El Gobierno propone que las nuevas residencias tengan al menos un 65% de habitaciones individuales

La negociación para fijar los requisitos mínimos exigibles a los servicios de atención a la dependencia en toda España sigue en marcha. El Ministerio de Derechos Sociales tendrá que pactarlos con las comunidades autónomas, competentes en la materia, pero también los está discutiendo, por un lado, con patronales y sindicatos y, por otro, con asociaciones y expertos en el sector. Un borrador de trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, propone que las residencias que se construyan a partir de la entrada en vigor de estos cambios tengan un máximo de 90 plazas (un documento anterior las fijaba en 50) y al menos un 65% de las habitaciones individuales, y establece la creación de órganos de participación de los residentes. También indica que los centros se dividirán en unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que incluirán cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. El objetivo es que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar.

El departamento que dirige Ione Belarra planteó como una de las medidas a desarrollar dentro del plan de choque en dependencia aprobado el año pasado que se llegara a un nuevo acuerdo que fije los requisitos mínimos que deben cumplir en todo el país los servicios incluidos en el sistema. El acuerdo marco actual, publicado en 2008, es muy escueto. El objetivo es lograr uno nuevo durante el primer trimestre de este año. Debe aprobarlo el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que reúne a las autonomías y al ministerio. Si bien muchas comunidades están emprendiendo ya modificaciones normativas para fomentar un cambio en el modelo de atención, el ministerio tiene el papel de coordinación.

Fuentes de Derechos Sociales precisan que los borradores que han trascendido son documentos internos de trabajo, que seguirán sufriendo modificaciones. En el último documento, fechado este enero, se indica específicamente, por ejemplo, que aún está por decidir qué plazo se da a los servicios que ya operan en el sistema para adaptarse a los cambios. Y las ratios probablemente se seguirán discutiendo, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Lo que es seguro es que el borrador habla de un cambio en el modelo de atención. Dos de sus principios rectores serán la dignidad de los usuarios y la atención centrada en la persona. Se mencionan los servicios de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia. Todos deberán contar con una guía sobre la elaboración de planes personales de atención a cada usuario.

Respecto a las residencias, tanto de personas con discapacidad como de mayores, el borrador establece que los centros ya en funcionamiento o en proceso de acreditarse para operar dentro del sistema deberán contar con un plan de adecuación para dividirse en unidades independientes entre sí, de forma que ninguna supere las 90 plazas en un plazo aún por determinar. Tras hacerse público el pasado diciembre el anterior borrador, en el que se mencionaba que el tamaño máximo de los futuros centros se fijaría en 50 plazas, patronales de la dependencia criticaron que el modelo sería insostenible. En esta nueva versión se ha elevado. Según datos del CSIC, en 2020 más de la mitad de las plazas de residencias de mayores en España estaban en centros que superaban las 100. Las residencias ya construidas deberán disponer de al menos un 35% de habitaciones individuales, por lo que tendrán que adecuar su capacidad máxima.

Actualmente, no hay una indicación común para todo el país respecto al número de habitaciones individuales, y aunque hay comunidades que lo regulan (por ejemplo, una reciente ley navarra establece que en los centros de nueva construcción este porcentaje se eleva al 80%), otras no lo hacen. Las personas atendidas en el sistema de dependencia tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, que deberán acreditar con un plan específico. Las inmovilizaciones deben ser excepcionales y temporales, dado los riesgos que entrañan a nivel físico y emocional. En las últimas semanas se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados con correas en residencias. Según el nuevo borrador, tanto residencias como centros de día deberán comprometerse formalmente a tener un plan para cumplir esta exigencia.

Cada centro contará además con un órgano de participación directa de los residentes, que será elegido democráticamente y tendrá funciones asesoras, consultivas y de propuesta, algo que reivindicaba la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias que, sin embargo, reclama cambios en el documento: que se incluya también a familiares y más regulación para conseguir que este órgano realmente sea operativo. También se precisa que los residentes tienen que poder personalizar sus espacios y que los centros deben promover “al máximo” la incorporación de mobiliario y enseres personales, y facilitar la conexión a internet.

Se reforzará la formación del personal. Las ratios mínimas de atención directa, tanto de auxiliares y gerocultoras como de profesionales graduados en las ramas sanitaria y social, se calcularán teniendo en cuenta las jornadas completas de trabajo. Y se elevan respecto al anterior borrador: hasta alcanzar un 0,48 en 2025 en residencias de mayores (48 jornadas completas de trabajadores de atención directa por cada 100 residentes) y 0,58 en el caso de personas con discapacidad. El problema, en opinión de la plataforma de familiares, es que este cálculo puede significar una disminución del personal respecto a lo que se fijaba en el anterior borrador.

El motivo es que aquel primer documento establecía que las ratios de auxiliares y gerocultoras se calcularían sobre el total de plazas, pero ahora se precisa que se utilizará “el número de plazas ocupadas en el centro hasta el límite del 80% de las plazas acreditadas”. Es decir, que para determinar la ratio se contarán menos usuarios, según explican las familias. Se pasará a contar el nivel de ocupación en lugar del número de plazas. Fuentes conocedoras del borrador consideran que esta fórmula, que creen compleja, requiere más aclaración.

En los centros de día, las ratios disminuyen respecto al anterior documento y su capacidad máxima, que se fijaba en el anterior borrador en 100 plazas para los de nueva construcción, se reduce en este a 50. Los centros de día ya existentes deberán presentar un plan de adecuación que garantice “atención individualizada” en unidades independientes.

Los contactos con las partes implicadas en la negociación se están intensificando. Este martes se reúne la mesa de diálogo civil, que agrupa, además de a la plataforma de familiares, a entidades como el Consejo General del Trabajo Social, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La penúltima semana de enero se reunió la mesa de diálogo social, que agrupa a sindicatos y patronal, y está previsto que próximamente se vuelvan a reunir.

Carlos Bravo, de CC OO, cree necesario que se vincule parte de la financiación de la dependencia, que se ha visto incrementada en los dos últimos años, a este acuerdo, para que pueda implementarse, así como que se refuerce la prestación de servicios profesionales y que se mejoren las condiciones laborales. José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directores, incide en esta idea y reclama un análisis de costes con memoria económica para que las medidas planteadas “no queden en papel mojado”. José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, sostiene que el acuerdo es un avance y que recoge una parte importante de las aportaciones realizadas para fijar un mínimo común en las autonomías. La plataforma de familiares se muestra decepcionada e insiste en que no se garantiza un número suficiente de trabajadores ni la calidad de su formación, y considera que el número mínimo que se fija de inspectores (uno por cada 30 residencias acreditadas) es insuficiente, ellos pedían uno por cada 15. Según los datos recopilados el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) tenían de media más de 30 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento.

Actualmente resulta imposible consultar las inspecciones que han recibido las residencias, el borrador del acuerdo prevé que sean públicas. En cualquier caso, la idea es que, además de las inspecciones de servicios sociales de las autonomías, una de cuyas principales críticas es que son muy técnicas y no se centran en cómo viven las personas dependientes, haya una evaluación de la calidad de todos los servicios del sistema de la dependencia, un proceso aún por poner en marcha. Se creará un grupo de trabajo permanente que propondrá indicadores comunes. En el plazo de 12 meses, el Consejo Territorial fijará los indicadores y estándares para evaluar la calidad, empezando por las residencias. El borrador propone “un proceso por el cual un centro o servicio contará con herramientas de autoevaluación y manuales de implementación” que se “podrá someter a un procedimiento de verificación externo”. Los resultados deben ser públicos.