El químico español Hugo Gutiérrez, en los servidores de cálculo de la Universidad de Upsala (Suecia).H. G.
Los científicos en España están afectados desde hace años por una maraña de burocracia que les ha impedido comprar sillas, les ha obligado a devolver dinero que ya tenían concedido o rebasar los cuarenta años sin tener un contrato fijo. A pesar de los intentos del Gobierno por solucionar estos problemas, siguen sucediendo situaciones “sangrantes”, como las define el científico ovetense Hugo Gutiérrez de Terán. Este especialista en computación para la búsqueda de nuevos fármacos afronta su vuelta a España tras años de investigación en Suecia y tiene que tragarse el sapo de que el Gobierno no reconoce el tiempo trabajado fuera de España.
“Salir de tu país es esencial para cualquier científico que se precie, pero la nueva normativa del Gobierno penaliza a los que, como yo, hemos pasado años trabajando en centros extranjeros”, clama este farmacéutico de 45 años.
Según los cálculos de Gutiérrez de Terán, el Gobierno no valora su tiempo de investigación de los últimos 22 años: 12 en la Universidad de Upsala (Suecia), 6 en la de Santiago de Compostela y 4 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, lo que supone unos 6.000 euros menos cada año de sueldo partiendo de un salario base de unos 35.000 euros, que ya es menos de la mitad del que cobra en Suecia. A partir de 2022, se incorporará al Instituto de Química Avanzada de Cataluña de Barcelona, donde se mudará con su mujer y dos hijas para seguir estudiando nuevas moléculas capaces de tratar el cáncer o el párkinson. “Al principio, cuando te vas al extranjero, no contemplas la opción de volver. Pasan los años, lo piensas y al final decides hacerlo con ilusión, pero empiezas a ver los problemas. Y hay que decir que yo no vuelvo a casa, a Asturias, sino que me voy a Barcelona, una de las ciudades más caras de España, por razones profesionales, para continuar mi carrera científica”, lamenta.
Unos 200 investigadores con el mismo problema escribieron una carta al Ministerio de Ciencia denunciando esta situación en octubre de 2021. Les apoyaban los directores de 51 centros de investigación de toda España. Existe “una desigualdad evidente” entre científicos que puede ser “muy negativa” para los centros de investigación españoles a la hora de atraer talento, denuncian en la misiva, dirigida a Raquel Yotti, secretaria general de investigación y mano derecha de la ministra, Diana Morant, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los firmantes aseguran que no han obtenido respuesta.
Los responsables de evaluar la actividad investigadora del CSIC, el mayor organismo público de investigación del país, también han alertado de este problema a su presidenta, Rosa Menéndez. Se muestran sorprendidos porque hasta 2019 el problema no existía: los años de ciencia en otros países y los desarrollados en universidades o fundaciones españolas sí se tenían en cuenta en el cómputo del sueldo total de un científico que ganaba una plaza por oposición. En abril de 2019, el Ministerio de Ciencia, entonces dirigido por el astronauta Pedro Duque, cambió la normativa, de forma que solo los investigadores que hubieran desarrollado su labor en Organismos Públicos de Investigación podían acceder a este reconocimiento. Quedaron fuera los científicos de universidades y centros tecnológicos de comunidades autónomas, fundaciones y aquellos que trabajasen fuera de España, aunque hubiesen pasado décadas investigando en los laboratorios más prestigiosos del mundo.
El biólogo estructural Daniel Castaño manejando un microscopio electrónico de transmisión.D. C.
“Por el hecho de volver a España, estoy aceptando un sueldo unas tres veces menor que el que tengo ahora”, explica Daniel Castaño, especialista en matemática aplicada al estudio de la estructura de proteínas de 47 años, “y eso lo asumo, pero es que además el no poder acceder a esos complementos por méritos de investigación supone que cobraré hasta 7.500 euros menos que otro científico que no haya salido de la red de Organismos Públicos de Investigación en España”. Tras 25 años de estudios e investigación profesional primero en universidades españolas y después en prestigiosos centros de Alemania, como el EMBL o el Max Planck, y Suiza—actualmente tiene una plaza permanente en la Universidad de Basilea—, Castaño decidió presentarse a una oposición para regresar a España. Consiguió la plaza en 2020 para entrar de científico titular en el Instituto Biofisika, cerca de Bilbao, aunque no se incorporará hasta 2022 por el dilatado proceso administrativo. “Esto es una penalización a la movilidad de los investigadores, tanto nacional como internacional, que dificulta la atracción de talento y va en contra del espíritu de la propia ley de la ciencia”, resalta.
Las sociedades científicas españolas (Cosce), la agrupación de los centros de investigación más punteros del país (Somma), la asociación de investigadores españoles en el extranjero (Raicex) y organizaciones sindicales como CC OO han mostrado también su rechazo ante esta situación.
Contactado por este diario, el Ministerio de Ciencia ha reconocido que existe el problema y está estudiando soluciones.
En los próximos días se abre una posibilidad legal para solventar este problema. El Gobierno aprobará el martes y va a llevar al Parlamento después su nueva ley de la ciencia, una reforma de la ley original aprobada en 2011 durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella norma ya nació con la voluntad de dar estabilidad y seguridad laboral a los científicos, sobre todo a los más jóvenes, pero no lo logró. Ahora, el Ministerio de Ciencia de Diana Morant ha preparado una reforma de la ley para mejorar la situación laboral de los científicos. La normativa no incluye ninguna modificación sobre los complementos salariales, pero en su carta, los 200 científicos y 51 directores de centros piden que se aproveche el trámite parlamentario y que los grupos aprueben una modificación que tenga en cuenta los méritos llevados a cabo en universidades y centros tecnológicos tanto de España como del extranjero.
La propia ley que Morant llevará al Congreso tiene como objetivo hacer que vuelvan los cerebros emigrados. “Entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores y un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España”, reza el preámbulo de la norma. La reforma legal crea un nuevo modelo de carrera científica funcionarial “inspirado en el modelo anglosajón denominado ‘tenure track’, diseñado para facilitar la reducción de la edad de incorporación al sistema y la endogamia”, según el borrador del proyecto. La paradoja es que se pretende que vuelvan científicos de élite del extranjero dándoles un reconocimiento de sus méritos inferior al de investigadores que llevan años en un mismo puesto, lo que premia la endogamia, según denuncian los investigadores.
La propia normativa del ministerio concede lo que niega. Parece una paradoja, pero en el BOE es posible. Los científicos en el extranjero tienen derecho a cobrar sexenios, suplementos salariales concedidos por una comisión de expertos independientes en función de la calidad de las investigaciones que hayan hecho hasta el momento. Cada seis años se obtiene un sexenio, que supone unos 1.500 euros anuales más de sueldo independientemente de dónde se hayan realizado las investigaciones. También existen quinquenios, que premian la excelencia investigadora en periodos de cinco años con una cantidad similar. Hasta 2019, el CSIC los concedía sin importar el país de investigación. Pero en 2019 la normativa del ministerio bloqueó esta posibilidad y así continúa.
“Esta medida va contra el espíritu de la investigación”, opina Carmen García, miembro del comité asesor del CSIC para la evaluación de quinquenios y firmante de la carta enviada a Rosa Menéndez junto a otros 10 responsables de estas evaluaciones en el organismo. Esta física especialista en colisionadores de partículas empezó a trabajar en el CSIC en 1993. Su institución le reconoció el tiempo que pasó antes investigando en Reino Unido y en la Universidad de Valencia. “No entiendo por qué el ministerio ahora no quiere considerar este tipo de méritos: es muy fuerte porque hacen que los investigadores que hacen lo normal, salir de España, sean aspirantes de segunda frente a los que se quedan”, añade. Desde Suecia, Gutiérrez de Terán tampoco ve explicación clara. “O se les ha colado el error o es que falta presupuesto”, aventura.
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