La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una foto de archivo en el Congreso de los Diputados.PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFPEl Gobierno se toma muy en serio el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero, que no ve como algo puntual sino perfectamente organizado y fruto de un ambiente político alentado por la extrema derecha. El Ejecutivo extrema la seguridad preocupado por los hostigamientos —se ha reforzado el dispositivo en casa de la familia Iglesias, aunque ya se habían aumentado los controles otras veces sin lograr frenar el acoso— y se prepara para un otoño caliente en el que Interior ya está haciendo mucho trabajo de inteligencia a fin de detectar movimientos en grupos de extrema derecha, según fuentes del Gobierno.In EnglishLa situación está aún bajo control, según fuentes del Ejecutivo, pero es “preocupante” el movimiento de acoso que se detecta especialmente con Iglesias, aunque también con otros ministros, y el ambiente de odio que se percibe en los grupos de extrema derecha y se refleja en las redes sociales. De hecho, la mayoría de los ministros este verano han alterado sus costumbres y evitan todo lo que pueden zonas públicas, aunque nadie ha llegado al nivel sufrido por la familia Iglesias-Montero, con acoso diario en su casa y en el discreto pueblo de Asturias que eligieron para descansar y decidieron abandonar antes de tiempo.El calvario que está viviendo la familia Iglesias en su domicilio, y que ha continuado a su regreso a Madrid, tiene difícil solución, según fuentes del Ejecutivo. La casa está en una urbanización abierta, sin ninguna limitación para acceder a la zona. Ni es un piso, ni una urbanización cerrada, donde resultaría mucho más fácil controlar la entrada y salida. Es por tanto el lugar más sencillo para el grupo de acosadores que cada día se plantan cerca de la vivienda con sus cacerolas y su megafonía a todo volumen para molestar a la familia y exigirles a gritos que se vayan de España.La Guardia Civil ha limitado el acceso a la calle donde está la vivienda y a veces pide documentación a las personas que acuden a la zona para hacer caceroladas y lanzar todo tipo de insultos. Pero resulta complicado impedir su acceso, según fuentes del Ejecutivo, porque algunos vecinos también se quejan de estos controles para entrar a sus viviendas. Además, los agentes han realizado atestados que se han trasladado al juzgado y tanto Iglesias como Montero han presentado denuncias contra personas concretas que acuden cada día, entre ellas una concejal de Vox en Galapagar. Sin embargo, la juez encargada las ha desestimado, lo que deja a las fuerzas de seguridad sin mucho margen para seguir actuando.Aun así, después de la polémica creada por el hecho de que la familia suspendiera sus vacaciones en Asturias, se han reforzado los controles y el lunes la Guardia Civil se mostró mucho más estricta a la hora de limitar el acceso de los acosadores a la zona donde está la vivienda, porque las protestas continuaban. “Cuando volvieron a Galapagar, parecía que los estaban esperando, porque se enteraron rápido y les montaron otro acoso”, señalan fuentes de Unidas Podemos.El diputado de la formación Erique Santiago, cuya familia es propietaria de la casa en Asturias donde intentaron descansar Iglesias y Montero, aseguró que la Fiscalía “no hace nada” y debería actuar de oficio. La Fiscalía General señaló el miércoles a EL PAÍS que no se le ha informado de estos incidentes a través de ninguna de las tres vías habituales que le permiten emprender acciones: una denuncia de un particular, un atestado policial o a través del conocimiento directo por parte del fiscal.Fuentes del ministerio público recordaron, además, que no puede abrir diligencias si un juzgado ya se encuentra investigando unos hechos. Iglesias y Montero han hecho sus denuncias en Galapagar, sin acudir a la Fiscalía General. “Si se nos remitiera algo, se investigaría. Pero, desde luego, la Fiscalía no está inactiva contra cualquier conducta que pudiera atentar contra una institución o miembros de las instituciones”, insisten esas mismas fuentes, que detallan que, por ejemplo, se inició una investigación por el acoso al juez Pablo Llarena, instructor del procés, tras recibir denuncias y atestados policiales sobre los hechos.Además de la familia Iglesias-Montero, otros ministros también han sufrido el acoso de la extrema derecha en sus viviendas, como el de Fomento, José Luis Ábalos. En este agosto, para evitar problemas, la mayoría ha elegido zonas tranquilas o incluso ha decidido no salir de sus casas de descanso. Y el otoño se augura aún más complicado, según los cálculos de Interior. Fuentes del ministerio insisten en que la situación está bajo control y las fuerzas de seguridad tienen planes para todo tipo de escenarios.Lo cierto es que la situación actual es muy inusual, hacía muchos años que la extrema derecha en España no suponía un problema. Y en otoño, con el ambiente además calentado políticamente por una moción de censura que ha registrado Vox y con la crisis económica en su epicentro, las cosas pueden empeorar. Por eso, Interior ha diseñado planes y está desplegando una intensa labor de inteligencia para tener bajo control cualquier movimiento de grupos extremistas que pueda generar problemas.Polémica por el “jarabe democrático”Estos días varios políticos, incluida la ministra de Defensa, Margarita Robles, han recordado las palabras de Pablo Iglesias en 2013, cuando calificó los escraches que entonces se hacían a algunos miembros del Gobierno del PP de “jarabe democrático”. “Todos los escraches son malos”, señaló Robles. Dirigentes de Podemos niegan rotundamente que lo que se le está haciendo a la familia Iglesias pueda ser considerado un escrache. En 2013, cuando Iglesias pronunció esas palabras, eran frecuentes los abucheos o protestas a políticos en actos públicos, en la calle. Y en ocasiones puntuales también llegaron hasta las casas familiares, como la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Fuentes de Podemos insisten en que esto no se parece en nada a un escrache: es un acoso continuado de cuatro meses, y no una protesta por nada concreto, sino solo mensajes de odio y gritos para que abandonen el país. Y, por tanto, rechazan la comparación.
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El Gobierno traslada a las autonomías toda la presión política frente a la pandemia
