España inyectará 72.000 millones en tres años con los fondos europeos para reactivar la economía tras los estragos provocados por la covid, pero a cambio —nada es gratis— tiene que activar reformas ambiciosas. El Gobierno ya tiene esbozada esa agenda: en el documento Las reformas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrece activar ocho paquetes de medidas, incluidas las relativas a pensiones y los retoques en lo laboral. Ese plan se basa en las recomendaciones de la Comisión Europea, y España intensifica las reuniones en Bruselas para dar cuenta de sus líneas maestras.
Reforma es una palabra fetiche, un cajón de sastre —a menudo con un significante vacío y flotante que deliberadamente lleva a confundirla con recortes— con el que en la última década han lidiado Gobiernos de todos los colores. Desde la Gran Recesión, España ha aprobado siempre con el agua al cuello dos reformas de pensiones (2011 y 2013) y otras dos laborales, además de una profunda reestructuración financiera. La presión de los mercados y las duras condiciones del rescate a España obligaron a los Ejecutivos de PSOE y PP a acordar una serie de medidas asociadas a la devaluación interna que ayudaron a salir de la crisis, pero que provocaron también profundas cicatrices: las reformas suelen dejar ganadores en el largo plazo —que incluso no han nacido aún— y perdedores a la corta. Esta vez la presión es más leve, pero en parte procede del mismo lugar: Bruselas quiere ver reformas a cambio de los fondos europeos en los países que más se han resistido tradicionalmente a ellas, concentrados en el frente Sur.
Esbozadas ya en la Agenda del Cambio a finales de la legislatura pasada, el Ejecutivo identifica las siguientes en un documento de apenas nueve páginas:
1. Mercado de trabajo. Es el gran talón de Aquiles de la economía, con una tasa de paro media del 17% desde la Transición —una singularidad en Occidente—, niveles brutales de desempleo juvenil y larga duración y una precariedad lacerante: un 25% de contratos temporales, el doble que en la UE. El Ejecutivo ha dejado atrás la idea de derogar la reforma del PP, y aboga por reducir la dualidad y reforzar la inversión en capital humano con el énfasis en tres asuntos: transformar los expedientes de regulación temporal de empleo “en un sistema permanente de ajuste interno”, modernizar el Servicio Público de Empleo y reforzar las políticas activas.
El FMI va más lejos y recomienda a España hacer más atractivos los contratos indefinidos, además de usar fondos europeos para los costes de transición derivados de la introducción de la denominada mochila austriaca, un sistema de indemnización del despido con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales de cada trabajador, y que estos pueden rescatar cuando están en paro. Se llama “mochila” porque el trabajador no pierde ese dinero aunque cambie de empresa voluntariamente. Y se apellida “austriaca” porque fue en este país donde se activó por primera vez, en 2003.
2. Pensiones. El documento es bastante explícito en la reforma que Bruselas más va a mirar con lupa. El plan pasa por “la separación de las fuentes de financiación” (financiando con el Presupuesto los gastos impropios, que no son específicamente de pensiones, por importe de 12.000 millones en 2021). Por “aproximar la edad de jubilación efectiva a la legal mediante el desincentivo a la jubilación anticipada y el estímulo del trabajo sénior”, con un nuevo sistema de incentivos que no se detalla, pero que ya está sobre la mesa. Y por el alineamiento “de los autónomos al régimen general” de forma progresiva. Y apunta a desarrollar “un sistema complementario sólido de fondos de empleo en el ámbito empresarial o sectorial”. El Ejecutivo pretende dejar el gasto en pensiones por debajo del 15% del PIB a medio plazo, por debajo de Francia e Italia, según las fuentes consultadas.
3. Demografía empresarial. España pretende usar los fondos para “facilitar la creación de empresas, su crecimiento y reestructuración” ante el minifundismo empresarial, con una elevada porción de pymes y microempresas que limita la productividad y explica parte de las deficiencias en lo laboral. Economía quiere ganar competitividad con planes de internacionalización e I+D, y acometer políticas industriales para “apoyar la transformación de sectores productivos clave”, entre los que se citan turismo, automoción, alimentación, comercio, salud y energía. En ese capítulo se alude a una de las obsesiones de Bruselas: la unidad de mercado, con un marco regulatorio único que coordine las acciones de las autonomías. España se compromete a modificar la ley concursal (otra de las obsesiones de la Comisión) y a impulsar cambios normativos para reubicar las cadenas de valor en entornos más cercanos, como Macron en Francia.
4. Capital humano. La tasa de abandono escolar (17%) está muy por encima de las de Francia, Alemania o Italia (1%-3%). El documento destaca el Plan de impulso a la Formación Profesional, con 200.000 nuevas plazas hasta 2023, y el proyecto de ley de reforma educativa, con un impulso a la educación de 0 a 3 años y un Plan nacional de capacidades digitales.
5. Capital tecnológico. Economía incluye la Agenda España Digital 2025, pero sobre todo la modernización de la Administración pública, con cinco proyectos en ámbitos estratégicos: justicia, servicios públicos de desempleo, salud pública, gestión de consulados y administración territorial.
6. Ciencia e Innovación. España se compromete a alcanzar el mil veces prometido 2% del PIB en I+D+i, pese a que esa cifra está aún muy lejos (1,24% en 2018), a través de la estrategia nacional de Inteligencia Artificial y la renovación del Sistema Nacional de Salud, muy señalado por la covid.
7. Energía y medio ambiente. Para acelerar la transición ecológica, el Gobierno se compromete a retocar el marco regulatorio e introducir impuestos ambientales. El Gobierno incluye el despliegue masivo del parque de renovables, inversiones en infraestructuras eléctricas y una hoja de ruta del hidrógeno renovable.
8. Vertebración territorial. Pasa por un programa de rehabilitación de edificios, planes de movilidad urbana, el desarrollo de un sistema de pago “por uso de las carreteras de alta intensidad” y, entre otros asuntos, el cierre de los corredores pendientes: Mediterráneo, Atlántico, conexión con Portugal y puerto de Algeciras.
Sin pistas de los impuestos con el proyecto presupuestario listo
La presión fiscal (porcentaje de ingresos públicos sobre PIB) fue del 39% en 2018 frente a una media del 46% en la zona euro: pese a la matraca de los partidos conservadores, la recaudación de impuestos está muy por debajo de los usos occidentales. PSOE y Podemos pactaron en diciembre una reforma para poner en marcha un sistema “más equitativo, progresivo y justo”, y ese sigue siendo el objetivo de Economía, pero con la pandemia el Ejecutivo se conforma ahora con pequeños cambios a la espera de un proyecto de Presupuestos que se presentará esta semana: tasa digital, tasa Tobin, retoques al alza en el IVA (aunque son regresivos) y pequeños aumentos en el IRPF a las rentas altas y en Sociedades para las grandes empresas, así como nuevos impuestos medioambientales.
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