El fiscal especial Robert S. Mueller, encargado del caso de la trama rusa, testificará el 17 de julio en una sesión abierta ante el Congreso de Estados Unidos al aceptar la citación por parte de los legisladores demócratas. Mueller abordará sus casi dos años de investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y un posible delito de obstrucción a la justicia por parte de Donald Trump, al tratar de torpedear esas pesquisas.
La comparecencia, que tendrá lugar en los comités del Poder Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, llega con los ingredientes necesarios para resultar explosiva, pese a que Mueller advirtió en su única declaración pública, tras cerrar la investigación, que no revelaría nada distinto de los 400 folios de su informe. El fiscal especial dio por probada la interferencia electoral de Moscú, cuyo objetivo era favorecer la victoria de Trump, aunque no halló indicios para determinar que hubiera conspiración con el entonces candidato, su entorno o ningún ciudadano estadounidense. La conclusión respecto a su posible obstrucción a la justicia se complica para el presidente. Mueller justificó que no se pronunciaba sobre si la hubo por las limitaciones jurídicas de acusar a un presidente, pero recalcó que en ningún caso le exoneraba del posible delito.
Es ese hueso el que los congresistas demócratas van a agarrar. El informe Mueller describió una decena de episodios que involucraban al presidente y que podían suponer material para una acusación de obstrucción, como el despido del director del FBI James Comey o el interés de Trump por cesar al propio Mueller. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, determinó tras analizar el informe que no había pruebas de obstrucción, pero el fiscal especial dejó claro semanas después que él, por su parte, no exoneraba a Trump.
“Si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió delito, lo habríamos dicho. Sin embargo, no determinamos si el presidente lo cometió”, dijo Mueller a finales de mayo ante la prensa. “Un presidente no puede ser imputado de un delito federal mientras está en el cargo. Es inconstitucional. Incluso si los delitos están ocultos ante la opinión pública está prohibido. La oficina del fiscal especial es parte del Departamento de Justicia y su regulación estaba limitada por esa política. Acusar al presidente de un delito no era, por tanto, una opción que pudiésemos considerar”, explicó.
La declaración avivó las llamadas a la destitución (impeachment) de Trump entre los demócratas, muy divididos respecto a la conveniencia de esta estrategia. Lo que se cuente el 17 de julio puede aumentar la presión.
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