El Gobierno catalán lleva semanas preparando una estrategia para convencer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que no es necesario fijar un porcentaje mínimo de castellano para garantizar la presencia de esta lengua en el sistema educativo. Este viernes vence el plazo de dos meses para que la Generalitat cumpla de forma voluntaria la sentencia que fijó un mínimo obligatorio del 25% de castellano en las aulas. Ante la perspectiva cierta de que las entidades por el bilingüismo solicitarán la ejecución de la sentencia, el Govern de Pere Aragonès se ha armado jurídicamente y ha preparado una batería de argumentos para dar una respuesta que satisfaga al tribunal.
El Govern ha esgrimido este viernes ante los magistrados, según confirman a este diario diversas fuentes, que los cambios legislativos abordados -la reforma de la Ley de Política Lingüística conocida este jueves y un decreto del Departamento de Educación- garantizarán la normalidad de la presencia del castellano en las escuelas. El ejecutivo también ha fortalecido en las últimas semanas el frente académico: ha encargado a la Universitat de Barcelona (UB) un estudio sobre usos lingüísticos en las aulas catalanas y aportará un reciente informe del síndic de greuges, Rafael Ribó, que subraya que el uso real del castellano en las escuelas supera ya ampliamente el 25%.
En diciembre de 2020, el TSJC dictó la sentencia sobre el castellano, que provocó una tormenta política que aún dura y que ha hecho tambalearse el sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña. La resolución tuvo su origen en una demanda del Gobierno del PP sobre el uso de lenguas oficiales en la enseñanza. La Generalitat no fue entonces capaz de elaborar un informe exhaustivo sobre el estado de la cuestión y aportó un muestreo sobre la media de horas de castellano: 18% en primaria, 19% en secundaria y 26% en bachillerato.
El tribunal consideró inaceptables los porcentajes en una sentencia que es muy clara en sus términos: la Generalitat debe asegurarse de que al menos un 25% de las horas lectivas se imparten en castellano. Con un añadido: además de la clase de lengua castellana, debe haber al menos otra asignatura “troncal” que se imparta en ese idioma. Se trata de un porcentaje “mínimo”, por debajo del cual solo cabe hablar de un uso “simbólico” o “residual”. Menos del 25%, indica la sentencia, supone atentar contra el ordenamiento jurídico y la Constitución. A partir de esa cifra, el tribunal da margen de maniobra a la Administración “o a los centros docentes” para distribuir las horas en función del “estado de normalización” lingüística según el lugar de residencia y, también, de la “incorporación de terceras lenguas”.
Presencia “adecuada” del castellano
El pasado enero, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y comenzaron las urgencias. El Gobierno catalán ha pretendido desde entonces dar la batalla por la inmersión lingüística, pero sin arriesgarse a incurrir en una posible desobediencia. La reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 -un pacto entre Junts, Esquerra, PSC y los comunes- anunciada este jueves supone un paso más en esa dirección. El texto dado a conocer evita fijar porcentajes, pero será empleado ante el tribunal como argumento para tratar de justificar que está cumpliendo con sus exigencias.
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A diferencia del redactado de 1998, el nuevo texto señala que, pese a que el catalán es lengua vehicular, “también es utilizado el castellano”. El uso de la lengua castellana lo fijarán los proyectos lingüísticos de cada centro, aunque con una premisa: ambas lenguas han de tener “garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro”. El texto va en línea con la sentencia cuando dice que esos proyectos también deberán adaptarse en función de la “situación sociolingüística” de cada centro educativo.
La gran pregunta es si ese rearme jurídico -que no aborda la cuestión del porcentaje- será suficiente para convencer al TSJC. La sentencia de 2020 indicaba que la Generalitat estaba obligada, esencialmente, a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar en el sistema educativo de Cataluña un uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales”. Pero insistía en marcar, en línea con la jurisprudencia, un umbral por debajo del cual la actuación de la Generalitat estaría fuera de la ley: el 25%.
Un decreto y una encuesta
El rearme jurídico se completa con el anuncio, por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de que el Govern prepara un nuevo decreto para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Hace unos días, además, el síndic de greuges, Rafael Ribó, hizo público un informe según el cual ninguno de los idiomas es “residual”: el catalán se usa durante el 66% de la jornada escolar y el castellano, durante el 33%. El informe está basado en una encuesta a más de 52.000 alumnos de primaria y ESO e incluye también el uso de las lenguas fuera del aula (por ejemplo, en el patio).
Una vez vencido el plazo para la ejecución voluntaria de la sentencia, las partes presentes en el procedimiento judicial pueden solicitar su ejecución forzosa. La Abogacía del Estado, que actúa en nombre del Ministerio de Educación en el proceso judicial, podría hacerlo. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha soslayado ese punto y ha recordado que el cumplimiento corresponde “en exclusiva” a la Generalitat. La ley, sin embargo, prevé que cualquier “persona afectada” (sea física o jurídica) pueda dar el paso siempre que el tribunal considere que tiene legitimidad para ello. Las asociaciones que defienden el uso del castellano en la escuela, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya han anunciado que pedirán la ejecución de la sentencia.
Si la Sección Quinta del TSJC -que dictó la resolución- considera que esa u otras entidades están legitimadas, iniciará el proceso de ejecución. Y una de las primeras cosas que tendrá que hacer será preguntar al Departamento de Educación si ha cumplido con el contenido de la sentencia. Será entonces cuando el Gobierno catalán tendrá que poner en marcha su maquinaria jurídica. Aunque también tiene la opción de anticiparse y presentar un escrito ante el tribunal explicando qué está haciendo para hacer cumplir la sentencia.
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