal. Le faltaba afecto, el apego, el amor, el cariño, esos son sociópatas. La misma sociedad lo fue haciendo un sociópata”.

La criminóloga Hernández Ruiz advierte que el desorden de personalidad antisocial, como es conocida la sociopatía, no puede ser diagnosticada con certeza en la niñez cuando su personalidad apenas está en formación.

La Fracción lll del Artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila, dice, en términos llanos, que Javier por tener 13 años no puede ser privado de la libertad.

 

Por eso, el juez de la causa concedió al niño Javier Oleguiver, quien fue acusado de cometer feminicidio en contra de la menor Diana Lizeth, una medida cautelar de carácter personal, consistente en la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez o a la autoridad que designe.

Así se lee en el documento correspondiente a la causa penal número 151/ 2016 – A-6-JO. Es decir, que el juez lo dejó en libertad, porque así lo estipula la Ley.

En mayo de 2016, Javier ingresó voluntariamente al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) en Saltillo, la institución que se encargaría de su contención, evaluación y seguimiento.

Un psiquiatra, exempleado del Cesame, que conoció de cerca a Javier resume su historia así: Un niño que viene de una familia disfuncional de clase social baja, con problemas de aprendizaje o de conducta en la primaria, con déficit de atención, hiperactivo, impulsivo.

Una madre que tiene que salir a trabajar y cambiar de turno y que no puede resolver los problemas de conducta del niño, que nunca fue canalizado a ningún sistema de salud por su comportamiento.

Hay abuso de drogas a su corta edad, abandono escolar a edad temprana, vagancia, se dedica a jugar en la calle.

Épocas difíciles en las que se asocia con el crimen organizado que lo utiliza como halcón.

“Él cometió el homicidio, pero es la sociedad quien los está ejecutando de forma indirecta”, dice el especialista.

El juez había ordenado a Javier, como medida de sanción, además del tratamiento psicológico, permanecer en su domicilio y concluir su educación básica.

“Para nosotros es un caso que concluye, cuando menos, en lo legal. Desafortunadamente, hay una jovencita fallecida”, lamenta Rodrigo Chairez, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Centro de Coahuila.

 

Cuestionado sobre si la Fiscalía ha realizado algún tipo de seguimiento de Javier, Chairez respondió que esta dependencia se ha mantenido a la expectativa, dados sus antecedentes.

“Hemos estado al pendiente, pero ya por una función social al haber terminado nuestra función”.

Cuatro meses después de aquel asesinato y mientras Javier se hallaba internado en el Cesame, la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes realizó un Dictamen Técnico donde se analizaban los riesgos de que el menor siguiera en libertad su proceso penal.

En dicho dictamen, la UMECA sugería al juez que Javier: “Sea ingresado al Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento para Adolescentes Varonil de Saltillo”, donde se le brindaría atención psicológica en forma individual y grupal; rehabilitación a su problema de consumo de drogas; continuaría con el tratamiento psiquiátrico que tenía en el Cesame, esto bajo la vigilancia de personal médico y enfermería. Además se inscribiría en el Sistema Educativo Nacional para seguir con sus estudios de primaria y tendría la oportunidad de capacitarse laboralmente e integrarse a las actividades deportivas, culturales y recreativas del Centro. Pero esto no sucedió.

De acuerdo con la Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada por la UMECA a Javier en el Cesame, el niño continuaba con problemas de autocontrol.

“Pudo haber sido estabilizado en los diferentes diagnósticos, pero la poca red de apoyo, el poco acceso a un nivel de salud, a un tratamiento, a un seguimiento, no le ayudó. No hay una continuidad. La madre siempre estuvo al pendiente de él. Una madre preocupada, angustiada por su hijo sin saber qué hacer con él, queriendo estar cuidándolo, nunca lo abandonó”, dice un especialista en psiquiatría que laboró en este nosocomio en aquel tiempo.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la estancia de Javier en el Centro de Salud Mental pudo haber durado algo así como un año o un poco más, sin que se haya podido confirmar para este reportaje debido a la secrecía de los datos.

 

Javier buscó ayuda antes
Luego de ser expulsado de la escuela, justo cuando cursaba el sexto grado, Javier buscó ayuda en la Casa Meced, un centro educativo para niños, adolescentes y adultos, asignado al DIF Monclova, a fin de terminar su primaria en el sistema abierto.

Javier era un alumno que faltaba a clase con frecuencia y llegaba tarde.

Jamás mostró una conducta agresiva hacia sus maestros y compañeros, pero le gustaba rayar los bancos y paredes del salón.

“La verdad que sí nos sorprendió mucho cuando cometió este ilícito”, dice Virginia Elena Garza Díaz, directora de Casa Meced.

La estadía de Javier en este lugar duró no más de mes y medio.

“Después de lo que hizo le perdimos el camino, supimos que andaba mal”, cuenta Virginia Garza.

Alicia Hernández Zúñiga, la madre, había solicitado a Casa Meced asistencia psicológica para Javier, pero éste no acudió a la cita con la especialista.

“No tuvimos la oportunidad de trabajar con él”, dijo.

Por el contrario, la mamá de Javier era asidua participante en el grupo de Escuela para Padres que cada 15 días se reunía en Casa Meced, para escuchar pláticas sobre sexualidad responsable, atención y erradicación del trabajo infantil para niños de la calle, prevención de drogas y buen trato.

“Y la verdad es que la señora era muy participativa, sí siento que la mamá estaba al pendiente de él. Con mayor razón nos sorprendió mucho lo que pasó con Javier”.

Garza Díaz, relata que la mañana en que Javier cometió el feminicidio, su mamá se presentó a Casa Meced para pedir apoyo. Estaba desesperada.

“Llegó solicitando el apoyo psicológico para Javier, que porque estaba mal, que ella se había dado cuenta de que estaba presentando problemas de adicción y que él le decía a ella que escuchaba voces que le decían que hiciera cosas que él no quería”, comentó la directora de la institución.

Aquel día, el día de su crimen, Javier tampoco se había presentado a clases en Casa Meced.

Virginia dice que después de que Javier fue internado en el Cesame su mamá continuó asistiendo al grupo de la Escuela para Padres.

“El seguimiento se debe dar sobre todo porque hubo una víctima, el daño no se quita de un día para otro, el chico tiene problemas psicológicos que se tienen que atender”, urge Virginia, también psicóloga.

 

¿Rinserción social?
A su salida del Cesame, Javier Oleguiver, mejor conocido en su barrio como El Demonio, volvió a las calles.

Esta vez las redes sociales y la prensa dieron cuenta de peleas callejeras, intentos de asalto y lesiones con arma blanca.

Al respecto, los registros de la Policía Preventiva Municipal de Monclova revelan que desde 2017, un año después que Javier cometió el feminicidio de Diana, a la fecha, ha acumulado un total de 12 detenciones por inhalar Resistol 5000 en la vía pública, portar arma blanca, apedrear una patrulla, intentar lesionar a un oficial y robar el bolso a una señora.

El Artículo 71 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, prevé la creación de una Autoridad Administrativa especializada, dependiente de la Administración Pública Federal o estatal con autonomía técnica, operativa y de gestión, que según el inciso C contará con un Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad, como es el caso Javier Oleguiver.

 

De acuerdo con el Artículo 72, apartado III, de la misma Ley, el Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

“Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad administrativa encargue el cuidado de la persona adolescente, cumplan las obligaciones contraídas”.

En este caso, la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA) sería la encargada de vigilar que Javier cumpliera con las medidas de sanción dictadas por el juez de que tomara terapia psicológica, concluyera su instrucción escolar y se mantuviera en resguardo domiciliario.

–“Y así se hizo…”, apunta un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública que prefiere no dar su nombre.

–¿Por cuánto tiempo?

–Me parece que fueron tres años…

–Pero Javier sigue delinquiendo…

–Sí, la verdad es que es un niño con muy mal pronóstico.

El semanario confirmó, al menos, que en el sistema del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), existe un certificado de secundaria a nombre de Javier Oleguiver, expedido en 2018.

El tipo de seguimiento que realiza la UMECA es a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, antidoping y otras acciones, de acuerdo con la medida de sanción impuesta por el juez al menor infractor en libertad.

Lo que no necesariamente significa, dice Daniela Hernández Ruiz, de Documenta A.C., que el menor no delinquirá.

Explica que un seguimiento adecuado puede incidir en una reducción de los factores que influyen para que un joven reincida cometiendo conductas antisociales.

“(Javier) pudo haber sido incluido en un proceso de terapia, porque en determinado momento el joven dejó de asistir a terapia… Y entonces en ese momento se deja de poner el ojo en esta situación, se cree que ya está concluida, pero… Creo que el hecho de que no haya habido internamiento y que no se le haya dado un seguimiento adecuado fue como una mala gestión y claramente nadie está conforme ante esto ni la madre del joven ni la madre de la víctima”.

Édgar Enrique Herrera Pinales, esposo en segundas nupcias de Blanca Estrada, madre de Diana, asegura que las autoridades nunca realizaron un seguimiento de Javier.

“Las autoridades nada más dieron la sentencia y se fueron a su casa a dormir. Y siguió ese delincuente igual, haciendo las mismas tonteras, como si no hubiera pasado nada”.

María del Carmen Treviño Cavazos, jefa de psicología del Cesame, advierte que el seguimiento de un menor como Javier no es exclusivo de una sola instancia, sino de varias, lo primero es verificar las condiciones de la familia.

“Qué tanto la familia está apoyando o no, porque a veces uno puede hacer su parte, otra instancia puede hacer lo suyo, pero si no tenemos eco en la participación de la familia…”.

Por su parte, Verónica Barreda Alcocer, presidenta de Empresa Constructora de Paz (EMCOPAZ), un proyecto social que durante nueve años ha llevado actividades de reeducación y recreación a los adolescentes del Centro de Internación, habla de cómo la familia se convierte en origen y destino de los jóvenes que han incurrido en la comisión de delitos y, por ende, de la necesidad de brindar acompañamiento a esos jóvenes hasta lograr su idónea reinserción y reintegración a la sociedad.

“Empezamos a notar que había un hueco en lo que nosotros hacíamos allá adentro y lo que sucedía cuando ellos salían. Podíamos decir avanzamos y hubo un cambio, y lo veías desde su corporalidad, desde lo que expresaban, pero a veces sucede que afuera la familia se convierte en origen y destino. Es el origen de que los muchachos pueden estar ahí, pero saber que regresa ahí nuevamente y regresa a la misma esquina donde se juntaba, con el mismo padrastro con el que se golpeaba, con los mismos enemigos… No se trata de que salió y ya ‘pórtate bien’, y darle la palmadita. Tendrían que tener un acompañamiento, quizás hasta obligatorio, emocional psicológico, de adicciones”.

El Artículo 251 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su apartado lll, habla de la prevención terciaria del delito, las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva.

 

Reincidencia agravada
Datos del Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil y Femenil de Saltillo, indican que al menos el 5 por ciento de los menores que, habiendo cumplido su medida de sanción dejan el Centro, reinciden en la comisión de delitos, siendo los delitos por los que regresan mayores a los que cometieron antes de su primer ingreso al Centro.

“Si vino por algún delito menor, alguna lesión, entonces va en aumento. O sea vino por lesiones y luego a lo mejor ya llega por homicidio; o a lo mejor ingresó por robo y luego fue lesiones y luego homicidio”, dijo una fuente adscrita al Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil de Saltillo, que pidió el anonimato por razones de seguridad.

En torno a si el Centro realiza un seguimiento de los jóvenes que egresan, la fuente respondió que esta institución termina su función cuando el juez decide que ya concluye el proceso del adolescente.

“Ya no hay un seguimiento por parte de los departamentos, del equipo multidisciplinario del Centro, no, porque el equipo multidisciplinario se encarga del seguimiento en internamiento”.

Ana Yadira Flores García, coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, Región Sureste, argumenta que la ley busca ante todo la reincorporación y la reinserción del niño o adolescente a la sociedad y no una sanción ni un castigo.

“No voy a castigar al adolescente, sino a tratar de reinsertarlo o de reincorporarlo. Socialmente, hay que entender, primero, qué buscamos con este sistema de justicia. La justicia de adolescentes es bien bonita, pero mucha gente no la entiende, dice: ‘ay, es que a los adolescentes no se les hace nada’. Entendamos que a los adolescentes conflictuados con la ley los hemos perdido, descuidado, abandonado, no como papás sino como un todo”.

–¿Funcionó esta ley en la reinserción y reintegración en el caso de Javier?

–La sociedad, el gobierno,–reprocha Ana Yadira–, no han hecho su parte en el tema de la prevención.

En la estadística del Poder Judicial de Coahuila sobre los procesos legales en los que se ven involucrados adolescentes, destacan los casos de Monclova y Saltillo. En Monclova aumentaron de nueve en 2016; a 72 en 2020. Mientras que en Saltillo el incremento fue de 20, en 2016; a 68, en 2020.

 

Diana, la niña de once años que mató ‘El Demonio’
Blanca está reclinada en la cruz violeta de la tumba de tierra de su hija Diana y llora.

La cruz está vestida con la playera que lleva impresa la foto de Diana y que Voces de la Ausencia, un grupo de madres de víctimas de feminicidio, al cual pertenece Blanca, mandó hacer como recuerdo indeleble de esas mujeres.

Sobre el montuno sepulcro de su hija, Blanca ha clavado unos ramilletes de coloridas flores artificiales que dan a la tumba la apariencia de un jardín florido. Cada 21 de abril, Blanca repite este ritual en el que riega con sus lágrimas la sepultura de Diana y platica con ella, como cuando estaban juntas.

“Le platico que la extraño y que la siento todavía conmigo”.

Un día antes de su fallecimiento, Diana llegó hasta la cocina de la casa y sorprendió a Blanca con un abrazo largo y apretado, se abrazaron muy fuerte las dos.

Blanca tuvo un presentimiento.

“Le dije: ‘¿qué mija?’, ¿qué pasa?’, dice: ‘no mami, namás quise venir a abrazarte’.

La escena de aquel abrazo se quedó grabada en los sueños de Blanca.

“Así la he soñado: que estamos abrazadas, nos abrazamos, y yo la veo a ella muy tranquila, muy en paz”.

Años atrás Blanca y el padre de Diana se habían divorciado. Y Blanca había tenido que salir a trabajar para mantenerla a ella y a Paloma, la hermana mayor.

Entonces, Diana y Paloma solían quedarse a cargo de su abuela materna o de alguna vecina.

Cuando no había abuela ni vecina se quedaban solas, mientras la mamá regresaba del Oxxo donde hacía de dependienta.

“Sus maestros me decían que era una niña muy inteligente, nada más que le faltaba un poquito más de atención de mi parte. Yo trabajaba, entonces tenía, de una manera u otra, que descuidarla. No estaba al 100 por ciento con mis hijas. El papá nunca les dio nada, nunca las mantuvo, siempre ha sido una persona muy irresponsable, desobligada. Él prefería comprar una cerveza que darles de comer a las niñas”.

Hace una tarde bochornosa y picante en el cementerio del Sagrado Corazón de la comunidad de Estancias, una suerte de ranchería y colonia plantada a las afueras de Monclova.

Blanca encontró el cuerpo de Diana, tirado bocabajo en un lago de sangre, muy cerca de la puerta principal, dentro de su casa en la colonia Guerrero; los vecinos se apelotonaron en la entrada de la vivienda cuando el grito desgarrador de Blanca sacudió a todo el barrio.

Gente de toda Monclova, gente que Blanca ni conocía, había asistido al funeral y luego al sepelio que cerró con una salva de globos blancos al cielo para Diana, la niña alegre, cariñosa, que nunca faltaba a clases, que soñaba con ser maestra y le gustaba la carne asada.

A cinco años del femicidio de Diana Lizeth, de 11 años, la hija de Blanca, cometido por Javier Oleguiver, un niño de 13 años, apodado El Demonio, Blanca resume en dos palabras el balance de su dolor: “rabia y decepción”.

Otra tarde en la sala de su casa de la colonia José de las Fuentes, de espalda a un ventilador que sopla como boca de dragón, Blanca dice que está decepcionada de la justicia de los hombres y solo tiene esperanza en la justicia de Dios.

“No ha pasado nada, él sigue como si nada, sigue libre. El caso de mi hija quedó en total impunidad por la minoría de edad del muchacho. Yo nada más creo, y estoy segura, que existe una justicia de la que nadie se salva y es la justicia Divina”.

Los abogados le habían dicho desde un principio que no se podía hacer nada y que debía atenerse a la sentencia el juez, que no era cárcel.

Blanca no puede entender cómo es que la ley permitió que las autoridades dejaran libre a Javier, por ser un niño de 13 años, con todo y que había asesinado a su hija.

“No estudiaba, no trabajaba. Yo me preguntó, ¿entonces cómo conseguía la droga, el alcohol?, ¿por qué para eso sí era un adulto?, ¿por qué si hizo cosas de adultos no pagó como adulto? No mató a un animalito, no hizo algo chiquito, asesinó, mató a una criatura, a una inocente de 11 años. Siempre va a ser esa mi inconformidad y mi coraje… Es una mente enferma que asesinó a una persona y además de la manera en que lo hizo no es una persona normal, está muy mal de la cabeza”.

En la primera audiencia, el juez dijo a Javier que si quería retirarse de la sala lo podía hacer, Blanca sintió que le ardía la cara.

“Tener que verlo… a este muchachito, tenerlo a un lado mío prácticamente… con la impotencia de no poder gritarle, no poder hacerle nada, no poder reclamarle, porque mató a mi hija. Él nunca mostró arrepentimiento, nunca se dirigió hacia mí ni nada”.

Durante el proceso, a Blanca le habían asignado como 10 abogados, uno distinto cada vez.

“La verdad me hizo falta mucho, mucho asesoramiento jurídico, porque yo no sabía que iba a decir en una audiencia, qué se hacía en una audiencia, o cómo iba a responder, no… Me sentaron y ‘no pos usté nomás diga que usté es Blanca Delia, la mamá de Dianita, y que es víctima indirecta’, fue todo lo que me dijeron”.

Al final de una de aquellas largas audiencias, Alicia, la madre de Javier, se había acercado llorando con Blanca para hablarle, pero ella la rechazó.

“Yo estaba a punto de salir, ella se me acercó y me dijo llorando: ‘¿puedo hablar con usted?’, nomás moví la cabeza, que no y empecé a llorar y me retiré de allí. El único que se quedó hablando con ella fue mi pareja y dice él que le dijo que ella no creía que su niño la hubiera matado”.

Luego del asesinato de Diana, Blanca fue enviada al Centro de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos de la Fiscalía General de Justicia, en la Región Centro, pero la terapia no le sirvió de nada.

“¿Se imagina?, nomás me sentaban y luego me decía la psicóloga: ‘¿y usted cómo se siente?’, ¿y cómo se siente?’, era su única pregunta y yo: ‘no, pos cómo me voy a sentir’. Me prestó un libro de cómo llevar el duelo, y ya, fue todo, no tuve más terapia que eso”.

Y a pesar de que han pasado cinco años del feminicidio de Diana, Blanca dice que no ha logrado superar su duelo.

Hasta poco tomaba calmantes contra una depresión que le tenía esclavizada en cama.

“Dije: ‘tengo que salir adelante, trabajar’”.

Recién, Blanca terminó el bachillerato en un programa de preparatoria para mujeres en Casa Meced, y dice que su sueño, a sus 45 años, es graduarse como abogada para ayudar a otras féminas víctimas de injusticia.

“Hace falta una ley donde verdaderamente castiguen al asesino y que no lo dejen salir de prisión”.

Investigación del Semanario Vanguardia/ 
 Border Center for Journalists and Bloggers