Los padres biológicos en Utah estarán obligados legalmente a pagar la mitad de los costos del embarazo de una mujer según una nueva ley exclusiva del estado que, según los críticos, no hace lo suficiente para abordar adecuadamente las necesidades de atención médica materna.
El patrocinador del proyecto de ley ha presentado la medida como un esfuerzo para disminuir la carga del embarazo sobre las mujeres y aumentar la responsabilidad de los hombres que tienen hijos.
Pero algunos críticos argumentan que la nueva legislación no ayudará a las mujeres más vulnerables y podría hacer que las situaciones de abuso sean aún más peligrosas para las mujeres embarazadas.
Utah parece ser el primer estado en ordenar la manutención prenatal de los hijos, según la asociación de Planned Parenthood del estado y el patrocinador del proyecto de ley. Pero algunos estados, incluidos Wisconsin y Nueva York, tienen disposiciones que pueden hacer que los padres sean financieramente responsables de los gastos prenatales.
El gobernador Spencer Cox, firmó recientemente la propuesta, que recibió un amplio apoyo en la Legislatura controlada por el Partido Republicano.
El representante republicano Brady Brammer dijo que decidió patrocinar la medida porque se había sentido frustrado con la cantidad de medidas antiaborto que pasaban por la Legislatura y quería promover una legislación que hiciera más fácil traer vida al mundo.
Los médicos afirman que la vacunación es probablemente la mejor manera de prevenir el COVID-19 durante el embarazo, especialmente cuando el riesgo de enfermarse gravemente o de morar por le virus es más alto de lo habitual para una de estas mujeres.
“Queremos ayudar a la gente y ser realmente pro-vida en cómo lo hacemos en lugar de ir en contra del aborto”, dijo Brammer. “Una de las formas de ayudar con eso fue ayudar a reducir la carga del embarazo”.
La ley se aplicaría a las primas del seguro médico de una mujer embarazada y a cualquier costo médico relacionado con el embarazo, dijo Brammer.
Si se disputa la paternidad del niño, los padres no estarán obligados a pagar hasta después de que se establezca la paternidad. El padre tampoco sería económicamente responsable del costo de un aborto hecho sin su consentimiento, a menos que sea necesario para evitar la muerte de la madre o si el embarazo fue el resultado de una violación.
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En Utah, las madres ya tienen la opción de buscar apoyo relacionado con los gastos de parto a través de los tribunales, pero pocas lo hacen, dijo Liesa Stockdale, directora de la Oficina de Servicios de Recuperación del estado, que generalmente cobra la manutención de los hijos. Ella dijo que las madres ahora tendrán la opción de solicitar pagos relacionados con el embarazo a través del sistema legal, pero no está claro con qué frecuencia lo harán.
“No sé con qué frecuencia se utilizará”, dijo Stockdale. “Aún está por verse la frecuencia con la que los padres optarán por cubrir estos costos. Pero ciertamente, si lo hacen, estamos aquí para cobrar”.
El proyecto de ley no tiene la intención de reducir la frecuencia de los abortos, pero Brammer dijo que podría ser un resultado potencial.
Las mujeres embarazadas y durante el puerperio son uno de los grupos con más riesgo de tener complicaciones en caso de contraer COVID-19.
Los activistas contra el aborto han elogiado el proyecto de ley, diciendo que protegerá las vidas de los niños por nacer al apoyar a las mujeres durante su embarazo. Merrilee Boyack, presidenta de la coalición de “Utah sin aborto”, dijo que espera que este proyecto de ley disminuya los abortos en el estado al disminuir las presiones económicas sobre las nuevas mamás.
“Todo lo que podamos hacer para apoyar a las mujeres en estas circunstancias las ayudará a dar a luz a sus bebés, a sentirse bien con esa elección y a sentirse apoyadas en el camino”, dijo Boyack.
La nueva legislación se suma a una larga lista de restricciones que Utah ha impuesto al aborto. El año pasado, el estado aprobó una medida que haría que los abortos fueran ilegales si la Corte Suprema de Estados Unidos anula el fallo de décadas que lo legalizó en todo el país.
La interrupción legal del embarazo de una niña de 10 años, fruto de supuestos abusos en el seno de su familia, ha reavivado la polémica sobre el aborto en Brasil, un país con una restrictiva legislación para esa práctica y que enfrenta a grupos conservadores y de defensa de los derechos de las mujeres.
La medida de Utah convertiría en delito la realización del procedimiento, excepto en casos de violación, incesto y amenaza grave a la vida de una madre.
Otros estados gobernados por republicanos han estado considerando una serie de estrictas restricciones contra el aborto este año. Las prohibiciones radicales del aborto ya se han convertido en ley en Carolina del Sur y Arkansas.
Legisladores demócratas y activistas por los derechos de las mujeres han cuestionado si la nueva legislación sobre padres que ayudan a cubrir los costos realmente satisfará las necesidades de las mujeres.
La portavoz de Planned Parenthood, Katrina Barker, dijo que se debe brindar a las mujeres más apoyo financiero, pero dijo que hay mejores formas de ayudar a las mujeres, como expandir Medicaid, acceder a anticonceptivos y proporcionar una licencia parental remunerada.
Barker también dijo que no cree que esta legislación lleve a que menos mujeres se sometan a abortos porque los costos del embarazo suelen ser pequeños en comparación con los costos de criar a un hijo.
“En el gran esquema de las cosas, tener un hijo y criarlo hasta la edad adulta va a ser mucho más dinero”, dijo Barker.
El costo promedio de criar a un hijo es de $233,610, excluyendo el costo de la universidad, para una familia de ingresos medios, según un informe de 2015 del Departamento de Agricultura de EEUU el costo de un aborto puede variar desde ser gratuito hasta $1,000 dependiendo de la ubicación y si la madre tiene seguro médico, según Planned Parenthood.
El abuso doméstico tiende a aumentar durante el embarazo y buscar estos costos podría aumentar aún más los factores estresantes sobre el apoyo financiero de un bebé, dijo Gabriella Archuleta, analista de políticas públicas de YWCA Utah, que brinda servicios a sobrevivientes de violencia doméstica.
Aproximadamente 324,000 mujeres embarazadas son abusadas cada año en Estados Unidos, según datos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.
Archuleta también señaló que esta medida no aborda de manera equitativa el alto costo del sistema legal y probablemente solo servirá a mujeres que son más ricas o tienen parejas adineradas.
“A primera vista, parece una buena idea”, dijo Archuleta. “Pero lo que estamos aquí para hacer es ver algunos de los matices y cómo afecta a las mujeres, y no creo que esos matices se hayan explorado realmente en la medida en que deberían haberlo hecho”.