Unas 400.000 personas trabajan en la ciencia y la innovación en España, un sector golpeado históricamente por la precariedad laboral, los tijeretazos presupuestarios y una burocracia obstructora. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia de 2011, una iniciativa que pretende arreglar el desaguisado actual, según ha reconocido con crudeza la ministra de Ciencia, Diana Morant. “Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación”, ha afirmado Morant en una rueda de prensa.
La reforma fijaría por primera vez el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1,25% del producto interior bruto para financiar la I+D+I en 2030, como adelantó la ministra en una entrevista con EL PAÍS el pasado lunes. El nivel actual es el 0,58%. “Con el apoyo del sector privado nos permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la UE”, ha añadido Morant, que ha subrayado que los presupuestos actuales de su ministerio ya son mucho mayores que los de la etapa del presidente conservador Mariano Rajoy. “El de 2022 prácticamente dobla el que encontramos heredado”, ha señalado.
La ministra ha repetido en varias ocasiones que la reforma “blinda” una financiación pública creciente y estable, pero el texto es farragoso, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS: “La elaboración de los Presupuestos de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, con el objetivo de que la financiación pública en I+D+I, de conformidad con la normativa europea, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030. Este incremento estará condicionado en todo caso por las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”.
Morant ha proclamado que la reforma “pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+I”, mediante la creación de un nuevo contrato indefinido, en línea con la reciente reforma laboral. “Hasta ahora, el contrato más usado en la ciencia era un contrato de obra y servicio que tenía una duración máxima de cuatro años. Los grupos de investigación se veían obligados a romper el grupo cada cuatro años, y los investigadores quedaban sin contrato y teniendo que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Pasamos a la estabilidad, con contratos indefinidos, y por tanto este modelo acaba con la precariedad”, ha declarado la ministra.
Una parte del sueldo de los investigadores y los profesores universitarios depende de la evaluación de sus méritos investigadores en los años anteriores, a través de los llamados quinquenios. La reforma propuesta por Morant rectificaría una polémica normativa impulsada en abril de 2019 por el propio Ministerio de Ciencia, entonces encabezado por el astronauta Pedro Duque. La actual normativa penaliza a los investigadores que han salido de España para formarse y regresan, ya que sus años en el exterior no se tienen en cuenta a la hora de calcular su sueldo en una plaza ganada por oposición. Este reconocimiento salarial solo se aplica ahora a la experiencia en los Organismos Públicos de Investigación —como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)—, lo que deja fuera a los cerebros retornados y a los científicos de universidades, fundaciones y centros tecnológicos de las comunidades autónomas.
Unos 200 investigadores afectados por esta normativa denunciaron su situación en una carta al Ministerio de Ciencia en octubre de 2021, según adelantó este periódico. En la práctica, el Gobierno intenta que vuelvan los científicos emigrados pagándoles menos que a los que nunca se fueron. El gabinete de Morant da ahora marcha atrás. “Abrimos las fronteras, reconocemos los méritos de investigación realizados tanto en España como en el extranjero, en la totalidad del sector público y también en todas las universidades”, ha defendido la ministra. “El objetivo es hacer de España un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se quieran incorporar a nuestro país”, ha asegurado.
La comunidad científica española lleva años denunciando una burocracia paralizante, que obliga a justificar hasta el más mínimo gasto con multitud de documentos y ralentiza la compra de materiales para los laboratorios. “La ley también resuelve otro problema que atormenta a la comunidad científica, que es la excesiva carga administrativa”, ha afirmado Morant. “Será reducida considerablemente, ya que un investigador ya no tendrá que estar justificando, por ejemplo, el ticket de un taxi o facturas de hace 10 años, sino que con esta reforma la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo”, ha detallado la ministra.
El anteproyecto también reconoce por primera vez al personal investigador sanitario, aquel que dedica el 50% de su tiempo a investigar en hospitales y centros de salud, ha explicado Morant. Según la ministra, el conjunto de reformas permitirá incorporar de manera estable a 12.000 personas en el sistema público de ciencia en los próximos tres años.
La comunidad científica ha recibido estos anuncios con menos triunfalismo. La presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la física Perla Wahnón, recordó este jueves que los sucesivos ministerios de Ciencia han utilizado el dinero reservado para préstamos, que habitualmente se queda sin gastar, para hinchar sus presupuestos reales. “La ministra debería decir si el aumento presupuestario que quiere blindar por ley es a base de estos fondos o con subvenciones”, ha advertido Wahnón. “Es una medida que nos encanta, pero necesitamos saber cómo se va a concretar ese aumento de presupuesto”, ha añadido la física. El anteproyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria, con negociaciones con el resto de los partidos políticos.
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