El intento del Gobierno de cerrar la crisis diplomática con Marruecos ha abierto otra con Argelia y ha colocado al Ejecutivo ante una tormenta política en España, donde todos han dejado solo al PSOE, de sus socios de Gobierno a sus aliados parlamentarios y al principal partido de la oposición. La reacción argelina al súbito giro de la histórica posición española sobre el Sáhara Occidental ha sido fulminante: la llamada a consultas de su embajador en Madrid, Said Moussi, lo que en la práctica supone la retirada temporal de su representación diplomática. La aceptación española de la fórmula marroquí para conceder únicamente una autonomía a la excolonia, prescindiendo del referéndum de autodeterminación que reclama desde hace 47 años el Frente Polisario, bajo la protección de Argelia, amenaza ahora las relaciones con el principal abastecedor de gas a España.
El conflicto diplomático llega en el peor momento para España, con el suministro energético a Europa amenazado por la guerra de Ucrania y el país en vilo por las consecuencias económicas de la agresión rusa. Si la actitud de Putin había consolidado una cierta tregua entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, todo saltó este sábado por los aires. Las críticas del PP fueron tan duras como las de la izquierda y los nacionalistas, tradicionales valedores de las reivindicaciones del pueblo saharaui.
Fuentes gubernamentales aseguran que informaron a las autoridades argelinas del acuerdo con Rabat, horas antes de que la Casa Real marroquí lo hiciese público. Las mismas fuentes se mostraron confiadas en que la indignada respuesta de Argelia no afecte al suministro de gas. Nadie puede asegurar, sin embargo, cuál será la reacción última del Gobierno que lleva décadas patrocinando al Frente Polisario. El movimiento por sorpresa del Ejecutivo —que asegura que ya esperaba que Marruecos hiciese público el acuerdo en primer lugar— se explica sobre todo como un intento de garantizar la colaboración marroquí para frenar los flujos de inmigración hacia España.
Así se gestó
Hace solo dos semanas, entre el 1 y 3 de marzo, más de 3.700 inmigrantes trataron de saltar la valla de Melilla. En una solo noche, 2.500 lo intentaron y a lo largo de la semana, unos 900 lo lograron. Nunca se había visto un asalto tan masivo a la frontera melillense. Muchos vecinos de la ciudad recordaron la entrada de más de 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021.
La diferencia es que aquellos eran jóvenes marroquíes, muchos de ellos menores, que pasaron tranquilamente a nado, mientras que estos eran subsaharianos que escalaban la valla con ganchos y se enfrentaban a los agentes que intentaban impedirlo, con un saldo de medio centenar de heridos entre las fuerzas de seguridad y los migrantes. Pero ambos episodios tenían algo en común: sin la complicidad de la guardia fronteriza marroquí no se hubieran producido.
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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí, Naser Burita, para quejarse y la situación se recondujo. Pero el mensaje había quedado claro: Rabat no estaba contento con el estado de las negociaciones discretas que desde hacía meses mantenían los dos gobiernos y en la recta final apretaba a España donde más le duele para obtener más concesiones: el reconocimiento de que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara es la mejor salida posible a un conflicto que se prolonga ya 47 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Burita se habían entrevistado el 18 de febrero en Bruselas, en los márgenes de la cumbre entre la UE y la Unión Africana, en lo que había constituido el primer encuentro personal entre dirigentes de los dos países desde que estalló la crisis diplomática. Sánchez se vio también en Bruselas con el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, lo que no gustó a Marruecos.
Solo dos días antes, Burita y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, habían sellado la reconciliación entre los dos países, poniendo fin a una crisis diplomática que se inició en marzo de 2021, dos meses antes que la española. Madrid se quedaba así sola como única capital europea cuyos puentes con el reino alauí seguían rotos. La fórmula elegida para plasmar el acuerdo germano-marroquí fue similar a la que luego se utilizaría con España: una carta del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, al rey Mohamed VI.
En la misiva, hecha pública por la Casa Real alauí, el jefe del Estado alemán calificaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, presentado en 2007, como un “esfuerzo serio y creíble” y una “buena base” para resolver el conflicto. Los términos estaban prácticamente calcados de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, de 29 de octubre pasado, que acogía “con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. El texto no gustó al Frente Polisario, pero era la doctrina más reciente de Naciones Unidas.
Pero a Marruecos no le bastaba con que España reconociera el plan de autonomía como una opción más para resolver el conflicto, junto al referéndum de autodeterminación, sino que quería que tomara partido por esta posición, como hace años hizo Francia. Sánchez, aconsejado por Albares, decidió ceder y, en su carta al rey de Marruecos, reconoce que el plan de autonomía no solo es una base “seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”, sino “la más seria, realista y creíble” de todas, rompiendo así la neutralidad que España ha mantenido durante décadas.
¿Qué esperaba conseguir a cambio? Tres concesiones principales, según fuentes gubernamentales: el respeto a la “integridad territorial” de España, incluidas Ceuta y Melilla; la renuncia de Marruecos a llevar a cabo “acciones unilaterales”, como la ampliación de su zona económica exclusiva hacia aguas de Canarias o el cierre sin aviso de la aduana con Melilla, ya en el verano de 2018; y “la cooperación en la gestión de los flujos migratorios, en el Atlántico y el Mediterráneo”. Además de “restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes” entre los dos países, lo que supondrá la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, cerradas desde el inicio de la pandemia. Estos puntos figuran en el comunicado que el viernes difundió La Moncloa, pero no en el del Ministerio de Exteriores marroquí. Al contrario que en el caso alemán, esta vez no hay un comunicado conjunto que refleje los acuerdos.
Fuentes gubernamentales sostienen que el pacto existe y se plasmará en la “hoja de ruta” para el relanzamiento y normalización de las relaciones bilaterales que debe ponerse en marcha con la visita a Rabat que, antes del 2 de abril, inicio del Ramadán, hará el ministro de Exteriores; a la que seguirá, aún sin fecha, otra del presidente Sánchez. En todo caso, añaden fuentes gubernamentales, si Marruecos no cumpliera sus compromisos, España no estaría obligada a cumplir los suyos. Aunque esa es una hipótesis que en este momento no se plantea, satisfechos ambos de haber recuperado la confianza mutua.
Formalmente, la crisis diplomática comenzó en mayo pasado, con la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, a la que se espera de regreso en Madrid en las próximas semanas, pero su arranque real se produce el 10 diciembre de 2020, cuando Marruecos suspende unilateralmente con solo una semana de antelación la Reunión de Alto Nivel (RAN) con el Gobierno español prevista en Rabat. Ese mismo día, el todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce la soberanía marroquí del Sáhara.
Consciente de que Trump, que ya ha perdido las elecciones, no puede garantizar la continuidad de su apoyo, Rabat inicia una carrera contra reloj para que más países se sumen a esta postura antes de que la nueva Administración estadounidense pueda dar marcha atrás. La entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el 18 de abril para tratarse de una grave afección de la covid en un hospital de Logroño da a Rabat la excusa perfecta para acusar a España de deslealtad.
La Administración de Biden congeló el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara y no ha abierto todavía un consulado en la excolonia española, como prometió Trump, a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. La semana pasada, la secretaria de Estado adjunta, Wendy Sherman, dijo en Rabat que Washington considera el plan marroquí de autonomía para el Sáhara “un enfoque serio, creíble y realista” que podría llegar a satisfacer las aspiraciones de los pueblos de la región. Es decir: la misma posición que Alemania, menos favorable a Marruecos que la nueva postura española. Y muy alejada del reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara que hizo Trump. Sherman se reunió con Albares en Madrid antes de viajar a Rabat.
En cualquier caso, subrayan fuentes diplomáticas, la pelota sigue en el tejado de Naciones Unidas. Estados Unidos, Alemania y también España apoyan los esfuerzos del enviado especial del secretario general, Staffan de Mistura, que viaja por la región en un avión del Ejército del Aire español. Por más que el giro de Sánchez haya desequilibrado la correlación de fuerzas en favor de Marruecos, agregan las mismas fuentes, De Mistura no va a plantear ninguna propuesta de solución que no sea aceptada por todas las partes.
La jugada de Sánchez y Albares es de alto riesgo. Ha enfurecido a Argelia, ha abierto un nuevo conflicto entre los socios del Gobierno y al mismo tiempo ha indignado a sus aliados parlamentarios y al PP. El beneficio del acuerdo para España sería asegurarse de que no vuelve a repetirse una crisis como la provocada por la ocupación del islote de Peregil, en julio 2002, o la llegada de miles de inmigrantes a Ceuta en mayo de 2021, con intervención del Ejército incluida, y que Canarias deje de recibir periódicamente oleadas masivas de pateras, pero eso es algo que a largo plazo nadie puede garantizar. La primera señal se verá con la próxima visita de Albares a Rabat.
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