El expresidente de Bolivia Evo Morales, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte.Jair Cabrera / Paolo Aguilar
El Gobierno de Dina Boluarte busca un culpable de la indignación popular que recorre Perú en medio de la crisis provocada en su país el mes pasado tras su toma de poder. Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, producto de su intento de autogolpe. Desde hace un mes, la población se ha lanzado a las calles a reclamar en contra de su mandato. Y el Ejecutivo está probando suerte al señalar a Evo Morales, el expresidente de Bolivia. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha decretado la prohibición de ingreso en territorio peruano para Morales y ocho bolivianos más.
El documento alega que los bolivianos “ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”. En la víspera del comunicado, el primer ministro, Alberto Otárola, dio visos de rechazo hacia Evo Morales. “No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder, ni personaje se inmiscuya en los asuntos de Perú (…) afectando la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos”, señaló.
Hace poco se conoció que doce operadores políticos del exmandatario boliviano visitaron Perú en casi treinta ocasiones entre 2021 y 2022. Entre ellos se encuentran miembros del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), diputados y exfuncionarios de su Gobierno y hombres de su confianza.
La derecha peruana ha celebrado la decisión de Migraciones. Sostiene que se está haciendo respetar la soberanía del país y que la injerencia de Morales, con gran arraigo en el sur del Perú, ha sido inaceptable. En contraposición, la izquierda considera que el veto es arbitrario y solo sirve para echar más gasolina al fuego. Anahí Durand, la exministra de la Mujer, ha declarado: “Evo Morales es una figura crucial en Latinoamérica, pero culparlo de estar detrás de las protestas e impedir su ingreso a Perú es un despropósito que evidencia ignorancia y desprecio del régimen de Boluarte por su propio pueblo. Atiendan a la movilización y no busquen culpables externos”.
El premier Alberto Otárola, quien junto a Dina Boluarte y otros ministros, es investigado por la Fiscalía por la muerte de 28 ciudadanos durante las protestas de diciembre, ha remarcado su repudio hacia Morales: “No volverá a entrar más a nuestro Perú”.
El 7 de diciembre, Pedro Castillo, que gobernó el Perú desde mediados de 2021, fue removido de Palacio después de un frustrado intento de autogolpe. Dina Boluarte se cruzó la banda presidencial desde entonces por ser su primera vicepresidenta. Actualmente Castillo purga prisión preventiva por 18 meses, acusado de rebelión y de liderar una organización criminal.
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