Venecia se prepara para asistir este sábado a la importante firma del acuerdo para imponer una tasa global a las multinacionales con el objetivo de arrinconar el fenómeno de los paraísos fiscales. El G-20, que reúne desde este viernes a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales de los integrantes del grupo, significará un histórico avance en la lucha contra la evasión de impuestos global. La firma del acuerdo y los términos que recogerá, ya esbozados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a principios de mes con 130 países y jurisdicciones, todavía pueden variar. Pero la base consiste en establecer un impuesto mínimo sobre sociedades de “al menos el 15%” sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo.
Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la cumbre que se celebra estos días en Venecia. En el vídeo, declaraciones de la ministra.
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La OCDE llevaba más de siete años trabajando en un proyecto para que las grandes multinacionales tributen allí donde tienen el negocio y no donde les resulte más barato. El impulso del pasado G-7 fue decisivo para lograr un acuerdo de mínimos que provocará que gigantes como Google, Amazon o Facebook paguen más al fisco en los países donde operan. El liderazgo de la nueva Administración de Estados Unidos del presidente Joe Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen (que el domingo realizará una rueda de prensa para dar su visión sobre la resolución que debería sellarse el sábado) contribuyeron enormemente a un acuerdo histórico. Pero también una sensación de hartazgo general sobre el clima de impunidad impositiva en el que han vivido en la última década algunas de las empresas más ricas del mundo.
Yellen, como también ha anunciado este viernes que hará el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, utilizará la cumbre del G-20 para presionar al resto de países con la idea de aumentar algunos puntos la tasa fijada ahora en un mínimo del 15%. A dicho impuesto se añade un sistema para redistribuir los derechos fiscales de las multinacionales, que afectará a los grupos con facturación de al menos 20.000 millones de dólares y un margen de beneficios superior al 10% a escala global.
Muchas de estas multinacionales, la mayoría en el sector tecnológico, operan a través de paraísos fiscales o Estados con sistemas tributarios extremadamente favorables como Irlanda. De este modo, pagan tipos bajos donde se encuentra su sede central y no pagan nada en las naciones donde venden sus productos y poseen el grueso de su facturación.
Unos 150.000 millones de ingresos más
La medida, tal y como salió redactada del acuerdo de la OCDE, generaría unos 150.000 millones de dólares de ingresos impositivos adicionales. Las prácticas actuales, sin acuerdo internacional alguno, restan cada año unos 200.000 millones a las arcas públicas de los Estados, según un estudio del organismo con sede en París. El acuerdo incluye dos medidas clave, conocidas como pilar uno y pilar dos. El primer pilar supone que si la multinacional obtiene un margen de beneficio superior al 10% y tiene facturación superior a los 20.000 millones, una parte de las ganancias que exceda ese 10% se redistribuirá en los países donde opera el grupo para que sean gravados. Los sectores financieros y extractivos están excluidos de este esquema. El pilar dos, por otra parte, es un tipo mínimo del impuesto de sociedades, de “al menos un 15%”, que los países podrán cobrar a sus multinacionales ―con facturación de más de 750 millones de dólares― si estas están gravadas a un tipo inferior en los territorios donde operan.
Los países que piden que se suba el impuesto mínimo de sociedades, sin embargo, son cada vez más. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) español, de hecho, abogó este jueves por que el acuerdo llegue al 21%. De este modo, calculan, España recaudaría 5.400 millones de euros más al año. Los flecos por cerrar también incluyen la negativa inicial de países europeos como Irlanda, Estonia y Hungría, que no han firmado el acuerdo de la OCDE y cuyos impuestos de sociedades actualmente van del 9% al 12,5%, muy por debajo de la media europea del 22%.
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