El reglamento de las ayudas europeas es inequívoco. El Gobierno tendrá que pedir dos veces al año el pago de los fondos del mecanismo de recuperación europeo, del que tocan a España unos 70.000 millones hasta 2023. Y cada vez que los solicite se someterá a un examen sobre cómo está avanzando con las reformas y las inversiones. La Comisión Europea hará la evaluación, y tendrá que contar con el Comité Económico y Financiero, el órgano del Eurogrupo donde se sientan los técnicos de los países y que podrá activar el freno de emergencia que impusieron los holandeses. Es decir: serán capaces de parar o incluso retirar fondos.
Según el artículo 19 del reglamento de los fondos europeos, la Comisión podrá llegar hasta el extremo de suspender un desembolso si el país no cumple con los hitos comprometidos de reformas e inversiones. A los seis meses podrá reducir la ayuda. Y a los 18 podrá “descomprometer” los fondos. Incluso habla de recuperar al completo la prefinanciación ya entregada. En este nuevo marco que sustituye a los controles habituales, el Gobierno tendrá que reportar dos veces al año y habrá un grupo de indicadores que se publicarán semestralmente y que mostrarán cuál ha sido el progreso obtenido. Es decir, habrá un examen cada seis meses. Y la Comisión lo utilizará para impulsar las reformas en aquellos países que procrastinan.
Fuentes europeas hablan por otras experiencias de que el examen en realidad será continuo. Y recuerdan que el Eurogrupo hará periódicamente exámenes temáticos nter pares. Además, el artículo 9 vincula las ayudas al ajuste de las cuentas públicas, una exigencia ahora suspendida por la pandemia pero que en algún momento se recuperará y por la que se puede multar a un país con hasta el 0,25% de su PIB, unos 2.700 millones para España, el equivalente a la renta mínima.
En definitiva, gastar los 70.000 millones en ayudas tendrá un precio. El Gobierno se enfrentará a un maratón de exámenes sobre sus reformas. El primer obstáculo que tiene que salvar es el envío a finales de enero del plan nacional de recuperación, que tendrá que evaluar en dos meses la Comisión y que incluye las inversiones que se llevarán a cabo con los recursos europeos. Pero que también recoge un amplio programa de reformas. El pasado viernes, el Ejecutivo presumió de hasta 170 tras su reunión con patronal y sindicatos. De ellas, en el fondo solo tres son importantes: las pensiones, la laboral y el ajuste de las cuentas públicas. Y esta última ha quedado pospuesta por la pandemia. De las otras dos dependerá en gran medida la entrega de los fondos europeos.
Una red de controles
Allá por julio, Pedro Sánchez volvía de Bruselas entre aplausos de sus ministros tras arrancar 70.000 millones en ayudas directas. Por aquel entonces, el Ejecutivo pensaba que podría evitar las reformas. Las recomendaciones que hizo el año pasado el Consejo de líderes solo decían que España luchase por todos los medios contra la pandemia. Poco más. En las reuniones con altos cargos, todos insistían en que la única condicionalidad que ponía Bruselas para recibir los fondos era demostrar que el dinero se iba gastando. Nada de reformas. Pero pronto quedó claro que no sería así.
En septiembre, la Comisión publicó una guía en la que decía que no solo eran relevantes las recomendaciones de 2020. También las exigencias de reformas de 2019, que en el caso de España hacían referencia a las pensiones. Y el primer borrador del reglamento ya endurecía el acceso a las ayudas si no se cumplía con ellas. Establecía incluso el sistema para ponerle notas. Paso a paso, se iba dibujando una tupida red de controles. El Gobierno trató de suavizarla aprovechando su tramitación por el Parlamento Europeo. Sin embargo, no lo consiguió. Y el presupuesto de 2021 fue la gota que colmó el vaso.
Según explican fuentes comunitarias, el problema de las cuentas no era que disparasen el gasto. Para eso está el BCE comprando deuda como nunca. En Bruselas causó malestar que en lugar de destinar el dinero a ayudas temporales por la pandemia, este se dedicase a aumentar el gasto estructural de los ministerios y a partidas como pensiones y sueldos de funcionarios cuando no había inflación y los ingresos caían. Tampoco gustó que ni siquiera se presupuestasen los ERTE. La Comisión no podía dar un toque de atención porque con la covid se había suspendido la exigencia de cerrar el déficit público. Pero sí que podía aprovechar los fondos europeos para atornillar al Gobierno con las reformas. A cambio del dinero, el Ejecutivo ahora tendrá que hacer la laboral y la de pensiones. El articulado final del reglamento deja claro que los fondos solo se desembolsarán conforme se aprueben las evaluaciones.
Esta exigencia cogió con el pie cambiado al Gobierno. En sus cálculos de cuando era presidente de la Autoridad Fiscal, el ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía para cuadrar las cuentas el aumento del periodo de cálculo de la pensión desde los 25 a los 35 años. Y también el factor de sostenibilidad que aprobó el PP, que ajusta la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida y que todavía no ha entrado en vigor. Sin embargo, Escrivá acudió al Pacto de Toledo y no dijo nada de eso. Tampoco en sus reuniones con los agentes sociales. Tan solo habló de pasar parte del déficit a Hacienda y acercar la edad de jubilación real a la legal de 67 años. Hasta que tuvo que elaborar un papel de reforma para Bruselas. Y ahí incluyó los 35 años. Además, prepara un nuevo factor de sostenibilidad y un sistema de revalorización con el IPC que se compense a varios años. El enfado de los sindicatos con Escrivá por haber escamoteado el debate es mayúsculo.
El problema es que en Bruselas es fácil hacer los números de las pensiones. Y, por ejemplo, para conseguir de verdad un ahorro haciendo efectiva la edad legal de jubilación habría que suprimir la posibilidad de jubilarse con la pensión íntegra a los 65 años si se han cotizado 37.
Un equilibrio difícil
En cuanto a la reforma laboral, esta abordará la reducción de la temporalidad, el paro juvenil, la modernización de la negociación colectiva, los nuevos ERTE, la formación y políticas activas, la simplificación de contratos y la situación de los repartidores. Mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pone el énfasis en solventar la precariedad, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, hace hincapié en la competitividad. Es como el dilema entre la igualdad y la libertad: algo chirría. Bruselas apostará más por el discurso de Calviño de crear empleo.
Un punto clave de la reforma laboral será abundar en una sentencia del Supremo para limitar la contratación temporal de las subcontratas a cambio de conceder más flexibilidad a las empresas haciendo permanentes los ERTE. Y otro será la modernización de la negociación colectiva, que puede ser un problema con Bruselas según cómo se toque. Díaz quiere devolverla al ámbito sectorial. Pero en las instituciones internacionales hay un cierto consenso sobre que se debe priorizar la negociación en la empresa. De hecho, ya se mencionó por ejemplo en 2011 en la carta del BCE a Zapatero exigiendo reformas.
El triángulo de desconfianzas y recelos que forman Escrivá, Díaz y Calviño tendrá que lidiar con el escrutinio de Bruselas y redactar algo que obtenga su visto bueno. El test será extraordinario. No se va a desembolsar el dinero a cambio de nada.
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