Es patente que la salida de Donald Trump de la Casa Blanca no solo ha tenido consecuencias en el ámbito interno. Los efectos en la escena internacional son cada vez más claros. El último de ellos se ha visualizado este viernes, con la aprobación por parte del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional del mayor estímulo en sus 77 años de historia: 550.000 millones de euros en derechos especiales de giro “para hacer frente a las necesidades mundiales de reservas durante la peor crisis desde la Gran Depresión”, en términos de su directora gerente, Kristalina Georgieva. Un desembolso que Estados Unidos, el accionista dominante del FMI, bloqueó durante el mandato de Trump para evitar que China e Irán obtuvieran nueva financiación. La asignación debe ser aprobada con al menos el 85% de los votos, y Washington posee el 16,5% de ellos, con lo que su consentimiento es imprescindible para sacarlo adelante.
Reactivado tras la llegada de Joe Biden, el proyecto ganó tracción durante la reunión de marzo del G7, y está ahora pendiente de la aprobación de la junta de gobernadores del Fondo, un trámite que se espera se supere sin más complicaciones, con lo que las reservas empezarán a llegar a finales de agosto. “Se trata de una inyección de energía para el mundo”, ha celebrado Georgieva en una declaración previa a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Venecia. “Impulsará la liquidez y las reservas de todos nuestros países miembros, creará confianza y fomentará la resistencia y la estabilidad de la economía mundial”, añadió. El movimiento supone, esencialmente, crear dinero que los países más golpeados, con monedas generalmente devaluadas, puedan usar para comprar más fácilmente vacunas, financiar servicios médicos y liquidar deudas, a menudo contraídas en divisas más fuertes, como el dólar.
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¿Qué son los DEG? Los derechos especiales de giro (DEG) son un activo de reserva creado por el FMI en 1969. Aunque oficialmente no son una moneda como tal, sí lo son en la práctica, porque proporcionan liquidez y complementan las reservas oficiales de los países miembros. Y sobre todo porque los que los perciben pueden canjearlos por dólares, euros, libras esterlinas, yenes japoneses o yuanes chinos. El valor de los DEG cambia diariamente según la evolución en el mercado de divisas de esas cinco monedas, con el dólar especialmente sobrerrepresentado, dado que supone el 41% frente al 31% del euro y el 11% del yuan chino, que entró en 2016 en esa cesta que se revisa cada cinco años. Actualmente, 1 DEG vale en torno a 1,20 euros.
¿Cómo funcionan? Cuando que el Fondo aprueba asignar derechos especiales de giro, los ingresa en las cuentas de sus Estados miembros, que pueden cambiarlos por una de las cinco monedas llegando a acuerdos con otros países o con la mediación del FMI si hubiera problemas. Una vez las divisas están en sus cuentas, pueden invertirlas en lo que quieran, ya sea reducir deuda, comprar vacunas o adquirir alimentos. La asignación de estos derechos es bastante poco habitual, y se circunscribe a momentos especialmente delicados. En 2009, con la crisis financiera haciendo estragos, el organismo aprobó un incremento de su potencia de fuego de 293.000 millones de dólares, menos de la mitad que el actual.
¿Por qué son importantes para los países más vulnerables? Lo explica Leopoldo Torralba, economista de Arcano Economic Research. “Normalmente estos países tienen divisas frágiles y volátiles. Los derechos de giro les permiten comprar su divisa si lo necesitan para frenar su caída y evitar que siga depreciándose. Ganas poder adquisitivo, porque si eres un país emergente te conviene tener muchas reservas de divisa de calidad. Por ejemplo, para comprar vacunas a países avanzados o compañías farmacéuticas que seguramente no te van a aceptar tu moneda pero sí los dólares o euros que has canjeado con tus derechos de giro”.
¿Cómo se reparten? Aunque su distribución entre los 190 miembros del Fondo es un balón de oxígeno para los países en problemas, el reparto es controvertido. Se realiza en proporción a sus cuotas en el FMI, que siguen una fórmula en la que entre otros factores se tienen en cuenta el PIB y su apertura comercial. Por eso, los países grandes y ricos acaparan las mayores cuotas. Cuanto mayores sean las cuotas, mayores son las obligaciones a la hora de contribuir con recursos al FMI, pero también las ventajas, como más derechos de voto, mejor acceso a financiación y más asignaciones de derechos especiales de giro, dando lugar a la paradoja de que los países que menos la necesitan son los que más liquidez perciben. Se calcula que la UE, EE UU y el Reino Unido recibirán la mitad de los 650.000 millones de dólares a dividir. Con España percibiendo unos 13.000 millones y Estados Unidos más de 100.000 millones.
Teniendo en cuenta ese sistema de reparto, solo unos 21.000 millones de dólares en reservas adicionales irán a parar a los países de bajos ingresos —el 3,2% del total. Pero el FMI y Naciones Unidas están presionando para que los países más ricos presten o donen parte de los 438.000 millones que tienen asignados. Pese a que el montante es bajo respecto al total, la precaria situación de algunos estados hacen que incluso una inyección pequeña comparativamente tenga amplias repercusiones. Los analistas de Citigroup calculan que las reservas de Zambia se duplicarán y las de Zimbabue se multiplicarán por seis. También es positivo para países como Argentina, Turquía, Sri Lanka, Sudáfrica, Pakistán y Nigeria, que también verán un aumento del 10% al 20% en sus reservas de divisas, lo cual les ayuda a reducir su dependencia de una deuda interna o externa más cara para acumular reservas.
¿Por qué ahora? Sus críticos, sin embargo, reprochan que, tras los meses perdidos con las trabas de la Administración Trump, la medida llega muy tarde. Y lamentan que, ante la mayor profundidad de la crisis derivada de la pandemia en términos de destrucción de PIB en un solo año, el estímulo se queda corto frente al que se concedió en 2009. La decisión de asignar 650.000 millones de dólares y no más ha estado muy condicionada por EE UU, dado que ronda el máximo que Estados Unidos puede aprobar sin tener que acudir al Congreso para pedir su autorización.
La efectividad final de la inyección del FMI, dependerá por tanto de cuánto estén dispuestos a ceder los países más ricos. Georgieva ha dicho que se pondrá manos a la obra en los próximos meses para tratar de “identificar opciones viables para la canalización voluntaria de los derechos especiales de giro de los miembros más ricos para apoyar a nuestros países más pobres y vulnerables”. Y se espera que los responsables de finanzas del G20 discutan durante los próximos dos días los posibles mecanismos de contribución, tanto para los países de bajos ingresos como para algunos países vulnerables de ingresos medios.
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