La Fiscalía Anticorrupión señala sin paliativos a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, a la hora de pedir su imputación en la Operación Kitchen, supuesta trama urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. A lo largo de un escrito de 52 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público apunta que la antigua dirigente del partido conservador “tendría interés personal en que esta operación [ilegal] tuviera éxito desde una doble perspectiva”. “Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.Este escrito se conoce después de que el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, haya levantado este lunes el secreto de sumario de esta parte de las pesquisas. La Fiscalía pidió el viernes la imputación de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; de Cospedal y del marido de esta última, el empresario Ignacio López del Hierro.Según detalla el documento del ministerio público, basándose en los audios intervenidos durante las pesquisas, los indicios apuntan a que el esposo de la exministra de Defensa puso en contacto al comisario Andrés Gómez Gordo, que fue su asesor durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, con el comisario José Manuel Villarejo para que “manipulase” al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, con el objetivo de que este obtuviera el material comprometedor que estaba en manos del que había sido tesorero popular.Estas sospechas se complementan con una grabación de 2009 donde Cospedal y su marido conversan con Villarejo, que habría “aceptado la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos del PP”. “Encargos que podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectaran a miembros del PP. Entre ellos, el denominado caso Gürtel”, añade Anticorrupción, que detalla que el comisario Villarejo, principal sospechoso en este macrosumario, advirtió posteriormente en dos ocasiones a López del Hierro de investigaciones secretas contra los populares.“Otros informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional reflejan que Villarejo podría haber actuado por cuenta directa del PP, colaborando con dicho partido a instancia de altos responsables del mismo, con relación a investigaciones policiales e incluso judiciales”, ahonda el escrito de la Fiscalía. En esa misma línea, el ministerio público también incide en que se han encontrado en los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez, secretario de Seguridad con el exministro Jorge Fernández Díaz, “constantes alusiones al conocimiento y participación de Cospedal” en los hechos bajo investigación.Fernández Díaz es, precisamente, el otro gran señalado por Anticorrupción: “Los indicios de su participación en la Operación Kitchen son muy numerosos y concluyentes”. “Además de ser la persona que ejerció la responsabilidad de ministro durante todo el periodo de ejecución de dicho operativo ilícito, financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento, mantuvo con Martínez comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo, [donde Bárcenas guardaría la documentación sensible], en el momento de la obtención de la documentación comprometedora que se buscaba”, dice la Fiscalía.El cerco sobre los ex altos cargos del Ejecutivo ha tardado casi dos años en estrecharse. Las pesquisas arrancaron en 2018 tras hallar en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y epicentro de la trama, grabaciones y documentación sobre un “operativo policial denominado Kitchen o Cocina”, en palabras del juez, que se habría desarrollado desde 2013 y que tendría por objetivo localizar documentos o descubrir actividad de interés judicial relacionada con el extesorero del PP. Una actuación que careció de control judicial, se financió con fondos reservados y que García-Castellón llega a calificar como “parapolicial”. El magistrado debe decidir ahora si los imputa.
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