Al menos 11 funcionarios ganan más que Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha revelado el informe Quién es quién en los salarios, solicitado por el propio mandatario la semana pasada y dado a conocer en la conferencia de prensa de este lunes. En México, ningún servidor público puede tener un salario superior al del presidente, de acuerdo con lo que estipula la Ley de Austeridad Republicana, que entró en vigor a finales de 2019 y fue promovida por el Ejecutivo. El reporte se enmarca en la cruzada contra lo que López Obrador ha calificado como una “burocracia dorada” y supone un nuevo choque con los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ha terminado por salpicar también a funcionarios que fueron nombrados por esta Administración para ocupar esos cargos, como a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Victoria Rodríguez Ceja, presidenta del Banco de México (Banxico), y Graciela Márquez, al frente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los principales señalados son los altos mandos del Poder Judicial, según el informe. Los consejeros de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Electoral de la Federación ganan 286.600 pesos, unos 14.000 dólares, más del doble que los 136.500 pesos que percibe López Obrador cada mes. Un poco más abajo están los 284.500 pesos que recibe el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa gana poco más de 141.000 pesos.
Rodríguez Ceja, que dejó la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda en diciembre pasado para asumir como presidenta de Banxico, gana 248.500 pesos. La titular del banco central se amparó para poder tener esa remuneración, según Quién es quién en los salarios. Otros funcionarios que presentaron un amparo a la ley de remuneraciones fueron el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, con un sueldo aprobado de 240.500 pesos; la dirección de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece, 206.400 pesos); el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 197.700 pesos), y Márquez (149.700 pesos), al frente del Inegi desde el 1 de enero de este año. En los casos del IFT y la Cofece, los titulares ocupan el puesto por suplencia o vacancia, no han sido nombrados formalmente. La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Blanca Lilia Ibarra, gana 151.300 pesos y Gertz Manero, 146.600 pesos.
Llamó la atención que el encargado de reunir y presentar la información fuera Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sheffield tiene una sección semanal en la conferencia presidencial para exhibir a las estaciones de servicio que ofrecen gasolina y combustibles a precios más altos que el resto, y ha tenido protagonismo a últimas fechas por dar seguimiento a los costos de los productos básicos en medio de la inflación que enfrenta el país este año, por encima del 8%.
“Vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos”, dijo el presidente el pasado lunes. “Vamos a invitar a Ricardo Sheffield, para que nos ayude a ver quién es quién en los sueldos. Ahí te lo encargo, ¿no?”, espetó el mandatario. Pese a que a priori no tiene nada qué ver con este tema, Sheffield entregó el informe sobre “quiénes son los más pasados de rosca”, en sus palabras. El formato escogido es un híbrido entre la comparativa de las gasolineras y el Quién es quién en las mentiras, una sección que el Gobierno utiliza para responder y rivalizar con sus críticos, solo que ahora agita la discusión de los sueldos públicos con la escalada de precios como telón de fondo.
El nuevo dardo de López Obrador apunta a dos blancos: las supuestas violaciones a la Constitución por lo que llamó “sueldos elevadísimos” y su desconfianza crónica a los organismos autónomos que, según dijo, “fueron creados durante el periodo neoliberal” para defender “intereses creados”. Así lo explicó la semana pasada. No es la primera vez que el presidente pone en la mira las remuneraciones del INE, un argumento recurrente cuando el Instituto reclama que no tiene suficientes presupuesto para organizar las consultas impulsadas por el presidente como el referéndum sobre la revocación de mandato de abril pasado.
En una comparecencia de noviembre de 2021, Córdova fue cuestionado por diputados de Morena, el partido mayoritario en el Congreso, por su salario y no atenerse a la llamada “austeridad republicana”. El presidente del árbitro electoral reviró que fueron los propios legisladores quienes aprobaron que algunos funcionarios estuvieran exentos de la nueva ley: “Esta Cámara es quien lo autorizó”. Las excepciones vienen en los artículos transitorios de un decreto de reforma de 2009 y permiten mantener el salario que tenían antes de la entrada en vigor de la ley a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, distintos miembros del Poder Judicial y a los consejeros del INE. La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ratifica esa excepción también de forma transitoria, según se publicó en mayo del año pasado.
Pese a eso, la Administración de López Obrador ha sostenido que es “inmoral” cargar al erario público de sueldos elevados y que es un botón de muestra del despilfarro y la corrupción. En contraparte, la austeridad ha sido criticada por rayar en la “precariedad” en algunas dependencias, desde el equipo de cómputo e insumos básicos de oficina hasta el impacto en los sueldos y en el desempeño de las tareas. El salario mínimo vigente es de poco más de 172 pesos diarios a partir de este año y de 260 pesos en la zona fronteriza con Estados Unidos. En medio de la pugna por reformar a la autoridad electoral, reafirmar el poder de la figura presidencial y diluir el costo de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo vuelve a acudir a los símbolos.
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