Los dos sectores del Gobierno de coalición, el del PSOE y el de Unidas Podemos, han logrado un pacto sobre el documento que se envió ayer a Bruselas con sus planes en materia laboral que incluye las líneas generales del acuerdo de Gobierno que alcanzaron estos dos partidos en 2019, justo antes de la investidura de Pedro Sánchez, según fuentes del Ejecutivo conocedoras del documento final. Fuentes de los agentes sociales también señalan que el documento va en esa línea. Algunos elementos clave de ese acuerdo de Gobierno, como la reordenación de los tipos de contrato y el reforzamiento de la causalidad de los contratos temporales para impulsar que la contratación indefinida sea la forma habitual estarán en ese texto, según estas fuentes. También se incluye la idea de reforzar la negociación colectiva que quedó debilitada con la reforma del PP. Y se plantea la posibilidad de recuperar la ultraactividad de los convenios (que hace que si no hay acuerdo en la negociación se prorroga el convenio vigente, algo que suele favorecer a los trabajadores), el equilibrio entre los convenios de empresa y los sectoriales (la reforma del PP ponía por delante a los de empresa) y la necesidad de negociar entre la empresa y los trabajadores de cualquier modificación sustancial como una bajada de salario, algo fundamental en periodos de crisis como este. Son todas las cuestiones centrales que venían detalladas en el acuerdo de Gobierno, y que implican un giro respecto a la reforma del PP, aunque el texto enviado a Bruselas es más genérico que el que se pactó en diciembre de 2019, porque el nuevo documento es fruto de una larga negociación entre los dos sectores de la coalición. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado en rueda de prensa que el texto se ha enviado ya y que incluye las líneas generales de la reforma laboral que estaba en el acuerdo de Gobierno “y que el presidente Sánchez planteó en su discurso de investidura”. Esto es, después de meses de tensión interna, no hay marcha atrás con la reforma laboral.
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El Ejecutivo tiene previsto dar a conocer oficialmente esta tarde a los agentes sociales las líneas maestras del documento que ha enviado a Bruselas, pero algunas de ellas ya circulan internamente en el Gobierno y entre sindicatos y patronal. Se resuelve así una larga disputa interna en el Ejecutivo, en la que en algún momento pareció que el PSOE posponía sin fecha la reforma laboral que había pactado con Unidas Podemos. De momento es solo un texto de intenciones, y la concreción habrá que verla en las propuestas legislativas detalladas y listas para llevar al Congreso y que antes se discutirán en el diálogo social, pero el acuerdo político sobre este delicado asunto suaviza la tensión entre el PSOE y Unidas Podemos.
El Gobierno deja atrás el debate eterno sobre la derogación o no de la reforma laboral del PP de 2012, que ha desatado intensas polémicas entre los dos sectores del Ejecutivo. La tensión llegó al máximo en mayo de 2020, cuando el grupo socialista pactó con Bildu esa derogación, un acuerdo que finalmente se vio obligado a rectificar tras la presión tanto de la patronal como de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que rechazó en todo momento la idea de derogar la reforma del PP. El acuerdo del texto que se enviará a Bruselas ya no se centra en estas cuestiones nominalistas sino en el contenido de las reformas, según fuentes del Ejecutivo y de los agentes sociales, y es ahí donde se recuperan prácticamente todos los asuntos del acuerdo de Gobierno que hablaba de “un estatuto de los trabajadores del siglo XXI”. También estarán en el documento cuestiones sensibles como la subcontratación y su abuso, la regulación de los riders, o la revisión de las bonificaciones a la contratación y de las políticas activas de empleo, muy criticadas por su ineficacia. Además estará el asunto de la incorporación de los ERTE como fórmula alternativa al despido, una cuestión que ya ha sido pactada dentro del Gobierno y con los agentes sociales y que pretende evitar que con cada crisis las empresas ajusten con despidos, algo que en España sucede de forma mucho más dramática que en otros países europeos.
Ya no se hablará de derogar, una palabra que ha desatado todas las tensiones, pero sí de las reformas que tocan los elementos centrales de ese texto del PP de 2012. De hecho, el Ejecutivo ya había incluido esta reforma laboral en el llamado plan normativo, esto es la lista con las iniciativas legislativas prevista que aprueba el Consejo de Ministros. Antes de que estallara la pandemia, ya se habían iniciado las negociaciones con los agentes sociales sobre aspectos esenciales de esta reforma. En el documento que se enviará a Bruselas, que está especialmente interesada en esta cuestión, se justificarán todas estas reformas en la necesidad de tocar la legislación laboral para acabar con la dualidad del mercado español, donde viven dos mundos, el de los fijos con buenas condiciones y los temporales y precarios con pésimas realidades. Este es el gran problema del mercado laboral español que siempre denuncia Bruselas.
Más difícil el acuerdo en la reforma de las pensiones
Mucho más difícil parece alcanzar un acuerdo sobre el documento de pensiones, que también se ha enviado ya a Bruselas y que interesa especialmente a la Comisión Europea. La decisión del sector socialista del Gobierno de incluir en las promesas a la Comisión Europea la ampliación de 25 a 35 de los años para calcular la pensión rompió la negociación interna. Desde que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, envió esa propuesta a todos los ministerios económicos del Ejecutivo, que forman parte de la comisión delegada de asuntos económicos, la polémica interna no ha parado de crecer. El sector socialista buscaba una fórmula para aplacar a los sindicatos, que ya amenazan con movilizaciones. Aunque el documento aún no se conoce, y el secretismo del Gobierno en este asunto es total, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ante una pregunta específica, ha señalado que en la última versión que se envió a Bruselas “no lleva ninguna alteración de lo que actualmente existe” sobre los años de cálculo, esto es que se quedarían en los actuales 25, que ya supusieron una ampliación sobre los 15 anteriores. Si Escrivá ha decidido finalmente sacar del texto esa polémica cuestión, eso facilitaría la negociación interna del Gobierno y también la relación con los sindicatos, opuestos frontalmente a esta iniciativa, aunque complicará la negociación con Bruselas, que reclamaba alguna fórmula para compensar el aumento de gasto en pensiones que se produce por otros factores. En las últimas semanas había quedado muy claro que el PSOE no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso para aprobar una reforma como esa, no solo por la oposición de Unidas Podemos sino de otros muchos grupos, porque no puede contar además con el apoyo del PP. Las cosas quedan pues en el aire ante una compleja negociación futura.
El Gobierno está tratando de evitar la ruptura con los sindicatos y por eso ha organizado una cita hoy para explicarles las reformas que prometerá a Bruselas y tratar de disipar la desconfianza que percibe en los agentes sociales.
En cualquier caso, los documentos que se envían a Bruselas son solo unas líneas básicas de actuación. La batalla real dentro del Ejecutivo y en el diálogo social llegará cuando todas estas reformas lleguen al Congreso para convertirse efectivamente en textos legales y no compromisos en un papel sin mayor validez jurídica aunque sí con fuerte contenido político.
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