Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del país han cargado este martes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que se publicase un documento reservado donde se indica que se destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Los colectivos de magistrados, que piden que se tomen medidas tras la polémica, consideran que la actuación del miembro del Gobierno supone un ataque a “la separación de poderes”.
La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado donde señala que el mencionado documento reservado revela que “fue la negativa del coronel a incumplir la ley lo que motivó su cese”. Según la versión de Pérez de los Cobos, antes de comunicarle su salida del puesto, varios cargos de Interior le telefonearon el domingo 24 de mayo para preguntarle por un informe que agentes de su Comandancia habían enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha feminista del 8-M—. Según fuentes del entorno del coronel, él les comunicó que desconocía los detalles y les informó de que tampoco podría facilitar datos porque, en estas pesquisas, el instituto armado actúa como Policía Judicial. Pese a ello, a continuación, le transmitieron que quedaba cesado.
Grande-Marlaska, que en un primer momento negó que esta destitución se encontrase relacionada con el caso 8-M, mantiene que nunca le solicitaron a Pérez de los Cobos datos sobre la investigación. Una versión que no se creen tres de las cuatro principales asociaciones judiciales —todas, excepto la progresista Juezas y Jueces para la Democracia—. “La decisión del ministro de Interior, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho”, señala la APM, que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “adopte las medidas necesarias para proteger y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna”.
En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en representación. Según ha señalado este colectivo, que ha pedido el cese o la dimisión del ministro, Marlaska ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo” y recuerda que es juez de carrera. “Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así”.
Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación en número de adscritos, considera que los “hechos son muy graves”. “El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte”. Este colectivo pide que se impulsen reformas que “pongan fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial”.
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