España destaca por sus altos niveles de pobreza infantil. Solo Rumania y Bulgaria presentan peores datos que España en la Unión Europea. La situación se agravó con la crisis de 2008 y los recortes, y las familias más vulnerables han vuelto a llevarse la peor parte del mazazo económico causado por la covid. Para combatir estas cifras, el Gobierno presentará a la Comisión Europea el 15 de marzo su hoja de ruta. Se trata del plan para aplicar la garantía infantil, un programa europeo para luchar contra la exclusión social de los menores. El Ministerio de Derechos Sociales está ultimando ese documento. Según el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se fija como objetivo bajar en 8,6 puntos porcentuales la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de los niños y adolescentes en 2030 respecto a 2019, cuando se situó en 30,3%. Esto equivaldría a recuperar a 713.000 niños de los 2,6 millones que están en esta situación. También se establecen otras metas de aquí a ocho años, como reducir a la mitad la brecha digital de la infancia y la población joven que no puede acceder a atención dental. Para ello, se prevé contar con unos mil millones de euros, entre fondos europeos y propios.
El plan estatal de acción para la garantía infantil, que abarca de 2022 a 2030 y que el Ministerio de Derechos Sociales ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas, es el paraguas que englobará la actuación de las distintas Administraciones para combatir unas cifras “impropias para un país con el nivel de desarrollo de España”, según se describe en el texto. Aún deben incorporarse las aportaciones que hagan las autonomías, y en las próximas semanas se perfilarán algunos objetivos que aún están por determinar, como por ejemplo la tasa de escolarización de 0 a 3 años que debe conseguirse. El texto será revisado por la Comisión y, posteriormente, pasará por Consejo de Ministros.
El documento pone negro sobre blanco carencias de España en protección social a la infancia y define 12 grupos vulnerables. Entre ellos, los más de 2,6 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador que mide el nivel de renta de las familias en comparación con las del resto del país, el acceso a bienes y la intensidad laboral en el hogar. Tienen menos oportunidades, más barreras en el acceso a derechos. En tres años, se prevé una reducción de 3,4 puntos respecto a ese 30,3%, una bajada del 11,2%. De aquí a ocho años, la bajada será del 28,4%. El pasado octubre, un análisis coordinado por Unicef y que ha servido para sentar las bases de este plan, proponía reducir esta tasa en al menos la mitad en 2030.
Entre los grupos vulnerables se mencionan los más de medio millón de menores que viven en familias con privaciones graves en materia de vivienda, lo cual quiere decir, por ejemplo, que tienen goteras o humedades, o que no cuentan con baño privado en casa. Se alude también a los 129.450 niños que tienen un certificado de discapacidad, a los 49.171 que están tutelados por la Administración, a aproximadamente unos 190.000 de etnia gitana y a los 147.000 cuyos progenitores están en situación irregular. Pero hay colectivos que están por cuantificar, como las víctimas de trata o explotación sexual.
El documento marca la dirección a seguir para cambiar esta foto en la que España queda en tan mal lugar. Para lograrlo, en el texto se precisa que se prevén al menos 983 millones de euros. Aquí se incluye, por un lado, el 5% del Fondo Social Europeo Plus, que los países con elevadas tasas de pobreza infantil deben dedicar a combatirla. Equivale a 527 millones de euros, a los que se debe sumar la cofinanciación que tiene que aportar España. Derechos Sociales también engloba en esta cifra un programa europeo que aún está definiéndose de lucha contra la privación material. La intención del departamento que dirige Ione Belarra, según se ha comunicado este miércoles a las comunidades autónomas, es aumentar esas cuantías: que ese 5% previsto se eleve a entre un 7% y un 8%. Es decir, que en lugar de 527 millones serán entre 750 y 850, a los que habría que sumar la cofinanciación que debería añadir España. El plan que se envíe a Bruselas recogerá estas nuevas cantidades. El objetivo, ha dicho la ministra, es “luchar de manera transversal sobre todas las condiciones que desencadenan la desigualdad y que empiezan por el acceso a los derechos básicos”.
La ministra Ione Belarra, la tercera por la izquierda, durante la reunión de este miércoles con las comunidades autónomas. Dani Gago
En el texto se recogen más de una veintena de objetivos, con metas en 2025 y en 2030. Entre ellos, que dentro de ocho años todos los hogares con menores en situación de pobreza accedan a una ayuda a la crianza, y que España alcance el gasto medio en protección social a la infancia y la familia de la UE (en 2019 era del 1,3% del PIB, frente al 2,3% de media europea). O que en 2025 haya ya un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades sobre qué servicios comunes deben prestarse en atención temprana en todo el país, dado que actualmente hay grandes diferencias entre autonomías en los servicios a estos niños de entre cero y seis años que tienen necesidades especiales por deficiencias en el desarrollo o con riesgo de padecerlas. Ahora la espera es muy elevada. En 2030, estos servicios deben garantizarse en un plazo máximo de 45 días desde la solicitud. También se especifica que ese año deben haberse reducido a la mitad los 300.000 niños que no tienen acceso a internet.
Hay más metas, como que en ocho años se haya reducido a la mitad el 33% de la población de 14 a 25 años que no puede acceder a atención dental, y que en tres años se haya incluido la atención bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. O que en 2025 no haya ningún menor de tres años tutelado por la Administración viviendo en residencias, y que en 2030 no haya ninguno menor de seis. Esto ya lo establece una ley y pese a ello hay 1.177 menores que residen en centros. Dentro de ocho años, el 70% de la infancia tutelada deberá ir a familias de acogida.
El texto lleva meses trabajándose con otras administraciones y con expertos. Derechos Sociales es responsable de coordinar y supervisar este plan y trabaja en colaboración con el Alto comisionado contra la pobreza infantil. El programa busca garantizar el acceso de los niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social a servicios básicos para su desarrollo: cuidado en la primera infancia, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, salud, vivienda adecuada y nutrición saludable. Se enumeran retos en cada una de estas áreas, como por ejemplo reducir la segregación escolar por nivel socioeconómico y origen étnico o inmigrante.
También se incluyen más de 80 medidas, sin entrar al detalle en cada una de ellas, dado que el cronograma y su presupuesto se debe desarrollar en planes operativos que se aprobarán cada dos años, y en los textos que plantearán las comunidades, puesto que ostentan muchas de las competencias. Por ejemplo, se recoge que se elaborarán estudios específicos sobre pobreza infantil y que se desarrollarán programas de desayunos escolares. También se enumeran reformas que llevarán a cabo distintas administraciones y que contribuirán a cumplir la garantía infantil, por ejemplo la ley de familias, que Derechos Sociales está negociando con otros ministerios, y que en el documento se prevé que esté aprobada en 2023.
En la reunión de este miércoles con las autonomías, además de abordar la garantía infantil, también se ha aprobado el reparto del crédito para la atención de niños y niñas que migran solos. De los 35 millones con los que se contará este 2022, se ha decidido que una primera partida de seis millones irá para Canarias y otras dos de 4,5 para Ceuta y Melilla.
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