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El Gobierno y la banca buscan fórmulas para capitalizar pymes viables


El Gobierno y el sector financiero siguen buscando vías para evitar que la recesión provocada por la pandemia del coronavirus fuerce el cierre de empresas solventes. Así, el Ejecutivo prevé aprobar mañana un nuevo real decreto que prorrogará por otros seis meses los avales que proporciona el ICO a los préstamos a empresas, además de flexibilizar las condiciones de devolución de dichos créditos.

 No obstante, tanto el Ejecutivo como el sector financiero mantienen una interlocución continua de cara a intensificar las ayudas. El Gobierno, junto con los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) estudian otras vías para conceder ayudas directas a las empresas, un objetivo ya adelantado por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y al que ayudará el Fondo de Reconstrucción europeo. Las pymes, y en especial las pequeñas empresas, con menos de 50 empleados, centran gran parte de estos análisis, ya que son las más indefensas en esta crisis.

Pese a que existe consenso en la conveniencia de establecer nuevos estímulos para la economía, se trata de medidas técnicamente complicadas, que además requieren el visto bueno de la Unión Europea, como ha ocurrido con la ampliación de las medidas de los avales del ICO. En este último caso, Bruselas ya ha aprobado ampliar los avales ICO.

En este sentido, el real decreto, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y se publicará en los próximos días, ampliará del 31 de diciembre al 30 de junio el plazo para solicitar créditos con aval del ICO de la última línea por 40.000 millones de euros. También se prorroga el plazo para acceder al remanente de los préstamos con aval para que las empresas obtengan liquidez. La segunda línea garantizada por el ICO no ha tenido la acogida prevista inicialmente, en comparación con el éxito de la primera iniciativa de avales de 100.000 millones de euros para que pymes, autónomos y grandes empresas pudieran tener liquidez ante el parón económico sufrido durante el confinamiento, de marzo a junio. Pero aún quedan fondos de este paquete de 100.000 millones, y las empresas tendrán seis meses más para solicitarlos.

El decreto también permite ampliar la carencia de los créditos ICO, fijada inicialmente en un año, para pasar ahora a dos años. Además, se extenderá de cinco años a ocho años el plazo de amortización de la línea de créditos para obtener liquidez. Justo el mismo tiempo que se estableció para los préstamos destinados a inversión. A este primer bloque de medidas, los involucrados en su desarrollo lo denominan “medicina azul”.

“Medicina verde”

Luego está la “medicina verde”, segundo bloque de apoyos que se está analizando en la actualidad, y en cuyas negociaciones también participan los empresarios. Las medidas que puedan derivarse de estas reuniones, en todo caso, no se prevén hasta el mes de enero. Uno de los objetivos de esta línea de trabajo es buscar herramientas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a la banca. De este modo se podrá aumentar el alcance de estos préstamos a un mayor número posible de empresas y autónomos, que seguirían cubiertos entre un 70% y un 80% con la garantía del Estado.

Además, se negocia dar ayudas directas a las empresas, sobre todo a las pymes. En este caso, en lugar de concretarse ayudas para recapitalizar compañías individualmente, se prevén apoyos sectoriales, como ya se han anunciado para bares, restaurantes y turismo, las actividades más castigadas por la pandemia. Aquí entrará en funcionamiento el Fondo de Reconstrucción Europeo. Tendrá, en todo caso, que compartir presupuesto con las ayudas a la digitalización de las empresas y la sostenibilidad.

Los contactos son continuos. El jueves se reunieron directivos de los cinco principales bancos para concretar, junto a la consultora Oliver Wyman, propuestas al Ejecutivo sobre las fórmulas para salvar empresas viables. Queda pendiente buscar un consenso sobre lo que se considera empresa viable y no viable tras el Covid.

Uno de los debates es si inyectar directamente capital en las empresas o pymes, conceder créditos participativos (préstamos que podrían al final transformarse en capital), refinanciaciones o incluso titulizar los activos non performing loans (NPL) –créditos denominados como cartera vencida– de las firmas con problemas para abordar el pago de su financiación.

También se estudian otras vías de equity. O una mezcla de todo ello, dependiendo de las necesidades de la empresa. Como ejemplo, se están analizando las medidas adoptadas por Portugal.

Ciudadanos ha incluido una enmienda a los Presupuestos para que se concedan ayudas directas y a fondo perdido a las pymes de menos de 50 empleados y autónomos, que hayan sufrido una caída de más del 50% de su actividad a consecuencia de la pandemia. Según sus cálculos, el coste ascendería a 7.700 millones.

Otras alternativas que se barajan

Cambios en el ICO. Para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda poner en marcha ciertas medidas para ayudar a una empresa con aval del Estado a atravesar el desierto del Covid debe dotarse de una estructura que le permita reestructurar sus créditos a las sociedades de forma similar a como lo hacen los bancos (con quitas y conversión de deuda en capital, entre otras medidas). Pero todo este esquema necesita la aprobación de Bruselas porque los préstamos ICO están dentro del marco de exención de ayudas de Estado. Llevar a cabo estas iniciativas técnicamente resulta más complicado de lo que previsiblemente parece, puesto que requiere, además de los permisos pertinentes de la CE, cambios regulatorios y del marco del convenio temporal del Instituto de Crédito Oficial.

Concurso de acreedores. También se prevé modificar la ley de concurso de acreedores para agilizar estos procesos y evitar que una empresa tarde años en liquidarse en caso de insolvencia. El objetivo es que en casos sencillos el proceso se lleve a cabo en unos 15 días, explican fuentes empresariales.
Definición de empresa solvente. La banca ha contratado a la consultora Oliver Wyman para que busque, entre otras cosas, una definición sobre la solvencia de una empresa.


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