Hace dos años que Arantxa Sánchez Vicario espera saber si está o no divorciada de Josep Santacana, con quien se casó en 2008 y se separó tras diez años de matrimonio y dos hijos en común. Y parece que la espera llega a su fin. Según ha podido saber EL PAÍS, el próximo 17 de marzo la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictará sentencia. “Se ha comunicado a los abogados que se señala el día 17 de marzo como fecha para deliberación, votación y fallo por parte de los tres magistrados, lo que no significa que conozcamos el resultado ese día, sino que pueden tardar unos días en comunicárnoslo” informa Ramón Tamborero, el letrado de la extenista.
Todo se remonta a marzo de 2019, cuando un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde Santacana presentó la demanda de divorcio, hizo efectiva la disolución del matrimonio. Sin embargo, Sánchez Vicario recurrió la sentencia debido a su incesante lucha para que el divorcio se resolviera en Miami (EE UU), donde inicialmente se comenzó a tramitar y donde residen ambos y sus dos hijos.
La extenista ha intentado por todos los medios que Santacana no se desentienda de los problemas económicos que tiene la expareja. Al disolverse el matrimonio en España entra en vigor el acuerdo de separación de bienes que ambos firmaron antes de casarse y que está sujeto al régimen vigente en Cataluña. Sin embargo, este pacto no es válido en Estados Unidos, de ahí el interés del empresario de que el caso se resuelva en España.
Si los jueces finalmente dan la razón a Arantxa Sánchez Vicario y anulan la sentencia de divorcio anterior, la expareja tendrá que dirimir sus problemas en Miami. “Cobraría una gran trascendencia porque se consideraría que el tribunal español no tenía competencia para la disolución del matrimonio”, recalca Tamborero, quien espera que el fallo se incline a favor de la ganadora de tres Roland Garros. Algunos expertos consultados consideran, sin embargo, muy remota esta posibilidad.
Según explica el letrado de la extenista a EL PAÍS, el caso tenía previsto resolverse en verano, pero el proceso se ha visto paralizado debido a que el juzgado catalán había recibido unos documentos procedentes de Estados Unidos que “se han tenido que traducir y valorar”. Sin entrar a definir tales documentos, parece que se trata del affidavit o declaración jurada sobre los bienes, finanzas, gastos e ingresos de cada uno que ambos presentaron en los juzgados de Miami con el fin de que el tribunal pueda tomar decisiones financieras al respecto.
El todavía matrimonio se encuentra enfrentado por los asuntos correspondientes a la manutención y la educación de los dos hijos que tienen en común y por el que consiguieron una especie de custodia compartida antes de que se presentara la demanda de divorcio. Un tema que el abogado de la extenista en España desconoce dado que es un proceso que se está llevando a cabo en los tribunales de Florida pero del que dice “está paralizado”.
Otra guerra económica abierta de la expareja es la que mantienen con el Banco de Luxemburgo (BDL), quien solicitó el pasado noviembre una pena de cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes a la extenista y a su exmarido y una indemnización de 6.170.942 euros a los que habría que sumar intereses y costas procesales. La deuda con el banco luxemburgués se remonta casi dos décadas atrás, cuando comenzaron los problemas de Arantxa Sánchez Vicario con Hacienda. El BDL fue de donde consiguió fondos para pagar la condena por fraude fiscal que le impuso la Agencia Tributaria tras demostrar que su supuesta residencia en Andorra –para pagar menos impuestos– no era real. La actualizada acusación del banco se ha presentado con una nueva ampliación que se refiere a las sociedades opacas que Sánchez Vicario abrió en Florida y Delaware, Estados Unidos, cuando se trasladó a vivir a Miami junto a su segundo marido, Santacana.
Una situación judicial paralela al divorcio pero que volverá a juntar pronto al todavía matrimonio, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados cuando se señale la fecha de la vista. Pero si finalmente el divorcio se resuelve en España, la situación del empresario será muy diferente.
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