El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha aflojado la presión sobre las empresas energéticas. La ministra ha suavizado el castigo a las eléctricas que suministren “precios razonables” para la industria. Así lo ha deslizado la vicepresidenta durante la tramitación en el Congreso del decreto que regula el plan de choque del Gobierno para afrontar la crisis energética, que contiene un recorte de 2.600 millones de euros de beneficios extraordinarios para las eléctricas. “En las próximas semanas esperamos poder completarlo (el decreto) con medidas adicionales, que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”. Transición Ecológica facilitará a las comercializadoras de energía que firmen contratos a largo plazo con los clientes a precios cerrados, blindados de la volatilidad actual y por tanto con precios más reducidos.
Durante su intervención en el Parlamento, la ministra enfatizó: “Quizás la medida excepcional más comentada en estas semanas ha sido la de recuperar en favor de todos los consumidores los beneficios extraordinarios que se hayan podido obtener por parte de las empresas eléctricas como consecuencia del rally de precios del gas natural. Una medida de marcado carácter temporal”, insistía Ribera como reclamaban las eléctricas. Y agregó: “Quiero dejar bien claro, primero, que es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho, a quien haya garantizado precios estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Queremos que tampoco lo sean para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas, al contrario, necesitamos impulsar precios razonables para nuestra industria, por ello estamos trabajando para garantizar su correcta aplicación y desarrollo”.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de septiembre un plan de choque con medidas temporales para hacer frente al incremento del precio de la electricidad y amortiguar su impacto en el recibo de la luz de los consumidores. Las medidas se centran en la reducción de los impuestos (IVA y el de electricidad) y cargos que soporta el recibo de la luz; pero incluye también una medida para recortar los “beneficios extraordinarios” obtenidos por las compañías eléctricas por vender energía barata (hidráulica, renovable, nuclear) al precio de la más cara (gas natural). Mediante esa medida el Ejecutivo espera recaudar unos 2.600 millones de euros hasta marzo. Las empresas más afectadas son Iberdrola, Endesa y Naturgy.
La medida provocó un enfrentamiento entre las eléctricas y el Gobierno, que llevó a Ribera a emprender una ronda de contactos con los ejecutivos de las compañías. Estos reclamaron que la minoración de beneficios extraordinarios no se aplique a las tarifas a precio fijo que tienen suscritos con los consumidores, ni a los PPA (contratos a precio pactado, por sus siglas en inglés) para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre. Asimismo, solicitaron a la ministra que confirme el carácter transitorio y temporal de las medidas y asegurar que su aplicación sea solo de seis meses. Fuentes empresariales han manifestado que “las circunstancias han hecho que se cambie de parecer; la ministra se ha dado cuenta de la media podría impactar de forma muy negativa en la industria en las ronda que ha hecho con las eléctricas y otros sectores”.
Congreso dividido ante el decreto eléctrico
Entretanto, el Congreso de los Diputados mostró su división entre la izquierda y la derecha ante el decreto del Gobierno que recortará unos 2.600 millones de euros de beneficios extraordinarios a las eléctricas. El Ejecutivo ha logrado sacarlo adelante, aunque sin el apoyo de uno de sus socios habituales, el PNV. Ha sido toda la izquierda, más los regionalistas cántabros y Teruel Existe, quienes han permitido aprobarlo, entre fuertes críticas a la actitud de las eléctricas y advertencias a la parte socialista del Gobierno para que no suavizara las medidas. La oposición, y en menor medida el PNV, han argumentado que se está poniendo en peligro a todo el sector industrial. Con todo, los nacionalistas vascos han respaldado que el texto no se tramite como proyecto de ley, lo que facilita su aplicación inmediata.
Ribera acudió al Congreso a defender el decreto un día después de su entrevista para intentar limar asperezas con el más feroz crítico de sus medidas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y en medio de insinuaciones de la parte socialista del Gobierno de que estaría dispuesto a revisar algunos aspectos. Sus apoyos parlamentarios en la izquierda y su socio de Ejecutivo no ahorraron avisos: Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, avisó a la vicepresidenta: “Nosotros no recibimos órdenes de las eléctricas, solo recibimos órdenes de los 10 millones de españoles que respaldaron a este Gobierno con sus votos”. Echenique fue también el más duro con Sánchez Galán, “alguien que contrató a Villarejo para sus asuntos turbios”, y otorgó el calificativo de “histórico” al decreto.
Ribera insistió, como reclamaban las compañías, en el carácter “temporal y excepcional” de las medidas y en que solo se aplicarán a las compañías que “hayan interiorizado” en sus balances los beneficios extraordinarios que el decreto suprime. La vicepresidenta hizo un repaso a la situación de los precios de la energía en todo el mundo para destacar que el margen de maniobra del Gobierno es limitado. Aun así, señaló que el Ejecutivo seguirá estudiando “medidas adicionales” para conseguir “precios estables”. De esta forma, la ministra suavizaba el recorte a las empresas.
“Chantaje del oligopolio eléctrico”
El PNV concedió que, con la factura de la luz disparada, “es razonable detraer determinados beneficios” de las eléctricas, pero advirtió de que se puede producir “el efecto contrario al que se persigue” por la incidencia en el sector industrial de las decisiones aprobadas. “Hay que proteger a los consumidores, pero también a la industria”, afirmó la diputada Idoia Sagastizabal. Más categóricos en ese aspecto fueron PP, Vox y Ciudadanos. El popular Guillermo Mariscal bautizó el decreto como “un nuevo impuesto al viento y al sol” porque “pone en riesgo la inversión en energías renovables”. Sobre esa idea también incidió Ciudadanos, cuya diputada Carmen Martínez Granados habló de “un ataque injustificable y arbitrario al mercado”, mientras José María Figaredo, de Vox, clamaba contra el “sadismo fiscal” del Gobierno. La derecha censuró lo que entiende como una cesión del PSOE a sus socios de Unidas Podemos y recordó que todas las medidas tomadas hasta ahora por el Gabinete de Pedro Sánchez no han logrado frenar la escalada de precios.
La izquierda saludó lo que entiende como un avance para hacer frente al “chantaje del oligopolio eléctrico”, términos repetidos en boca de varios portavoces, al tiempo que instaba al Gobierno a ir más allá. Joan Capdevila, de ERC, volvió a reclamar “una reforma integral y valiente” del mercado eléctrico. Parecidas peticiones formularon EH Bildu, Más País, CUP o BNG. “Este Gobierno está para defender a las clases populares, no a las eléctricas”, abundó Oskar Matute, de EH Bildu.
En lo que el Gobierno concitó mucho más apoyo fue en el proyecto de ley que acabará con otra de las retribuciones a las energéticas, los llamados “beneficios caídos del cielo”, una compensación que da el Estado a las compañías para minimizar las penalizaciones que sufren por la emisión de gases contaminantes. Esa bonificación la han estado recibiendo también la hidroeléctrica o la nuclear, pese a que no necesitan comprar derechos de emisiones. En este caso, el PNV respaldó al Gobierno -que espera ahorrar de este modo unos 1.000 millones de euros anuales que se cargaban a la factura de la luz- frente a la enmienda a la totalidad del PP, que tampoco logró el apoyo de Ciudadanos.
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