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El Gobierno ofrece su respaldo a las comunidades si piden el estado de alarma para contener el coronavirus


El parón ha sido casi total. El Gobierno lleva tres semanas tomando muy pocas decisiones. Pero ha aprovechado para rearmarse políticamente ante el arranque de temporada más duro desde que Pedro Sánchez es presidente, un otoño plagado de incendios políticos que afronta de lleno a partir de este martes: los rebrotes, la reapertura de los colegios, la crisis económica, la presión judicial a Podemos, la moción de censura de Vox… Sánchez se aferra al dinero europeo —los Presupuestos se preparan ya con ese colchón— y la opción de pactar con Cs. La coalición es irrompible, coinciden en el PSOE y Podemos, pero hay tensión interna.El presidente, Pedro Sánchez, ha decidido comparecer este martes al finalizar el Consejo de Ministros, algo que no estaba previsto, como forma de recuperar el protagonismo de la gestión de la crisis y para anunciar, según La Moncloa, decisiones sobre “política de cogobernanza y lucha conjunta contra la pandemia”. La oposición acusa a Sánchez de haber dejado todas las decisiones en manos de las comunidades y le exige que retome el control. La comparecencia parece una respuesta a esas críticas.La agenda del Consejo de Ministros que este martes abrirá la temporada política es una prueba de que el Ejecutivo ha parado casi por completo su actividad, exhausto después de los meses más duros en la vida política de cualquiera de sus miembros. En el orden del día previsto, salvo sorpresas, no hay ningún asunto potente. Tampoco la nueva ley de memoria que ultima la vicepresidenta Carmen Calvo.Sin embargo, sí se espera que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haga un informe detallado de la situación de la pandemia en España, el país con peores datos de Europa en este momento. Y a partir de ahí se analizará la situación política y el otoño que viene. Ni uno solo de la decena de ministros consultados en los últimos días minimiza la gravedad de la situación. Es el peor arranque en muchos años, lleno de incertidumbres, con una segunda ola de la pandemia en marcha y la posibilidad de que se complique cuando llegue el frío.Illa ha explicado internamente que, pese a todo, la situación no es ni de lejos parecida a la de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. El Gobierno rechaza de momento las presiones, sobre todo del PP, para que recupere el control político y evitar así el desgaste que están sufriendo algunas autonomías como Madrid, que han quedado en primera línea con unos datos muy malos y piden ahora que el Gobierno retome el control, lo contrario de lo que reclamaban en junio.Fuentes del Ejecutivo insisten en que eso no sucederá mientras la situación esté contenida, como creen que está ahora. Pero Illa y el equipo del presidente tienen listos los mecanismos por si fuera necesario dar ese salto. Solo un agravamiento muy fuerte podría hacer cambiar esa decisión política de fondo, pero la comparecencia de Sánchez abre paso a algunos posibles anuncios sobre nuevas fórmulas de cogobernanza.El Gobierno está especialmente concentrado en la situación económica. Y ahí se producirán las tensiones más fuertes entre algunos miembros del Ejecutivo dentro del bloque socialista y especialmente con los representantes de Unidas Podemos. La primera gran decisión es la ampliación o no de los ERTE, que decaen el 30 de septiembre. El Gobierno ha convocado a la cúpula de patronal y sindicatos el 4 de septiembre en Baleares, epicentro de la crisis del turismo. Y allí se negociará la extensión para este sector y otros especialmente afectados. Pero la prolongación de los ERTE supone un agujero importante para el erario público —que se hace cargo del coste de ese parón en las empresas—, así que la tensión entre el equipo económico del bloque socialista, liderado por Nadia Calviño, y el de Unidas Podemos, en manos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dominará las próximas semanas.Como telón de fondo estará la disputa por la reforma laboral, que tanto Unidas Podemos como los sindicatos y algunos sectores del PSOE quieren retocar para evitar que este otoño los trabajadores se enfrenten a una durísima crisis con la legislación aprobada por el PP en 2012. Calviño y la patronal insisten en que no es el momento para meterse ahí y apelan a Bruselas, porque creen que sería muy mal vista esa reforma por las instituciones europeas en un momento en que España, como Italia, está en manos del fondo de reconstrucción.Ese dinero es el gran colchón con el que ya se está preparando el Presupuesto de 2021, que el Gobierno quería sacar con ERC pero empieza a asumir cada vez más —aunque Unidas Podemos y sectores socialistas lo rechazan aún— que solo podrá salir con Ciudadanos.El rearme político pasa también por el compromiso que han cerrado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en varias conversaciones: no hay más opción de gobernabilidad que mantener la coalición, y es mejor ponerse de acuerdo porque ambos partidos pueden hacerse mucho daño entre ellos. La tensión, evidente, llegó viva al último consejo, el 4 de agosto, y forzó una reunión en la que varios ministros hablaron muy claro y expresaron algunos reproches importantes para concluir en esa idea: la coalición debe resistir.Algunos ministros socialistas señalan que la debilidad de Podemos tras sus malos resultados electorales en Galicia y el desgaste por la presión judicial que sufre —hay tres investigaciones que le afectan— harán que pierda peso en las decisiones, sobre todo las económicas. Además, insisten en que Iglesias no tiene más opción que aferrarse a la coalición.Pero tanto el grupo de Iglesias como otros ministros del PSOE señalan que el presidente y el líder de Unidas Podemos tienen un acuerdo de fondo muy sólido que da margen de decisión en cuestiones relevantes a Iglesias. Esa tensión interna marcará la gestión económica de la crisis y el equilibrio del Gobierno, pero todos los ministros consultados coinciden: si hay Presupuestos, la legislatura se consolidará para largo.


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