El Gobierno se encuentra perfilando los últimos detalles del decreto que prorrogará de forma indefinida la limitación de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional a partir del 9 de agosto, cuando vence la protección vigente. Esta es una de las piezas del escudo social en materia de vivienda que desplegó el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria y económica y que se ha ido extendiendo con el paso de los meses sin haber conseguido, sin embargo, frenar todos los lanzamientos.
La idea del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con competencias en esta materia, es replicar la norma y convertir en estructural la limitación de los lanzamientos hasta que salga adelante de forma definitiva la ley de vivienda, que sigue negociándose entre PSOE y Unidas Podemos con cierto consenso en lo que concierne a los desahucios pero con fuertes divergencias en lo relativo a la regulación del alquiler.
“El Ministerio está trabajando en un decreto que plasme la parte de la ley relativa a desahucios que está ya acordada”, explican fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez, que debería llevar la ampliación en el plazo de dos Consejos de Ministros ordinarios (dos semanas) para llegar a tiempo.
Por regla general, según la normativa vigente que se pretende extender, la persona arrendataria afectada por un procedimiento de desahucio podrá solicitar la suspensión extraordinaria ante el juzgado “por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva”, recoge la ley. Con todo, y tras los respectivos informes de los servicios sociales, la decisión final de la suspensión dependerá siempre de un juez.
Para entrar en los requisitos de vulnerabilidad económica el afectado debe estar en desempleo, bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o haber perdido una parte sustancial de los ingresos en el caso de ser empresario. Con carácter general, su renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (casi 1.700 euros mensuales) y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos, deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.
La cobertura también aplica a procesos penales, esto es, en los que se haya producido la okupación del inmueble, siempre que los afectados sean menores de edad, dependientes o víctimas de violencia de género que hayan entrado sin usar la violencia en la vivienda, que deberá ser siempre de un gran propietario (10 o más inmuebles) y nunca primera o segunda residencia.
Tampoco tendrá efectos “cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas” o “cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado” a un solicitante.
Según los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que este miércoles se concentró frente al Congreso de los Diputados para exigir la prórroga de esta medida, de no ampliarse la moratoria se producirán más de 79.000 desahucios en toda España. Esta sería una cifra “nunca vista”, ni siquiera en el pico del año 2012, cuando se registraron 70.000 lanzamientos en el marco de la crisis financiera, en su mayoría por impago del préstamo hipotecario. Con todo, desde la PAH consideran que la moratoria que se extenderá es insuficiente, ya que no ha permitido evitar 11.000 desahucios en los tres primeros meses de 2021, en este caso la mayoría provenientes del alquiler.
También este miércoles, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, envió una misiva a siete ministerios del Gobierno pidiendo ampliar al menos hasta fin de año todo el escudo social en materia de vivienda, desde la suspensión de los desahucios hasta la moratoria la moratoria en el pago del alquiler y la prohibición de cortes de luz, agua y gas. Aunque esta posibilidad sigue estudiándose, fuentes conocedoras aseguran que la única ampliación que por ahora es segura es la relativa a la limitación de los procesos de desahucio.
La llave de las cuentas de 2021 llega a 2022
La ley de vivienda, que sirvió para desbloquear la negociación final del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, amenaza con volver a dar que hablar en el proceso de elaboración de las cuentas públicas de 2022. El pasado mes de octubre, hace ya casi 10 meses, Unidas Podemos dio su visto bueno a los PGE a cambio de tener lista la ley en el plazo de cuatro meses. Tras los primeros retrasos, principalmente a costa de la regulación del alquiler, el Gobierno se comprometió ante Bruselas a llevar la normativa al Consejo de Ministros antes de que acabase el mes de junio. Hoy, tras otro retraso, las posiciones siguen alejadas y el parón veraniego amenaza con seguir postergando la negociación.
El Ejecutivo ya ha señalado que tiene la intención de aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, a lo largo del mes de julio y dejar así preparado el terreno sobre el que diseñar los PGE de 2022, que espera presentar en septiembre siguiendo los plazos habituales para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año. Si para entonces la ley de vivienda sigue en el tintero todo hace pensar que volverá a ser un foco de tensión entre los dos socios de Gobierno.
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