El Gobierno ha aprobado este martes la primera parte de la reforma de las pensiones, que elimina el factor de sostenibilidad que aprobó en 2013 el PP y que vincula la revalorización de la prestación a la evolución de los precios. “Es fruto del acuerdo”, ha subrayado la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros que se celebra después del receso estival. “A partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse por sus pensiones, siempre se podrán revalorizar y, en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior”, ha señalado.
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A finales de junio, Ejecutivo, patronal y sindicatos habían alcanzado un acuerdo sobre algunos de los asuntos clave del sistema: blindar el poder adquisitivo de los pensionistas, modificar el esquema de prejubilaciones para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal y poner sobre la mesa mecanismos para incentivar el retraso de la jubilación. El anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo ha estado sometido a audiencia e información pública hasta el 16 de julio y ha recibido distintos informes técnicos, así como el dictamen del Consejo Económico y Social. La previsión es que entre en vigor en enero de 2022.
El proyecto de ley, que llega ahora a las cortes, deroga el factor de sostenibilidad que vinculaba las prestaciones a la esperanza de vida y ata la cuantía de las prestaciones a la inflación registrada el año previo: se actualizará en función del índice de precios de consumo (IPC), revalorizándose si este crece. En el caso de que arroje valores negativos, los importes se mantendrán congelados.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa, este martes. En vídeo, declaraciones de Rodríguez sobre las pensiones.
La nueva normativa también pretende alargar la edad real de jubilación, actualmente en los 64 años, para que se acerque a la legal (66), y así favorecer la sostenibilidad del sistema. Para ello, se han establecido incentivos para aplazar el momento del retiro ―con bonificaciones cada año extra que un trabajador se mantenga en el mercado tras alcanzar la edad legal de jubilación― y a la vez coeficientes reductores de las prestaciones para aquellos trabajadores que pretendan jubilarse antes de tiempo. También se limita la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos, aunque con algunas excepciones que pasan por incentivar la contratación indefinida y, en los sectores más masculinizados, fomentando la de mujeres.
Asimismo, se establece el traspaso del déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado para que no lo sufraguen los trabajadores y empresas con las cotizaciones.
El objetivo de esta primera parte de la reforma, a la que España se ha comprometido con la UE para desbloquear los fondos comunitarios, es “modernizar” el sistema “pensiones pensando en una recuperación justa”, ha valorado Rodríguez. Para más adelante se deja la definición de una nueva fórmula de equidad intergeneracional que vendrá a reemplazar al factor de sostenibilidad. En esta fase también habrá que abordar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, y la elevación gradual de las bases máximas de cotización.
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