La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha multiplicado las expectativas en Venezuela sobre el comienzo de un nuevo enfoque diplomático entre Washington y Caracas y la posibilidad de una relajación de las sanciones que la Administración de Donald Trump impuso al chavismo. Una de esas restricciones consiste en la “prohibición” del intercambio de crudo venezolano por combustible diésel del extranjero, necesario para transportar alimentos y otras actividades esenciales para la vida de los ciudadanos. Pero un análisis atento de las medidas muestra que no se trataba formalmente de una prohibición, sino de una decisión discrecional del expresidente y que lo mejor para Venezuela es que EE UU, simplemente, no haga nada al respecto.
En enero de 2019, Trump endureció las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que llamó “corrupto”, y alegó que las medidas eran necesarias para que “ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano”. Esa decisión bloqueó todas las propiedades e intereses de PDVSA, la empresa petrolera del Estado, que son sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Si una empresa desea hacer negocios con PDVSA lo puede hacer, pero las ganancias de la compra de petróleo venezolano son retenidas en una cuenta bancaria en EE UU que pertenece a Citgo, filial de la petrolera en ese país. Esta cuenta está bloqueada por la Administración estadounidense, por tanto, el Gobierno de Maduro dejó de tener acceso a los fondos.
Fue así como empezó el trueque. Si bien no podía vender su petróleo a cambio de efectivo, Venezuela podía intercambiar su crudo por diésel. En muchos casos, lo hizo para saldar deudas con empresas refinadoras, por lo que EE UU no interfirió. Para agosto del año pasado, el 80% de las entregas programadas de crudo venezolano al exterior eran a través de intercambios de diésel, de acuerdo con información de Bloomberg. Fue entonces que el Gobierno de Trump perdió la paciencia y dio un plazo a las refinadoras: tenían hasta octubre para hacer los intercambios. El trueque debía terminar.
Esta petición, sin embargo, no está formalmente incluida en las sanciones, por lo que una expectativa de que el Gobierno de Biden permita el trueque de nuevo no es, técnicamente, factible. La decisión anterior de Washington fue discrecional y si el Departamento del Estado bajo la nueva Administración quisiera los intercambios pudieran continuar bastaría que las nuevas autoridades estadounidenses, que con Biden tomaron posesión el 20 de enero, no interfieran.
“Nicolás Maduro es un dictador”, dijo en conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado Ned Price el 3 de febrero. “El objetivo primordial de la Administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, puntualizó. Al ser cuestionado sobre si se buscará contacto con el Gobierno venezolano, Price solo dijo que no sería pronto.
El tema de los intercambios es uno de los muchos asuntos asociados a las sanciones estadounidenses, dice Patricia Ventura, directora en IPD Latin America, empresa consultora en energía. “Nosotros no esperábamos que la política de sanciones se ajustara inmediatamente, porque hay otras prioridades muy claras para la Administración Biden, pero la flexibilización de las sanciones por razones humanitarias será atendida más temprano que tarde. Esto abriría la puerta para reanudar los swaps de diésel”, dice la especialista.
La ansiedad y las expectativas en torno a los trueques se debe a la importancia de este combustible para Venezuela. En un foro en línea coordinado por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA) el 12 de febrero, la representante de la Cámara de Transporte del Centro del País en Venezuela, Marien Vielma, dijo que el 95% de los insumos en el país son trasladados por vía terrestre, por lo que utilizan diésel. “Yo diría que el 100% de los bienes, mercancías, alimentos, medicinas, todos los bienes y servicios de primera necesidad son despachados, son distribuidos a las zonas vulnerables y a todo el país vía terrestre”, dijo Vielma.
Si en dos o tres meses no se encuentra una solución al desabastecimiento de diésel que actualmente sufre el país, el transporte se paralizará, apuntó Vielma. “Llega el momento en donde tenemos que buscar soluciones porque tenemos una escasez que no está discriminando sectores que están abarcando toda la economía del país”, manifestó. “Este año vemos que las consecuencias van a ser muy fuertes si en el trimestre que viene no resolvemos, si el Gobierno nacional no encuentra una salida, es decir, la entrada de diésel acá”.
A eso se añade la falta de datos, ya que PDVSA no ha publicado información de sus inventarios de diésel. Las estimaciones de cuánto diésel le queda al país para operar varía. Se sabe que Venezuela importó ese combustible hasta noviembre del año pasado y que las autoridades están intentando aumentar la capacidad instalada de refinación, la cual se encuentra actualmente al 13%, dice Ventura.
Venezuela tenía la capacidad para refinar todos los combustibles que necesitaba, explica el economista Francisco Rodríguez, pero en los últimos años se han mezclado la falta de inversión, de personal calificado, la corrupción y las sanciones impuestas por EE UU para tumbar la producción de sus refinerías. “Hay bastante evidencia de que las sanciones han afectado al funcionamiento de la industria petrolera y la capacidad de refinación”.
“Venezuela era un país que estaba bastante integrado y su sector petrolero estaba bastante integrado con la economía norteamericana. Entonces los insumos que Venezuela recibe para sus refinerías eran principalmente importados de Estados Unidos y a raíz de las sanciones petroleras esos vínculos se quebraron. Y cuando tú estás sancionado por Estados Unidos tampoco es tan fácil conseguir que te vendan estas cosas en otro lado”, dice Rodríguez.
No se trata de que el Gobierno de Biden ahora “se haga de la vista gorda”, opina Rodríguez, porque eso podría sugerir que hay alguna irregularidad o violación a la ley que han decidido ignorar. Si bien Maduro está evadiendo una prohibición impuesta por EE UU, lo que está haciendo no es estrictamente ilegal. “Lo que pasa es que EE UU tiene la capacidad de castigar a las empresas que hacen negocios con él, con sus propios instrumentos, que son discrecionales, son instrumentos de política”.
Rodríguez, a través de su fundación Petróleo por Venezuela, aboga para que se cree un mecanismo en que las empresas puedan intercambiar petróleo venezolano por alimentos o medicinas sin ser sancionados por EE UU, lo cual requeriría que la distribución de los recursos sea supervisada por la comunidad internacional. “Este no debería ser un tema solo con respecto al diésel, debería ser un tema que se discutiese más ampliamente con todo lo que afecta la crisis humanitaria venezolana”, dice el economista.
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