El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a España de que el incipiente repunte de la economía corre peligro por la segunda oleada de infecciones. “Es crítico asegurar la efectividad de las nuevas medidas de contención” de la pandemia y “el apoyo fiscal debería seguir hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada”, sostiene la misión del Fondo en sus conclusiones preliminares del examen anual de la economía española, el llamado Artículo IV cuyas reuniones esta vez se han llevado a cabo por videoconferencias. El organismo también reclama que los fondos europeos se destinen a financiar reformas como la laboral, haciendo más atractiva la contratación indefinida por ejemplo costeando la transición a una especie de mochila austriaca, una cuenta del trabajador en la que la empresa va adelantando parte del despido y que el Gobierno ha descartado por la oposición de Podemos.
El FMI prevé un desplome para este año del 12,8% y una recuperación para el que viene del 7,2%, que mejora levemente, en casi un punto, respecto a su pronóstico anterior debido a la llegada de las ayudas europeas y su efecto en la confianza. La proyección de este año es más negativa que, por ejemplo, la del Banco de España, que da una banda de caídas del PIB entre el 10,5% y el 12,6%. También es peor que el 11% de caída que mencionó la vicepresidenta Calviño la semana pasada en el Congreso como media del consenso. Y advierte de que el rebote vaticinado dependerá de dos factores: de la capacidad para limitar los rebrotes y de si se gastan correctamente los fondos europeos dada la enorme cantidad destinada. En cualquier caso, la recuperación será incompleta y “el PIB tardará varios años en recobrar sus niveles prepandemia”, zanja. En el mejor de los escenarios no lo hará al menos hasta 2023.
Estas perspectivas podrían deteriorarse todavía más si fracasa el control de los contagios. En el supuesto de que eso ocurra, el Gobierno debería reforzar temporalmente el apoyo a la economía según evolucione la pandemia. Y para ello el FMI sugiere que se usen las nuevas líneas europeas como la del mecanismo de rescate, que el Ejecutivo rechaza tomar por el estigma que acarrea y que según el Fondo ayudarían a mantener bajos los costes de financiación.
El organismo que dirige Kristalina Georgieva alaba que el Gobierno reaccionase rápido apoyando a la economía gracias al respaldo del BCE. Eso sí: matiza que el apoyo fiscal debería ir graduándose. En opinión de los expertos del Fondo, los ERTE y los avales del ICO deberían calibrarse con el fin de emplearse de una manera más focalizada y flexible. O dicho de otro modo: recomiendan que el Gobierno vaya poco a poco rebajándolos y concentrándolos donde más se necesite. Con el tiempo defienden que la red de seguridad debería volver poco a poco a ser la prestación de paro, lo que permitiría que haya una reasignación de los trabajadores para que estos no sigan en empresas inviables o zombi. Y consideran que las ayudas al desempleo y la asistencia social podrían incluso ser temporalmente reforzadas mejorando los beneficios, rebajando los requisitos para conseguirlas y aumentando la duración. Todas las ayudas deben ser adaptadas y revisadas cuando sea posible para evitar que al retirarlas se produzcan bancarrotas, pérdidas de ingresos o impagos, subraya el informe de conclusiones.
Aumento de la desigualdad y la pobreza
“La pandemia de covid-19 ha sido particularmente grave para España”, dice. Y constata que la economía española ha sufrido la mayor caída de la UE. Las características de la estructura productiva, muy basada en pymes, en el turismo y con una abundancia de contratos temporales, “han exacerbado el impacto del confinamiento y harán que la actividad sea muy vulnerable a disrupciones prolongadas”, señala el documento de los economistas del Fondo. Así que el organismo no quiere hacer mucha leña del árbol caído y no recuerda como en otras veces una larga lista de reformas pendientes. En resumen sobre todo pide que se luche contra la pandemia y sus consecuencias. Y alerta del efecto que tendrá sobre la desigualdad y la pobreza. Hará falta asegurar la inclusión social, afirma, sobre todo en los jóvenes, los poco formados y los trabajadores de sectores golpeados. En esta línea brinda una buena acogida a la renta mínima recién aprobada. Y reclama más alquiler social y simplificar y facilitar la regulación para construir, lo que a su juicio permitiría bajar los precios del alquiler y una mayor movilidad laboral. A la hora de cerrar la brecha de género, considera necesario apoyar el cuidado de los niños y promover la flexibilidad en el trabajo.
Una reforma para hacer atractivo el contrato indefinido
No obstante, aunque no las desgrana como otras veces, sí que insiste en que habrá que afrontar reformas para atajar los problemas de empleo y productividad que lastran la economía. En concreto subraya que si se quiere tener una sociedad más inclusiva sigue siendo necesario atajar la división entre temporales e indefinidos en el mercado laboral.
En general, el FMI considera positivo que los fondos europeos se dediquen a la digitalización y la transición verde. Pero defiende que además podrían destinarse a hacer reformas. Los recursos que proporciona la UE deberían aprovecharse para mejorar las políticas de formación y reciclaje aumentando la empleabilidad. También para hacer una reforma laboral que haga más atractivo el contrato indefinido. Es decir, lubricar las reformas con un dinero que compense a los perdedores. Así menciona la posibilidad de financiar la llamada mochila austriaca, un fondo que dependiendo de su diseño podría servir para reducir la temporalidad y en el que la empresa abona periódicamente una parte del despido por anticipado, de forma que se va acumulando una mochila que el trabajador puede llevarse a otro empleo y de la que también puede disponer si es despedido, para gastarla en formación o bien para guardarla hasta la jubilación.
Un ajuste fiscal a medio plazo
Y el otro asunto pendiente es el maltrecho estado de las cuentas públicas. La deuda de las Administraciones alcanzará el 120% del PIB y a partir de 2022, una vez la economía haya retomado una senda sostenible de crecimiento, el Fondo subraya que será necesario un plan de ajuste fiscal a medio plazo para reducirla, igual que han solicitado el Banco de España o la Autoridad Fiscal. Se trata así de ganar la confianza esencial de unos mercados que financian el extraordinario incremento de la deuda. Ese ajuste debe poner el énfasis en los ingresos. Y exige una reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles que sea aceptable socialmente, en una clara referencia a que la última del PP solucionaba parte del problema pero fue rechazada y ha quedado al final desbaratada. En este último punto el Fondo se ha mostrado más suave que en otras ocasiones. “Las pensiones no son ahora la prioridad; el foco está en superar la crisis. Pero la sostenibilidad de las finanzas públicas sigue ahí y el Pacto de Toledo es un buen marco para tratarlo”, ha asegurado Andrea Schaechter, jefa de la misión del FMI.
Mejorar la ley concursal
La institución con sede en Washington pide además que se mejoren cuanto antes los procesos concursales y se faciliten las reestructuraciones de deudas, incluyendo las que se deben a la Administración, para evitar mayores quiebras en unas empresas que han aumentado mucho su endeudamiento por la caída del negocio. Y ve apropiado que el sector público pueda entrar en el capital de empresas viables que estén sufriendo dificultades financieras por la pandemia. Incluso desliza la posibilidad de que se haga algo en este sentido para pymes solventes con cargo a impuestos futuros. Si bien al mismo tiempo recuerda que se debe consignar claramente el riesgo que entrañan estas operaciones para las cuentas públicas.
La fusión de Bankia y Caixabank, una respuesta adecuada
En cuanto a la banca, esta ha mantenido el crédito, respaldada por los avales del ICO y las medidas del BCE. Sin embargo, el organismo explica que el riesgo es ahora mucho mayor y que la morosidad aumentará, especialmente en las empresas conforme se retiren las ayudas. La baja rentabilidad de las entidades va a empeorar y pueden incluso surgir retos para la solvencia, advierte. El impacto de la pandemia en la banca puede verse amplificado por una recesión más severa y unos menores niveles de capital que en Europa. De modo que el Fondo recomienda una política prudente de dividendos, racionalizar costes, invertir en tecnología y un reconocimiento a tiempo de los activos problemáticos. Respecto a la fusión de Bankia y Caixabank, sostiene que la consolidación es una respuesta adecuada a los retos de rentabilidad.
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