WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden exhortó al Congreso el martes a que renueve un programa de vigilancia que se considera vital para contrarrestar el terrorismo, los ciberataques y las operaciones de espionaje desde el exterior.
El programa, creado por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés) otorga a las agencias de espionaje estadounidenses amplios poderes para vigilar y examinar las comunicaciones de extranjeros fuera de Estados Unidos.
Perderá vigencia a fin de año a menos que el Congreso lo renueve.
EL PROGRAMA DE ESPIONAJE TERMINA ESTE AÑO
Funcionarios del gobierno demócrata se preparan para un debate áspero en las cámaras, ya que los defensores de las libertades civiles se alinean con los republicanos para cuestionar el alcance de los poderes de espionaje del gobierno.
En un esfuerzo por responder preventivamente a las inquietudes sobre privacidad, funcionarios de inteligencia y seguridad nacional llevaron la discusión al ámbito público el martes con argumentos de que los poderes estatutarios en peligro de caducar han brindado información importante sobre ataques con “ransomware” (software extorsionista) a instalaciones cruciales de infraestructura, desbaratado intentos de reclutar espías y contribuido al asesinato de Ayman al-Zawahri, un líder de Al Qaeda, con un dron en agosto pasado.
Lo más contencioso es una cláusula de FISA llamada Sección 702, que permite a las agencias de espionaje recolectar enormes cantidades de comunicaciones extranjeras.
Los defensores de los derechos cívicos la cuestionan porque permite incidentalmente recolectar información de estadounidenses cuando tienen contacto con extranjeros que están bajo vigilancia.
La Sección 702 fue agregada a FISA en 2008 y renovada por seis años en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump, un crítico habitualmente feroz de las agencias de inteligencia, tuiteó su oposición al programa, pero luego se retractó.
La pugna por la renovación este año se produce en un clima político polarizado en que los republicanos, todavía furiosos con el FBI por sus errores al investigar los lazos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016, se presentan como escépticos de la necesidad de darle al gobierno amplios poderes de espionaje y sostienen que los poderes se prestan a los abusos y excesos.
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