Es uno de los grandes agujeros informativos de esta pandemia y ha tenido que pasar casi un año para, al fin, conocer la cifra oficial de mayores que vivían en residencias y han perdido la vida debido al coronavirus. Son 29.408, según datos de las comunidades autónomas recabados y sistematizados conjuntamente por los ministerios de Derechos Sociales, de Sanidad y de Ciencia hasta el 21 de febrero. En este tiempo han fallecido en las residencias de servicios sociales, que incluyen las de personas con discapacidad y otros alojamientos colectivos, 29.782 personas. Estas cifras confirman el altísimo impacto de la pandemia en los geriátricos, donde viven las personas más vulnerables al virus, por su edad y por sus pluripatologías. A partir de ahora, los datos se publicarán semanalmente, los viernes, según fuentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del departamento que dirige Pablo Iglesias. Se trata de datos provisionales, precisan estas fuentes, dado que la información de las autonomías se depura y se homogeiniza.
Desde el mes de marzo al 22 de junio del año pasado, los 19.835 fallecimientos en residencias de mayores, bien con covid confirmada o con síntomas compatibles (9.859), duplican las 9.573 muertes notificadas del 23 de junio al 21 de febrero de 2021. De ellas, más de 3.000 se han contabilizado este año. En toda la pandemia se han registrado 86.219 contagios en estos centros, de los cuales cerca de 69.000 corresponden a 2020. Ese año, el 23,7% de los mayores que había dado positivo en una prueba falleció. Aunque entonces había un gran infradiagnóstico, por lo que muchos mayores pasaron la covid sin que estén contabilizados en ningún registro. En lo que llevamos de 2021 han fallecido el 18,7% de los contagiados en estos centros. “Se ven tres momentos clave, una primera fase entre marzo y junio, donde se produce un ataque severísimo en residencias de mayores. A partir de ahí, hay más medios, se mejora la información y con el trabajo realizado en medidas de prevención y la labor en los centros, aunque el impacto es grave, se contuvo mucho. Y hay una tercera etapa a partir de finales de enero, un mes después de Navidad, cuando comienza a apreciarse el efecto de la vacunación”, explican fuentes del Imserso.
Desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de febrero, murieron en España 67.101 personas con el diagnóstico de covid confirmada, según los datos de Sanidad. Esta cifra es difícilmente comparable con la de fallecimientos en residencias, dado que en la primera oleada hubo muchos decesos que quedaron fuera de los registros oficiales al carecer de una prueba diagnóstica. De marzo a junio, el Imserso calculó que aproximadamente la mitad de las muertes correspondían a residencias. Pero la comparación sí puede hacerse a partir de junio y hasta el 21 de febrero, cuando mejoran la capacidad diagnóstica y los datos: las 9.782 muertes de mayores que vivían en geriátricos suponen una de cada cuatro de las 38.776 notificadas por Sanidad en este periodo.
Para analizar la evolución del virus en las residencias, hasta este momento era preciso recurrir a las comunidades autónomas. Cada una de ellas aporta las cifras de una forma, lo cual las hace difícilmente comparables. Según el último recuento de este diario, de principios de febrero, cerca de 29.800 personas que vivían en residencias de servicios sociales habían fallecido debido al virus. La diferencia con los datos facilitados este martes se debe a que el Gobierno ha depurado las cifras de las autonomías y continuará haciéndolo. De hecho, en el informe se precisan carencias de datos en siete comunidades, entre ellas Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Estas son precisamente las autonomías con mayor número de fallecimientos en estos centros, bien con covid confirmada o con síntomas compatibles, junto a Castilla y León. Fueron 6.187 en Madrid, 5.418 en Cataluña, 3.987 en Castilla y León y 2.803 en Castilla-La Mancha.
“A las residencias se las dejó para muy tarde”
En este tiempo se han ido sucediendo los números: decenas, cientos, miles de contagios; decenas, cientos, miles de muertes. “Hay una cierta anestesia social”, dice indignada Eloísa del Pino, investigadora del CSIC. Los fallecimientos en estos centros equivalen a que una tragedia como la del Titanic se hubiera repetido 20 veces en España. Detrás de cada cifra hay una historia, muchos mayores que fallecieron solos, sobre todo al principio.
Los datos son un espejo de la crisis sanitaria. De marzo a junio, la calidad de las cifras es muy limitada. En lo peor de la pandemia, cuando no había equipos de protección individual y escaseaban las pruebas de detección, las residencias fueron el epicentro de la crisis. Entonces la lucha contra el virus se libraba a ciegas, solo se diagnosticaban los casos más graves, los asintomáticos pasaban desapercibidos, muchísimas personas murieron con sintomatología compatible con la covid, pero sin que quedara acreditado que efectivamente la padecían. Falló la coordinación sociosanitaria, el sistema de salud colapsó en las autonomías más golpeadas y muchos ancianos murieron sin la atención médica que precisaban, incluso trascendieron protocolos que restringían la derivación hospitalaria de quienes vivían en geriátricos.
“A las residencias se las dejó para muy tarde y fue un error enorme. He hablado con mucha gente de los centros: me dicen que se ha muerto gente que no debería haber fallecido, mayores que podrían haber vivido más años. Y, sobre todo en la primera parte de la pandemia, se han muerto en muy malas condiciones, no solo porque no estaban con su familia, sino porque no tenían respiradores…”, explica Del Pino, que dirige el proyecto Mc Covid-19, que analiza la gestión de los Gobiernos y las propias residencias en 15 países de la UE.
Su principal conclusión en España es que en la primera oleada hubo una “descoordinación muy acusada entre el sistema sanitario y los servicios sociales”. Explica que los “protocolos que diseñaba Sanidad eran difícilmente aplicables en residencias, que no funcionan como los hospitales”, y que la descoordinación se notó “entre los ministerios de ambos ramos, entre las consejerías y en la relación de los propios centros y el sistema de salud”. Algo que, asegura, ha ido mejorando.
Con el tiempo llegaron el material y los test, se aumentó la capacidad diagnóstica, los centros ganaron en prevención y la calidad de los datos mejoró. Del 23 de junio al 3 de enero fallecieron 6.305 mayores. De esa fecha al 21 de febrero, 3.268. Solo en un mes y medio, la mitad de decesos que en los seis meses anteriores: algo que refleja la fuerza de la tercera oleada respecto a la segunda oleada. Los expertos apuntan que, aun con medidas de protección, si hay una alta incidencia en el exterior de las residencias, es fácil que se cuele en los centros. Ahora, cuando la tercera ola está remitiendo y han pasado dos meses desde que se inició la campaña de vacunación, empieza ya a apreciarse el efecto en los centros. En la semana del 15 al 21 de febrero, el 2% de las más de 5.400 residencias tenían al menos un caso. En ese periodo se contabilizaron 215 contagios en geriátricos, frente a los 4.502 de la semana del 11 al 17 de enero.
“La pandemia ha sido muy larga y la situación ha ido variando. Pero, aun con las diferencias entre oleadas, las residencias han sido especialmente golpeadas porque agrupan a mayores de 80 años, muchos con patologías previas; son lugares donde hay muchos trabajadores que entran y salen y son vectores de transmisión y los residentes hacen una vida en común, comparten espacios, utensilios…”, explica Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SIIS.
Él monitorea desde hace meses, junto a Adelina Comas-Herrera y otros investigadores europeos, las cifras sobre mortalidad en estos centros. La situación en España no es excepcional. “Calculamos que somos de los países donde ha fallecido un porcentaje mayor de residentes, entre un 7% y un 9%, pero hay países como Bélgica y Escocia [parte del Reino Unido], que pasan del 9%. Y muchos andan en torno al 4% o 5%”, sostiene Zalakain. Eloísa del Pino pide una evaluación multidisciplinar de lo ocurrido en la pandemia: “Hay que analizar qué mecanismos han funcionado y cuáles han fallado, pero hacerlo solo desde la perspectiva sanitaria implicaría caer en el mismo error”.
Una promesa de primavera
No fue hasta el mes de noviembre cuando trascendió la primera estimación oficial que cuantificaba el drama en las residencias durante la primera oleada: 20.268 personas fallecieron entre marzo y el 23 de junio, bien con covid confirmada o con síntomas compatibles. El dato consta en un informe del grupo de trabajo de residencias impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, en el que se sentaban las autonomías y el Imserso. Entonces se dibujó la “tormenta perfecta” que influyó en la dureza de la primera oleada en estos centros.
El departamento que dirige Pablo Iglesias acordó con las comunidades a principios de diciembre dar datos semanales sobre la situación de la covid en las residencias, especificando por tipo de alojamiento colectivo. “No podíamos recabar esas cifras hasta que no se llegara a un acuerdo con las autonomías porque no tenemos competencias para ello”, explican fuentes del Imserso. Ahora comienzan a publicarse estas cifras, tras adaptarlas a los criterios solicitados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.
Pero la primera promesa de hacer pública esta información se remonta al principio de la crisis sanitaria. A finales de marzo, el Ministerio de Sanidad emitió una orden por la que exigía a las autonomías informar dos veces en semana de los decesos en estos centros. En primavera tanto Salvador Illa, el entonces ministro, como Pedro Sánchez aseguraron que se informaría de esos datos. No se hizo y, según reconoció el Ministerio de Sanidad en un informe interno, las cifras de las autonomías eran de escasa calidad. Tras decaer el primer estado de alarma, las comunidades dejaron de enviar información. No existía un sistema de información.
El siguiente compromiso de publicar los datos llegó en agosto, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que dijo que en septiembre estaría listo un sistema de vigilancia que aportaría información en tiempo real de lo que ocurría en las residencias, algo que pasaba por elaborar un censo de residencias que no se ha podido desarrollar. A la tercera ha ido la vencida.
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