Las vacunas contra la covid-19 representan la única esperanza de frenar de manera duradera el flagelo que ha sumido al mundo en la mayor crisis global desde la II Guerra Mundial. En este contexto, la administración de las dosis a la población es una misión cuya importancia no necesita de explicación alguna. La transparencia, eficacia y respeto de los criterios de prioridad son el pilar de toda la operación. Por ello, saltarse el orden de prioridades establecido es una falta muy grave, merecedora de la mayor reprobación moral, así como de rotundas consecuencias cuando quienes quiebran el protocolo resultan ser cargos públicos.
La decisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, de vacunarse él mismo y otros generales de la cúpula militar sin que ningún plan previo y transparente los designara como objetivos prioritarios de vacunación es, pues, un grave error. El uso de una posición de poder para vacunarse al margen de los protocolos no solo es éticamente reprobable, sino que genera un grave daño, pues mina la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las autoridades de completar un procedimiento justo y sin ventajismos. El cese, a petición propia, del general Villarroya está por tanto justificado, como lo están también todas las dimisiones de los consejeros, alcaldes y otros cargos que han incurrido en el mismo abuso. Ojalá sirvan de aviso para navegantes.
Dicho esto, el argumento del general Villarroya, en el sentido de que autorizó la vacunación para “preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas” no debe ser desoído. En un momento tan delicado como este hay un innegable interés público en preservar la salud de determinados cargos con responsabilidades clave en la lucha contra la pandemia o en el funcionamiento de servicios esenciales. En los últimos meses muchos jefes de Estado y de Gobierno de diferentes países se han contagiado, lo que en algunos casos ha mermado de forma significativa o total su capacidad operativa. Ahora mismo, el Gobierno portugués tiene hasta cinco ministros limitados en sus funciones por haber resultado infectados. Es realmente difícil argumentar que no está en el interés de la ciudadanía que unas cuantas decenas de dosis se destinen a los líderes estratégicos de un Estado.
Obviamente, esto no debería quedar al arbitrio de los propios cargos. Para que esas vacunaciones no sean consideradas por el resto de la ciudadanía como un privilegio indebido ni dar lugar a situaciones de abuso, los cargos a vacunar deberían haberse fijado de antemano. Y no cabe duda de que no es fácil trazar el perímetro. Pero el Gobierno habría hecho bien en estudiarlo antes de empezar. Resulta más que sensato que el jefe del Estado, el presidente del Ejecutivo, los ministros de su Gabinete y los responsables estratégicos de la lucha contra la pandemia reciban una vacunación prioritaria. Es tarde, pero quizás no demasiado. Abrir ese debate resulta ciertamente oportuno.
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