Son sus manos y sus pies. Quienes los levantan de la cama, los asean y les dan de comer. Los cuidadores de los mayores dependientes no pueden guardar la distancia de seguridad en las residencias. Es un imposible. Esta falsa normalidad tras la desescalada asentó las mascarillas, exacerbó la higiene de manos, la desinfección de superficies y las visitas de allegados a un par de metros de separación. Sin un abrazo. Pero es inconcebible evitar el contacto físico entre los trabajadores y los ancianos e inevitable que los centros sigan conectados con el resto de la comunidad. Los empleados entran y salen, tienen sus vidas, sus casas. Igual que las familias. Extremar las precauciones es vital. Pero, mientras circule el virus, seguirá colándose en los geriátricos. La clave, coinciden los expertos, es intentar blindarlos al máximo. El riesgo cero no existe.
“Las residencias no son hospitales, en ellas se vive de manera social. Y por mucho que se mantengan las distancias, la higiene y se lleven mascarillas, no todos los residentes la aguantan, hay enfermedades respiratorias que las hacen incompatibles”, explica Susana Ruiz, miembro de la junta directiva de la Federación Lares, patronal que agrupa a un millar de centros de entidades sin ánimo de lucro. Otros tienen alzhéimer o demencias, lo cual complica la situación. “Si el virus entra, es una mecha, por eso es importante la rapidez al comunicar un caso y hacer pruebas a todo el centro”, afirma. La solución no es “volver a confinar en la habitación”.
El verano tranquilo que se esperaba no se ha dejado ver. Los rebrotes encienden la intranquilidad porque el horror de hace meses sigue grabado a fuego. El Ministerio de Sanidad está preocupado por la subida de casos en los centros, con cerca de 1.200 contagios, según datos del departamento. Aragón (563) y Cataluña (362, a 6 de agosto) tienen las peores cifras, según datos autonómicos. Por ello, ante la fragilidad de los mayores, el ministerio y las comunidades pactaron el viernes limitar al máximo las salidas de los ancianos de los centros, restringir las visitas a un familiar y una hora al día (a excepción de quienes estén al final de su vida), y hacer pruebas PCR a las personas que ingresen, así como a los trabajadores nuevos o que vuelvan de vacaciones. También incluyeron, como recomendación, hacer pruebas periódicas a los empleados. Las patronales, que habían reclamado test masivos, piden extenderlos a los mayores, especialmente en zonas con mucha incidencia y comunidades que aún desconocen cuántos pasaron la enfermedad y, por tanto, tienen anticuerpos. Que se haya hecho la prueba, al menos, a cada uno de los residentes. Ceaps, que agrupa a unos 2.000 centros privados, y Lares critican además que sea solo una recomendación.
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La forma de ganar tiempo es “ir a buscar el virus en mayores con pocos síntomas en las poblaciones donde crece mucho la incidencia”, opina Manel Cervantes, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Parc Taulí de Sabadell. “La posibilidad de encontrar asintomáticos con PCR no es muy alta, pero con hallar la mitad, tiene sentido. Ya les proteges”. Sin embargo, matiza que si los ancianos no salen de los centros, las visitas se controlan y “de vez en cuando” se hace la prueba al personal, “no tiene sentido hacer PCR a los mayores” de forma generalizada, sino estar muy atento a los síntomas. Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del hospital Clínic de Barcelona, coincide en esto último: “Lo lógico sería una buena vigilancia de casos sintomáticos y PCR a todos los contactos. La zonificación y el aislamiento son muy importantes”. Considera que los test periódicos a mayores no son una “estrategia sostenible ni necesaria”. Aunque añade que los cribados a trabajadores en zonas con alta transmisión pueden “ayudar al mejor control de la epidemia en residencias”, dado que “si están infectados y son asintomáticos pueden ser la puerta de entrada del virus” en los centros.
Disparidad autonómica
Esto mismo anunció Cataluña el jueves. Entre las comunidades hay división de opiniones. También la semana pasada, Gipuzkoa informó de que, a través de un cribado en una residencia, detectó el contagio de una mujer de 92 años sin síntomas y la aisló. En Aragón, su presidente, Javier Lambán, ha pedido a los trabajadores que extremen la precaución y ha reconocido que los centros más expuestos son los que no tuvieron casos la primera oleada (porque no hay inmunidad), pero no se plantean test periódicos. Castilla-La Mancha está haciendo pruebas a todos los empleados, y La Rioja iniciará un nuevo cribado a residentes y trabajadores en septiembre.
Cada comunidad es un mundo y cada residencia, otro. Los centros deben tener un plan de contingencia. Pese al aumento de contagios, todos los consultados reiteran que la situación ha mejorado. En la primera semana de abril, la letalidad era del 30% para los mayores de 80 años (para toda la población, no solo en residencias). Del 21 al 27 de julio bajó al 5,4%, según el Ministerio de Sanidad. Hace meses se detectaban los casos graves; ahora se hacen más test y afloran los leves y asintomáticos. Y en las residencias hay equipos de protección.
Pese a ello, han trascendido casos con decenas de contagios en Aragón, Madrid, Cataluña o Andalucía. Si se usan mascarillas y se guardan las distancias, ¿cómo es posible? ¿Se debe a un fallo? “No es cuestión de mala práctica general. El virus entra ahora en menos residencias, pero mientras no haya un porcentaje elevado de mayores que lo hayan pasado, puede hacer el mismo daño que en marzo”, apunta Cervantes, del hospital Parc Taulí. “La mascarilla reduce el riesgo, pero no implica una protección absoluta”, explica Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que insiste en que hay que usarla bien. Insta además a “analizar en detalle” los casos con tanta afectación, pues puede indicar una “detección tardía”. No obstante, menciona inmediatamente el riesgo asociado a los asintomáticos. “Si no te das cuenta de que el virus está dentro, en una semana puedes tener a todo el centro contagiado”, abunda Cervantes. En los 69 geriátricos del área de influencia del hospital Vall d’Hebron (Barcelona), el 24% de los mayores tiene anticuerpos, y de ellos, el 70% fue asintomático.
Pero se desconoce este porcentaje para todo el país. Que los expertos apunten que en autonomías en que la cifra sea elevada la transmisión puede ser ahora menos potente es una buena noticia para Madrid, por ejemplo. Según los resultados preliminares de un estudio de seroprevalencia que ha testado a 18.500 personas de las 70.000 previstas, el 61% de los residentes tienen anticuerpos. En La Rioja son el 30%. “No me tranquiliza que haya mayores que pasaron la enfermedad porque no sabemos cuánto tiempo permanecen los anticuerpos”, precisa Cristina Bravo, directora del centro del grupo Casaverde en Navalcarnero (Madrid). Aún esperan a que vayan a hacerles el test a todos.
“Ni un solo euro”
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, reclama más medidas: “Habrá menos muertes si se habilitan centros a los que trasladar a los mayores leves o asintomáticos; si hay buena coordinación con el sistema de salud para garantizar la atención médica, y con la monitorización de las residencias que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, que llega tarde pero es una buena noticia”. Y avisa de que hace falta financiación. “En los acuerdos anunciados no se contempla ni un solo euro [a las comunidades]”, advierte.
Coincide Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. “Es imposible pensar que las organizaciones pueden sufragar todos los gastos”, indica, y enumera las bajas del personal, el refuerzo de las plantillas, la compra de equipos de protección individual o los test. “Lamentablemente, en muchos territorios la Administración ha dejado de proporcionar material de protección y las pruebas se realizan de forma muy escasa”, critica. También ella cree que la coordinación con la atención primaria y los servicios de salud pública es “el reto pendiente”.
Las patronales también mencionan la necesidad de coordinación sociosanitaria. La presidenta de Ceaps, Cinta Pascual, considera que la mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas ante rebrotes. Pide a las autonomías que se garantice que cada centro tenga un stock de un mes de equipos de protección individual y reclama recursos para poder realizar la sectorización de los centros (dividir en módulos pequeños para facilitar el aislamiento en caso de positivos) y contratar personal. Los sindicatos, que ya antes de la pandemia reclamaban elevar las ratios y las inspecciones, insisten también en que deben mejorar la formación y el sueldo de los trabajadores.
Por lo pronto, los esfuerzos se centran en protegerse. Los protocolos deben aplicarse “a rajatabla”, opina François Lacopino, director de la residencia privada Almoradí Casaverde, en Alicante. Permanecen libres de covid. “Desinfectamos los pies al entrar, los uniformes se lavan en el centro, los trabajadores guardan la distancia entre ellos… Hay que ser muy estrictos”, afirma. Y mentalizarse: “Hay que vivir con esto, y vivir al día”.
Continúa el baile de cifras
Aún se desconoce el dato oficial de fallecidos en residencias por covid. El Ministerio de Sanidad, en un informe interno en el que dudaba de la calidad de las cifras autonómicas, hablaba de cerca de 19.000. Ahora, el 8% de los focos se dan en residencias sociosanitarias, según el ministerio, donde hay 78 brotes activos (el 69,2% tiene menos de 10 casos). Pero solo Cataluña reporta 71. Y Aragón, 55. De nuevo, los datos no cuadran. El Ministerio de Derechos Sociales se comprometió a desarrollar, junto a las comunidades, una monitorización de las residencias con un sistema de alerta temprana. Se prevé que esté lista en septiembre. El ministerio también ha acordado con las autonomías un documento de recomendaciones sobre los puntos mínimos que deben contener los planes de contingencia que ya han ido aprobando los centros.
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