La realidad social y política en el País Vasco sigue buscando múltiples vías de consolidación de la normalidad democrática, cumplidos ya más de 10 años desde el final del terrorismo etarra. Hoy, algo más de la mitad de los 185 presos de ETA cumplen condena en cárceles vascas y navarras, y todos en prisiones de la mitad norte de España. El Gobierno ha amparado su decisión en la legalidad penitenciaria que recomienda que los presos cumplan condena en sus lugares de arraigo.
Un tercio de los presos etarras ha cumplido tres cuartas partes de su condena, y la práctica totalidad de ellos está en segundo grado. Si accedieran al tercero —solo lo han hecho 11 en este periodo—, podrían beneficiarse de la libertad condicional como sucede con los presos comunes y bajo las condiciones que impone la ley penitenciaria: claro rechazo de la violencia, reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo, contribución a su resarcimiento económico y colaboración con la justicia. Las Juntas de Tratamiento de las cárceles proponen las progresiones de grado y pueden ser recurridas por la Fiscalía y decididas por los jueces de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Sare, la organización que convocó las movilizaciones del sábado en apoyo a las reivindicaciones de los presos etarras, señala que la mayoría de las propuestas de progresiones de grado de las Juntas de Tratamiento son recurridas por la Fiscalía. El Gobierno vasco, que asumió hace tres meses la competencia de prisiones, ha anunciado que procurará activar las progresiones de grado para facilitar la reinserción de los penados sin distinguir comunes de etarras. También se ha comprometido a respetar las decisiones últimas de los jueces de vigilancia penitenciaria.
El debate sobre las progresiones de grado de los presos etarras no debía haber quedado enfangado por el cortoplacismo político de Pablo Casado. Confundir la reivindicación de los presos etarras con enaltecimiento del terrorismo; rechazar su acercamiento a cárceles vascas, cuando el presidente Aznar lo hizo masivamente con la banda terrorista activa, y considerar este debate una concesión espuria del Gobierno a Bildu por su apoyo presupuestario debilita la convivencia y falta a la verdad. El Parlamento vasco lo ha venido proponiendo reiteradas veces por mayoría abrumadora desde el final del terrorismo y cada vez son más las víctimas, que tienen un papel fundamental en este debate, quienes rechazan la utilización política de su sufrimiento.
Racionalizar este debate con el clima político actual es complicado. Hay nuevos datos que los jueces de vigilancia penitenciaria analizarán. Medio centenar de presos etarras han escrito cartas de reconocimiento del daño causado a las víctimas de sus actos terroristas —42 en 2020— y otra veintena participará en encuentros restaurativos con víctimas. A la par, resulta cada vez más necesario que Sortu, que hoy rechaza el terrorismo, impulse estas iniciativas con un reconocimiento de la injusticia y el dolor que avaló en el pasado.
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