Tensión en la frontera. Doug Doucey, el gobernador republicano de Arizona, ha decidido terminar su mandato redoblando su apuesta en uno de los mayores símbolos para los conservadores, la frontera con México. El mandatario local ha reforzado la línea, cerca de la comunidad de Yuma, con unos 3.000 contenedores, un gesto que supuestamente corta el flujo de inmigrantes en la región. Este miércoles, el Gobierno federal ha respondido a la polémica maniobra iniciada desde agosto, criticada por activistas y ecologistas por estar edificada en una reserva natural. El Departamento de Justicia ha demandado al Gobierno local, después de varios meses de estira y afloja, al considerar que la obra invade tierras federales.
Ducey culmina su mandato el próximo 5 de enero. Será entonces cuando tome las riendas del Estado la demócrata Katie Hobbs, quien ha puesto en duda la eficacia de la barrera metálica en la contención de la migración. Hobbs, una política moderada, ha dicho que está explorando las opciones sobre qué hacer una vez que llegue al poder el próximo año. Ha dicho que los contenedores podrían reutilizarse para que sirvan de vivienda temporal para los sin techo en ciudades que han registrado un aumento del problema, como Phoenix.
Washington advirtió el lunes a Arizona de que emprendería acciones legales en un tribunal de distrito federal porque la barrera metálica representaba “serios riesgos a la seguridad pública y daño ambiental”. El gobernador respondió un día después, asegurando que la verdadera crisis que ha motivado la construcción del muro ha sido la falta de acción de la Administración Biden para combatir la inmigración ilegal.
Doucey condiciona en su respuesta la colaboración de su Gobierno. Asegura que su Administración ayudará a retirar los contenedores, que planea extender a lo largo de 16 kilómetros, una vez que la Administración Biden termine el polémico muro físico levantado por Donald Trump. “El Departamento de Seguridad Interior dijo que comenzaría a llenar los huecos en el muro en diciembre de 2021. Hace un año”, recrimina Doucey.
“No hay información de cuando podría iniciar la construcción, a pesar de que varias agencias de Arizona han solicitado actualizaciones a sus contrapartes federales. Así que no ha quedado otra opción más que atender a la crisis en la frontera con una barrera temporal”, continúa el texto. A pesar de lo que sostiene Ducey, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha señalado que en enero comenzarán a bloquear los huecos en el muro con mallas y vehículos de la Patrulla Fronteriza.
Una de las zonas de disputa es una estrecha franja de terreno conocida como la Reserva Roosevelt. El presidente la creó en 1907 por razones de seguridad, para luchar contra los contrabandistas. El texto presidencial exige que la franja esté libre de obstrucciones. Ducey, sin embargo, afirma que la proclamación es inconstitucional porque no fue avalada por el Congreso.
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La Administración republicana de Arizona ha enviado en buses a la capital de Estados Unidos a más de 2.000 migrantes detenidos en la zona fronteriza. Este golpe de efecto, que sigue a una moda comenzada por los gobiernos de Texas y Florida, ha costado cinco millones de dólares desde octubre, de acuerdo con un contrato público obtenido por el periódico Arizona Central.
Ducey ordenó la controversial medida en un año que ha roto todos los registros de migración. La Administración de Biden reportó en octubre 2.3 millones de encuentros con inmigrantes ilegales en el último año fiscal (entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022). Esto representa un incremento anual de 37% impulsado por la llegada de más migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La cifra duplica los ingresos máximos registrados durante el mandato de Trump en 2019. La demanda de Washington llega el mismo día en que los medios estadounidenses han publicado imágenes de El Paso, Texas, donde decenas de personas están cruzando la frontera a días de que el Gobierno de Biden levante el Título 42, una medida que permite devolver migrantes en caliente y casi sin consecuencias legales.
Algunos legisladores del partido demócrata han celebrado la acción legal de Washington. “Necesitamos una acción inmediata dirigida al inútil e ilegal muro levantado en tierras federales y de tribus nativas”, afirmó el congresista Raúl Grijalva, presidente del comité de Recursos Naturales en el Capitolio, y quien ha criticado con dureza el gasto de 95 millones de dólares del presupuesto público para edificar la obra.
El polémico muro también ha recibido la condena de diversas organizaciones ecologistas, quienes argumentan que las personas no son las únicas que cruzan por la frontera, un límite imaginario para decenas de especies. Activistas afirman que los contenedores cortan un corredor que se extiende hasta las montañas Huachuca, afectando una zona de destino para jaguares y ocelotes que se mueven por ambos países.
El Centro de Diversidad Biológica, ubicado en Tucson, entró al pleito legal contra la barrera a inicios de diciembre. La organización ambientalista mostró el video, tomado en 2018 y 2019, de un ocelote caminando a menos de cuatro kilómetros de la zona donde hoy se levanta el muro de contenedores.
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