Rogelio Muñiz Toledo
“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”: Refrán popular.
“Abrimos la puerta a los derechos”, este es el mensaje central de la publicidad con la que Claudia Sheinbaum se promociona con motivo de su primer informe de gestión. La realidad es que en su administración no se le ha “abierto la puerta a los derechos”, como presume la Jefa de Gobierno. Como se desprende del contenido de su informe, poco se ha hecho para avanzar en la progresividad y la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México e incluso han habido graves casos de regresividad, como la desaparición de la pensión alimentaria para personas adultas mayores. Su administración y el Congreso de la Ciudad de México le han cerrado el paso al ejercicio pleno de muchos de los derechos reconocidos en la Constitución.
Dos de las primeras decisiones al inicio de su administración -trascendentales por la gravedad de sus consecuencias al ser regresivas en materia de derechos- fueron suprimir tres programas sociales dirigidos a grupos de atención prioritaria -adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes- con los que se garantizaban derechos de fuente constitucional e impulsar, por medio de la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, reformas constitucionales y legales para aplazar y suspender el ejercicio de otros derechos.
En la sesión en la que la Jefa de Gobierno compareció con motivo de su primer informe de gestión, el Coordinador de Morena en el Congreso afirmó que el cambio en la Ciudad de México “no tiene reversa”. Recurso retórico alejado de la realidad. Con la supresión de programas sociales se dio marcha atrás a la garantía y al ejercicio de derechos reconocidos desde hace más de una década en la Ciudad de México, de los que además fue pionera, y con las reformas constitucionales y legales para aplazar y suspender derechos se frenó el cambio de régimen y la progresividad de los derechos.
La desaparición de la pensión alimentaria para las personas adultas mayores es tal vez la decisión de esta administración que tiene el mayor grado de regresividad. Ha significado una importante disminución en el nivel de tutela de este derecho y una reducción sustancial en los ingresos de los beneficiarios. A pesar de su incorporación al programa del Gobierno Federal, al dejar de recibir la pensión del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 los titulares de este derecho vieron disminuido su ingreso en un monto aproximado de $500 mensuales, si lo comparamos con 2018, o de $1,200 mensuales, comparado con el primer trimestre de este año. A lo que habría que sumar la grave afectación causada a muchos de ellos por la suspensión de los depósitos de su pensión durante varios meses, debido a la ineficacia de los gobiernos federal y local al trasladar el padrón de beneficiarios al programa federal.
Desde la campaña electoral Sheinbaum mostró poco interés por los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México y ya como Jefa de Gobierno ha dejado claro que la garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente no ha sido la prioridad de su administración. Como lo dijo en el mensaje con motivo de su primer informe, hacer de la Ciudad de México una ciudad de derechos es uno de los ejes de su programa y no el hilo conductor del mismo, como se esperaría de un gobierno que tiene el mandato constitucional de implementar una constitución innovadora en materia de derechos y cuyo fundamento es la protección de los derechos humanos.
En los principales discursos de la Jefa de Gobierno es difícil encontrar referencias a la Constitución de la Ciudad de México; en su mensaje de toma de posesión, en sus discursos con motivo de los 100 y los 200 días de su administración y en su primer informe solo se refirió a la Constitución en dos, seis, tres y dos ocasiones, respectivamente, y de ellas solo cuatro están relacionadas con acciones concretas de implementación de la Constitución y dos de ellas son solo de carácter informativo.
En el apartado de su informe relativo a la igualdad de derechos, la Jefa de Gobierno se refiere fundamentalmente a la desaparición de programas sociales por considerar que eran clientelares y al fortalecimiento de otros existentes desde sexenios anteriores: el programa de apoyo para útiles y uniformes escolares y el programa “Niñas y niños talento” que fue sustituido por “Mi Beca para Empezar”, en los que se incrementó el nivel de protección; en ambos casos aumentaron los montos del apoyo económico otorgado a los beneficiarios y en el segundo se incrementó significativamente la cobertura al darle carácter universal. En estos nueve meses no hay mucho más que informar en materia de progresividad de los derechos.
En su informe son escasas las referencias a derechos específicos -no más de cinco, tres de los cuales han dejado de tener efectividad porque su administración desapareció los programas sociales que garantizaban su ejercicio- y no aparecen los innovadores derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, cuya protección y garantía es obligación de todas las autoridades locales, ni se abordan temas como la creación de los sistemas: integral de derechos humanos, de bienestar social y desarrollo económico distributivo y general de bienestar social; la implementación de los mecanismos para hacer efectivos el derecho al mínimo vital, como parte del derecho a la vida digna, o el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria.
En su informe, la Jefa de Gobierno justifica la desaparición de dieciséis programas sociales porque afirma que “estaban dedicados a la clientela política”; de ser el caso, indudablemente la supresión de los programas habría sido una acertada decisión de política pública; pero omite referirse a la implementación de las disposiciones constitucionales que obligan a su administración a la existencia de criterios y procedimientos para la operación de los programas sociales, las transferencias monetarias y los demás instrumentos de política social y parece olvidar que la mejor forma de evitar el clientelismo político y el uso electoral de los programas sociales es garantizando que su establecimiento y operación sean parte de la implementación de derechos y no de decisiones políticas del gobernante en turno.
Como lo había hecho en su mensaje con motivo de los 200 días de su administración, en su informe la Jefa de Gobierno volvió a caer en un exceso retórico debido a un desmedido afán protagónico en el proceso de cambio político en la Ciudad de México, al que ella realmente se resiste, o al desconocimiento de la historia reciente de la ciudad que pretende gobernar. Como en aquella ocasión, ahora ante las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que en los nueve meses de su administración “se ha restablecido la democracia y la libertad de expresión y reunión”; sentencia temeraria que, de sostenerse, llevaría al absurdo de considerar que su elección y la de las y los legisladores ante los que compareció, no fueron democráticas. Convendría que recordara estas palabras de Octavio Paz: “Las palabras son puentes. También son trampas, jaulas, pozos”.
Si las y los ciudadanos no dicen otra cosa en 2021, a Claudia Sheinbaum le esperan cinco años más al frente del gobierno, en los que deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la Ciudad de México, destacadamente los mandatos de la Asamblea Constituyente para garantizar su implementación, y, tal vez, decidirse a gobernar y no solo a administrar el Gobierno de la Ciudad de México.
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