La llegada de fondos europeos ha animado el gasto público hasta niveles insospechados antes de la crisis del coronavirus. Por segundo año consecutivo, el Estado batirá su récord histórico de inversión. Los Presupuestos de 2022 contemplan una partida consolidada que suma 43.419 millones de euros, entre inversiones reales y transferencias de capital, un crecimiento del 10,5% con respecto a las cifras de 2021. Las inversiones reales progresan un 10% hasta 11.178 millones, y a la vez las transferencias de capital, que es el dinero que la Administración central transfiere a otros organismos autónomos y entidades territoriales para que acometan inversiones, suben un 10,7% y alcanzarán los 32.241 millones, una marca insólita. El año pasado ya superó los 29.000 millones cuando hasta entonces el tope eran poco más de 15.000 millones de 2010.
Los más de 43.000 millones de inversiones para 2022 suponen que el Estado prevé gastar en 12 meses más que en la suma de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, los tres años más mermados por la Gran Recesión. Y en dos años, el pasado y este, España sumará casi 83.000 millones en inversiones, más que en los cinco ejercicios anteriores juntos. El combustible que alimenta ese nivel de gasto sin precedentes llega sin duda desde Bruselas. 22.441 millones de los fondos destinados a inversión pública provendrán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canaliza las ayudas y préstamos procedentes de la Unión Europea.
Eso significa que más de un 80% del dinero que España espera recibir el año próximo de Europa (27.633 millones en total) se destinará a financiar inversiones. Sin esos recursos, este capítulo del gasto quedaría recortado prácticamente a la mitad, ya que de fondos propios destinará cerca de 21.000 millones.
Por ministerios, serán tres (Defensa, Transportes y Transición Ecológica) los que canalizarán la mayor parte del presupuesto destinado a inversiones. Casi 7 de cada 10 euros (un 67,2%) irán a uno de esos tres departamentos. A Defensa le corresponderán 3.875 millones; a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le tocan 2.490 millones, y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 1.146 millones.
Por políticas a las que va destinado ese dinero, la de defensa aparece de nuevo como la más destacada (3.725 millones), ligeramente por delante de la de infraestructuras y ecosistemas resilientes (3.512 millones). La tercera mayor dotación irá a investigación, desarrollo, innovación y digitalización, con 1.247 millones.
Casi 11.000 millones para infraestructuras
En cuanto a la finalidad de las inversiones, 10.996 millones irán a parar a infraestructuras. Un año más el ferrocarril es el mayor beneficiado, con prácticamente la mitad de esa inversión: 5.442 millones. Pese a ello, Adif-Alta Velocidad, el administrador público de las líneas de AVE, recibirá ligeramente menos que este año con 2.591 millones (por 2.877 millones en 2021). Las líneas convencionales tendrán esta vez más recursos, ya que se prevén 2.833 millones (1.000 millones más que en el Presupuesto actual) para mejorar esas vías y las de Cercanías.
Tras esa partida, la de carreteras es la segunda mejor dotada. Alcanza 2.304 millones, 128 millones más que en las cuentas de 2021. El total prácticamente se divide por la mitad entre los 1.051 millones que se destinarán a nuevas infraestructuras viarias y los 1.152 millones que se necesitarán para la conservación de las carreteras actuales. La Seitta, la sociedad pública que gestiona las autopistas radiales de Madrid y otras vías de peaje que el Estado tuvo que rescatar, recibirá 101 millones.
Las infraestructuras hidráulicas recibirán 996 millones, de los que 785 millones se canalizarán a través del Ministerio de Transición Ecológica. Las siguientes partidas en importancia son las que recibirán los puertos (927 millones) y los aeropuertos (830 millones) tanto para el mantenimiento como para la mejora y ampliación de actuales instalaciones. Los Presupuestos también prevén destinar 234 millones a infraestructuras costeras y medioambientales, mientras que 218 millones se asignan al mecanismo de recuperación y resiliencia, lo que servirá para financiar otras infraestructuras diferentes de las anteriores a través de los fondos llegados de Europa.
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