El Gobierno ha dado luz verde este martes a la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,7% de Naturgy después de casi seis meses de espera, aunque la aprobación está sujeta a varias condiciones durante los próximos cinco años para garantizar la españolidad de la compañía y las inversiones estratégicas, según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Entre esas condiciones, que el fondo ha recibido con satisfacción, destaca que durante los cinco años siguientes a la fecha de liquidación de la opa, IFM deberá apoyar en el ejercicio de sus derechos de voto en la junta de accionistas o en el consejo de administración la inversión de la compañía en “proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en rentabilidad y perfil de riesgo”.
Asimismo, debe comprometerse a mantener el domicilio social y la sede efectiva de los negocios de la energética en España, así como a mantener “una parte significativa de la plantilla” en el país. Naturgy tiene una plantilla total de 10.540 empleados, de los que 5.318 trabajan en España.
El fondo deberá apoyar además una política de dividendos “prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética”, y una estrategia de endeudamiento externo encaminada a mantener su calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y que las ratios de endeudamiento no sean superiores a lo fijado por la CNMC. La empresa ya ha anunciado un recorte del dividendo, desde el 100% al 85% del beneficio para los próximos ejercicios. A cierre del pasado mes de junio, Naturgy tenía una deuda neta de 13.611 millones y prevé elevarla hasta un máximo16.800 millones en 2025. También deberá realizar la difusión al mercado de información financiera anual y semestral, así como la difusión del informe de gobierno corporativo y un informe sobre la remuneración del consejo.
Además, IFM no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que se incluyen en el plan estratégico 2021-2025 que implique que pierda el control sobre las filiales “que puedan poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España”, ni tampoco ninguna propuesta de exclusión en las Bolsas españolas, salvo algunas excepciones (esta última condición tiene una vigencia de tres años, en vez de cinco como el resto). El plan estratégico anunciado la pasada semana prevé inversiones por 14.000 millones de euros, de los que 8.700 se destinarán directamente a la transición ecológica.
El Ejecutivo se va así de vacaciones cumpliendo con el plazo máximo para la aprobación de la opa, que finalizaba el 25 de agosto, después de que la empresa hubiera realizado la solicitud el 25 de febrero. IFM descontó el pasado lunes del precio de la oferta los 0,30 euros por acción que la compañía ha anunciado que pagará a sus accionistas este 4 de agosto, según ha informado el fondo de pensiones australiano en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la oferta pasa a ser de 22,07 euros, en vez de los anunciados 23 euros de un inicio, tras descontar tanto los 0,63 euros brutos por acción abonados por Naturgy el 17 de marzo pasado, con lo que el desembolso será de un máximo de 4.855 millones de euros.
El Ejecutivo blindó el año pasado en el decreto de alarma a las empresas que tienen una importancia estratégica para la economía española de forma que toda compra superior al 10% del capital de una compañía debe recibir previamente el visto bueno del Gobierno en un plazo de seis meses.
Ribera ha defendido que esta operación “es probablemente una señal de confianza de los inversores en la economía española”, pero al mismo tiempo el Gobierno “es plenamente consciente de que debe hacerse con todas las garantías y cautelas”. “Queremos una inversión estable con vocación de permanencia”, ha añadido. “Es importante garantizar el cumplimiento de esas condiciones que se recogen y ofrecer una señal de tranquilidad para los operadores y trabajadores nacionales, también para aquellos que confían en las inversiones de interés de presente y futuro. Es fundamental que se cubran todos los aspectos que puedan ser sensibles como el empleo, que es fundamental en una empresa como Naturgy, que se trata de un grupo con presencia internacional y queremos que el empleo en España se mantenga en los términos en los que está”, dijo la ministra.
No obstante, Ribera ha advertido de que “el incumplimiento de estas condiciones dará lugar, en su caso, a la revocación de la autorización de inversión extranjera y constituirá una infracción muy grave, todo ello sin perjuicio del resto de autorizaciones vencidas, controles aplicables a esta toma de participación extranjera en definitiva”.
Posición de La Caixa
La luz verde del Gobierno a la operación se produce después de que CriteriaCaixa, el principal accionista de Naturgy, que no estaba en sintonía con la opa de IFM porque amenazaba su histórico liderazgo en la antigua Gas Natural, anunciara su decisión de reforzar su presencia en el capital social de la energética sin llegar a sobrepasar el 30% del accionariado, nivel a partir del cual la legislación obliga a formular una opa.
La firma catalana ha ido reforzando su posición como el primer accionista de la energética, escalando hasta casi el 26% del capital. Le siguen en el accionariado de Naturgy los fondos GIP (20,6%) y CVC ―con el grupo March― (20,7%) y la estatal argelina Sonatrach (4,1%). El resto del capital de Naturgy está en manos de inversores institucionales (21%), entre los que figuran Norges Bank (1,143%) y pequeños inversores (7,6%). El porcentaje de Naturgy que cotiza libremente en Bolsa es del 28,6%, y el objetivo de IFM es hacerse con ese porcentaje, en el que están incluidos 73.000 pequeños inversores.
Ahora, una vez superado el escollo del visto bueno por parte del Gobierno a la operación, la CNMV debe aprobar el folleto de oferta, aunque no se espera que ponga ninguna traba. Igualmente, el consejo de administración de Naturgy también deberá dar su opinión sobre la operación.
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