A lo largo de los 42 años transcurridos desde el referéndum que ratificó la Constitución Española, nuestra Ley Fundamental ha funcionado como el marco de juego político, el elemento vertebrador de la democracia, y como un eficaz instrumento para ofrecer la mejor protección a los ciudadanos, garantizar sus libertades y regular el reparto de poder dentro del sistema democrático. Reivindicar hoy el espíritu de la Constitución equivale a valorar y rememorar ese espacio de encuentro y disposición al diálogo que la hizo posible a pesar de las disensiones y la diversidad de puntos de vista. La luz de ese espíritu brilla extraordinariamente en un momento como el actual, en el que la práctica política parece reducirse a la demonización del adversario y los actores construyen su identidad sobre la base de oponentes entendidos como enemigos.
Es una realidad indiscutible que, después de cuatro décadas, la polarización política y la confrontación partidista han provocado un notable retroceso en la capacidad para generar consensos. Por ello se hace necesario recordar el clima previo al año 1978 en el que ese horizonte constitucional no solo aspiraba a crear un marco de convivencia, sino a fijar el perímetro en el que construir un espacio común delimitado por la geometría institucional de un Estado de derecho. En el conflictivo clima actual, la Constitución es cada vez más necesaria. También lo es su reforma, pero precisamente la división política desaconseja buscar su imprescindible mejora con carácter inmediato. Sin embargo, no hay que sucumbir a las voluntades inmovilistas. La experiencia democrática de los últimos años ha mostrado los peligros de petrificarla.
La Constitución no está grabada en mármol; prever su modificación significa reivindicarla como instrumento vivo, como algo que puede y debe desarrollarse, entre otras cosas para que todos —especialmente las nuevas generaciones— se sientan concernidos y la hagan suya. Aunque una reforma global no sea ahora practicable, sí pueden auspiciarse algunas concretas y parciales, por la vía de la modificación simple, de carácter parlamentario (que ya se ha utilizado en el pasado), sobre asuntos específicos, que preparen el camino para una posterior reforma integral. Esas mejoras pueden atender los cambios sociales y políticos producidos durante los últimos años. Las nuevas realidades afectan al área de los derechos fundamentales, que habrían de ampliarse, especialmente el relativo al medio ambiente; pero también el de la vivienda, que aun no pudiéndose materializar en un derecho absoluto, sí podría informar al legislador para dotarlo de mayores garantías.
También merecen una puesta al día aquellas partes afectadas por la integración europea y la globalización, pues nos conectan con nuevos horizontes digitales y tecnológicos a los que debemos atender. Del mismo modo, la pandemia ha vuelto a poner a prueba el Título VIII, sobre la organización territorial, evidenciando claras insuficiencias en la colaboración entre niveles de gobierno y en la imprescindible solidaridad interterritorial. Su redacción responde a un proyecto, el Estado de las Autonomías, que hoy está desarrollado y asentado, pero que requiere de una actualización. Un ejemplo es la reforma del Senado para convertirlo en verdadera cámara territorial. Y es necesario también un refuerzo institucional que precisa todo el área del poder judicial, especialmente en aquellos aspectos que contribuyan a cimentar su independencia.
El elenco de temas que implican esas reformas sectoriales podría pavimentar el camino hacia propuestas de mayor calado. Para ello, y también para la mejora de la gestión política ordinaria, es imprescindible regresar a la disposición al pacto y a la construcción que hizo posible la extraordinaria hazaña política que representa la Constitución española de 1978. Hoy, 42 años después, su espíritu, más incluso que su letra, es la estrella polar que marca el camino hacia otra etapa de admirable progreso como la que ha disfrutado España desde su aprobación.
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