El Gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado este lunes un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. La fórmula actual de los ERTE por coronavirus se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, un mes más del marco regulador vigente —que concluye el 30 de septiembre— para permitir así que las empresas dispongan de más tiempo para preparar las solicitudes de los nuevos ERTE, que estarán vinculados a la formación y entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre. Las patronales, CEOE y Cepyme, se habían desmarcado del pacto en un inicio hasta conocer la valoración de sus órganos internos, que han secundado finalmente las líneas maestras contempladas en el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo.
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Esta bola extra de cuatro semanas ha salido adelante después de ser propuesta en un inicio por los sindicatos, quienes entendían que la alteración en las condiciones de este mecanismo de protección podía provocar un retraso en el reconocimiento de las solicitudes y que los trabajadores amparados en él hasta ese momento —253.969 a 15 de septiembre, pero que llegaron a ser 3,4 millones en lo peor de la pandemia— quedasen desprotegidos. La entrada en vigor de los nuevos ERTE, vinculados a la formación, se verá retrasada finalmente hasta el 1 de noviembre y su activación deberá ser solicitada por las empresas, puesto que su renovación no se producirá de manera automática. Su extensión final llegará hasta el 28 de febrero de 2022, un mes más de lo que el Gobierno había planteado en un inicio, algo que ha sido bien recibido por los sindicatos.
Fuentes del diálogo social aseguran que la negociación de la prórroga se ha dilatado “demasiado” en el tiempo. De hecho, consideran que las reiteradas ausencias del Ministerio de Seguridad Social en los últimos encuentros han sido la causa principal de que no se haya alcanzado un acuerdo hasta tan solo tres días antes de que concluyera el plazo actual. Con este movimiento, el acuerdo podrá ser refrendado este martes en el último Consejo de ministros del mes, y no será necesario llevar a cabo ninguna convocatoria extraordinaria, como ocurrió con el anterior acuerdo.
Aunque los contactos han sido muchos y reconocidos en las últimas semanas —también durante la jornada de este lunes—, los avances habían sido escasos. Y no porque las posiciones de unos y otros se hayan alojado a lo largo de la negociación en polos opuestos. Tan solo las patronales se han mostrado en todo momento contrarias a la línea argumental fijada por Seguridad Social: que las futuras exenciones permanecieran vinculadas a los planes de formación. Según ha defendido en todo momento el ministro del ramo, José Luis Escrivá, más de un tercio de los trabajadores actualmente en ERTE no se reincorporará a su puesto. De ahí que sean necesarios planes de formación que permitan su reubicación dentro del mercado laboral.
Bonificaciones de hasta el 80%
En un encuentro extraordinario organizado el domingo se debatieron algunos de los detalles que se encontraban pendientes de valoración, y que han sido finalmente reacondicionados. El Ejecutivo ha ofrecido finalmente, dentro de los ERTE de limitación de actividad, exenciones del 40% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 80% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarán el 50% sin formación y el 80% con formación. En los ERTE de impedimento de actividad, las exoneraciones para todas las empresas serán siempre del 100%.
La propuesta del Gobierno es que, para poder acogerse a las exenciones en sus cuotas, las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados dediquen un mínimo de 30 horas a acciones formativas. Para las que tienen 50 o más empleados ese requisito se elevaría hasta las 40 horas. Para ello habría que aumentar el crédito que se contempla en la ley del sistema de formación profesional para el empleo, que se nutre de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social.
Como si de un partido de tenis se tratase, algunos detalles complementarios dentro del cambio de paradigma de los ERTE han ido saltando de un lado al otro de la pista. Si en un comienzo el Gobierno señaló que el silencio administrativo, esto es, la ausencia de una respuesta a las nuevas peticiones, sería interpretado como un rechazo, ahora la situación es justo la contraria.
Dentro del acuerdo se mantiene que el montante de la prestación será del 70% de la base de cotización durante toda la vigencia del acuerdo, de la misma forma que se conservarán las condiciones para su acceso, incluso para quienes no tengan el tiempo requerido cotizado. Siguen igualmente presentes también la obligación del mantenimiento del empleo, la prohibición de realizar horas extras, las nuevas contratas o subcontratas, y la prohibición del reparto de dividendos.
El Gobierno, además, ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
Díaz: “Es difícil exigir formación a empresas pequeñitas”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que el nuevo modelo de ERTE deberá sentar las bases del modelo de protección laboral como alternativa al despido y potenciar la formación de los trabajadores cuando pase la pandemia. “Ya no estamos en una fase de hibernación de la economía, sino en una fase de recuperación muy poderosa”, enfatizó Sánchez desde Santander.
En cuanto a la extensión de la prórroga, fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aclaró que irá más allá de final de año. “Soy clara, los ERTE se van a prorrogar más allá de diciembre, hasta el 31 de enero, por tanto, tranquilidad: las empresas y los trabajadores pueden estar tranquilos”, defendió. Finalmente, los ERTE se extenderán hasta finales del próximo febrero de 2022.
En cuanto a la necesidad de que las empresas presenten un plan de formación para obtener beneficios en las exoneraciones, la también vicepresidenta dejó fuera de este requisito a las micropymes (menos de 10 trabajadores). “Es muy difícil en un tejido empresarial de pequeños autónomos, de pequeños profesionales, de pequeñitas empresas de uno o dos trabajadores, exigirles que despleguemos la formación”, dijo Díaz.
El diseño de los nuevos ERTE ha provocado que algunas empresas hayan reaccionado modificando sus peticiones y dirigiéndolas hacia los ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción). Es el caso de las compañías aéreas Iberia, Air Europa y Vueling, cuyos planes de suspensión temporal podrían repercutir sobre más de 19.000 trabajadores.