El Senado ha dado luz verde al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que supondrá la creación de dos nuevos impuestos a instancias de la Comisión Europea: una tasa sobre los envases de plástico de un solo uso y otra que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Además, a través de dos enmiendas impulsadas por el PSOE, el Gobierno modifica la Ley de Aguas para poder recuperar el canon hidroeléctrico que deberán pagar las compañías eléctricas y que fue anulado por el Tribunal Supremo. Al haberse incluido modificaciones, el Congreso tendrá que votar de nuevo el proyecto para que entre en vigor, con lo que se retrasa todavía más su aplicación. La Comisión Europea está siguiendo de cerca la tramitación de esta norma y ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber aplicado ya el veto a la comercialización de varios productos de plástico de un solo uso.
Esta ley —que ha salido adelante en el Senado gracias fundamentalmente a los votos favorables del PSOE y los nacionalistas vascos y la abstención del PP— tiene que ayudar a que España corrija el rumbo en la gestión de sus desechos, porque el país tiene un problema con sus residuos y el deficiente tratamiento de las basuras está en el punto de mira de Bruselas. La UE se impuso hace más de una década unos objetivos de reciclaje para 2020: todos los miembros deberían llegar a ese año con una tasa de reciclaje de los residuos municipales del 50%. Pero España se quedó en 2020 en el 36%, según los datos de Eurostat. Lejos de aflojar en las metas para los próximos años, Europa ha establecido objetivos todavía más duros y en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035, al 65%.
La ley también supondrá que desde su entrada en vigor estará vetada la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso como pajitas, vasos y platos, y se prohibirá añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. La norma también contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel en las grandes superficies comerciales y ofrece amparo legal a los ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas.
Pero lo que más problemas ha generado en su tramitación son los tributos que se incluyen en la norma. En el caso de la tasa al vertido y la incineración, que busca reducir la cantidad de basuras que en España no se reciclan, una decena de comunidades autónomas cuenta con gravámenes de este tipo. Pero la Comisión Europea ha instado al Gobierno a que cree un impuesto estatal para evitar que los residuos viajen entre regiones para esquivar esas tasas.
Cataluña es una de las comunidades que cuenta desde hace años con su propio canon. Y, aunque en el Senado se ha aprobado una enmienda para que las autonomías que ya dispongan de esta figura impositiva mantengan prácticamente toda la gestión del tributo, tanto ERC como Junts per Catalunya han votado en contra de la ley, como ya hicieron en el Congreso. Consideran que la nueva tasa estatal supone una “recentralización”, en palabras de Xavier Castellana i Gamisans, de ERC. El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, sin embargo, ha recordado que la Comisión Europea ha pedido a España a través de dos informes de alerta temprana ese tributo nacional.
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El otro impuesto, el que grava los envases no reutilizables, es de nueva creación y se instaura también a instancias de la Unión Europea, ya que está incluido en las nuevas directivas que buscan reducir la contaminación por plástico. Pero, a diferencia del resto de la ley, tanto este tributo como el de los vertederos, no entrará en vigor en cuanto se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado. El PP ha condicionado su abstención a la ley a que la aplicación de los impuestos se retrase hasta el 2023. Durante el trámite en el Congreso se ha intentado adelantar a 2022 esta aplicación, ya que así se había fijado en el plan de recuperación que presentó ante la Comisión el Ejecutivo, explican fuentes socialistas. Pero el PSOE no ha logrado sumar los votos necesarios.
Otro de los asuntos que ha resultado polémico en la tramitación en el Senado ha sido el referido al veto al uso del bisfenol A en los envases, un compuesto químico que está en el punto de mira por sus repercusiones en la salud. La Comisión Europea presentará en breve la hoja de ruta para la eliminación del uso de miles de compuestos químicos, entre los que figuran todos los bisfenoles, y fijará un calendario para esa erradicación. En el proyecto de ley que salió del Congreso se establecía directamente la prohibición del bisfenol A en los envases. Ahora, en una enmienda aprobada en el Senado, se aboga por la restricción de esta sustancia en función de lo que establezca el reglamento europeo que fija las directrices sobre su uso. Tatiana Santos, de la organización Oficina Europea del Medio Ambiente, explica que la previsión es que Bruselas presente su propuesta definitiva para vetar los bisfenoles en 2023. Según Santos, estos reglamentos son de aplicación directa y los Estados, que negocian su redacción, deben atenerse a esas directrices.
Reintroducción del canon hidroeléctrico
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha utilizado la tramitación en el Senado de la ley de residuos para intentar reintroducir el canon hidroeléctrico, una tasa creada por el Gobierno del PP en 2015 y que deberían pagar las compañías titulares de las centrales hidroeléctricas ubicadas en el dominio público hidráulico. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló varios preceptos de este canon, lo que ha obligado al Gobierno a devolver a las eléctricas 1.908 millones de euros. El Ministerio para la Transición Ecológica intenta enmendar ahora este fiasco para intentar salvar el canon con una reforma de la Ley de Aguas que en su momento no se acometió y que derivó en el fallo del Supremo.
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