El gran reto de la energía verde: las dos caras de la transición hacia las renovables

Durante demasiados años, las alertas científicas sobre el calentamiento global se han ignorado. Y el desarrollo económico mundial se ha seguido sustentando en el consumo de combustibles fósiles, es decir, en el petróleo, el gas natural y el carbón, que liberan la mayoría del dióxido de carbono que sobrecalienta el planeta cuando se queman para generar energía. Ahora, tras más de tres décadas de avisos, se ha pasado ya de la fase de alerta a una crisis climática que sitúa a la humanidad ante un mundo con más y peores fenómenos extremos. El concepto “ecoansiedad” fue acuñado para denominar la frustración que genera que se ignoren esas alertas y la sociedad siga enganchada a los combustibles fósiles. Hace unas semanas, la activista Greta Thunberg cargaba contra el bla-bla-bla de los responsables políticos frente al problema del calentamiento, y la agencia del medio ambiente de la ONU lo explicaba de otra forma en un reciente informe: la producción mundial de combustibles fósiles seguirá creciendo al menos hasta 2040 según los actuales planes de las naciones.

A la crisis climática de fondo se le une ahora un episodio de encarecimiento de la energía en el que los altos costes precisamente del gas, del petróleo y del carbón están desencadenando ya importantes tensiones por todo el mundo. Curiosamente, la salida a medio plazo para ambos problemas pasa por desengancharse de los combustibles fósiles. Y la alternativa a la que la inmensa mayoría de los analistas apuntan es el uso de las energías renovables, principalmente la solar y la eólica, que no expulsan gases de efecto invernadero cuando generan la electricidad. Sus costes además han caído drásticamente en los últimos años.

Pero esta no es una sencilla historia de viento y sol, y la masiva implantación que se requiere de estas tecnologías —acompañada del desarrollo de sistemas de almacenamiento para poder mantener la seguridad del suministro energético— no se ve bloqueada solo por las multinacionales y países que se benefician de un modelo económico fósil. Cuando se aterrizan sobre el terreno los planes para librarse de los combustibles fósiles surgen problemas, como el rechazo a la instalación de parques solares y eólicos que se está viviendo en algunas zonas de España por sus impactos ambientales y paisajísticos. Algunos ayuntamientos incluso están aplicando moratorias encubiertas. “Hemos descubierto una herramienta que ya están utilizando los alcaldes: anunciar una modificación del planeamiento urbano, lo que permite paralizar las licencias para los parques durante dos años”, explica Luis Bolonio, portavoz de la plataforma Aliente, que con apenas ocho meses de vida está aglutinando la protesta en España contra lo que llaman macroproyectos eólicos y solares (las instalaciones de más de cinco megavatios de potencia). Más de 180 asociaciones convocaron a mediados de octubre una manifestación en Madrid contra esos macroparques a la que acudieron varios miles de personas.

En opinión de Bolonio y de las asociaciones convocantes, esto es el inicio de un movimiento que va a adquirir mucha más fuerza. Sin embargo, para los detractores de estas protestas, la oposición a las renovables se irá diluyendo a medida que los ciudadanos vean que ni mucho menos todos los proyectos eólicos y solares que hay ahora sobre la mesa —muchos ubicados en zonas con un gran valor ambiental— acaban materializándose. “Solo uno de cada seis o siete proyectos que se presentan conseguirá salir adelante”, calcula Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Groizard reconoce que la avalancha de proyectos presentados ha generado una “alarma”. “La preocupación es plenamente legítima”, admite, pero rechaza cualquier moratoria. “No podemos perder ni un año”, advierte tras recordar la parálisis que vivieron las renovables en España durante la década pasada.

En 2020, el 44% de la electricidad consumida en España fue de origen renovable (en este porcentaje también se incluye la producción hidroeléctrica). La Ley de Cambio Climático establece que en 2030 se deberá llegar como mínimo al 74%. La norma española es acorde con los planes que tiene la Comisión Europea, que aspira a que la cuota renovable de la UE se duplique durante esta década para cumplir con los objetivos de descarbonización, es decir, de reducción de los gases de efecto invernadero que expulsan fundamentalmente unos combustibles fósiles que en su gran mayoría los Veintisiete tienen que importar.

Tras el parón vivido durante la década pasada, España ha vuelto a situarse ahora entre los países que más renovables están implantando, gracias a esa caída de costes y a las subastas, que hacen que estas tecnologías no reciban ninguna prima como ocurrió en el pasado. En 2020, la potencia fotovoltaica creció casi un 30% respecto al año anterior y la eólica aumentó un 5,3%; además, en España se construyeron 52 macroparques solares, lo que le convirtió en el cuarto país del mundo en el que más instalaciones de este tipo se hicieron ese año, según los datos recopilados por la asociación Wiki-Solar.

Este rápido incremento de la potencia instalada, unido a los proyectos que se presentan en zonas muy sensibles, ha prendido la mecha del rechazo a la solar y la eólica en algunas zonas rurales. Bolonio explica que la composición de su movimiento es “muy heterogénea”. Hay personas más preocupadas por los daños sobre la biodiversidad que tiene la solar y, sobre todo, la eólica; hay personas alarmadas por los impactos paisajísticos y los daños que se puede causar al turismo rural, y también hay colectivos que rechazan estos macroproyectos porque están impulsados por grandes fondos de inversión y por las compañías eléctricas.

Carlos Palma, ornitólogo de 62 años, lleva más de dos décadas luchando contra los molinos en Burgos, la provincia con más potencia eólica de toda España. En total hay 75 parques en activo con 1.420 aerogeneradores, que se han ido instalando a lo largo de las últimas tres décadas. La avalancha de peticiones de proyectos también ha llegado a la comarca burgalesa en la que vive Palma. “En las Merindades hay ahora 13 proyectos, que se sumarían a las 23 centrales eólicas que ya existen”, explica este activista y fundador de la llamada Mesa Eólica Merindades, una asociación nacida hace dos décadas que rechaza la nueva oleada de aerogeneradores en Burgos.

“Se va a sacrificar la biodiversidad a costa de hacer una transición energética descabellada”, lamenta Palma, quien apunta al incremento de la mortandad de aves en su zona —por ejemplo, de buitres leonados— por las colisiones contra los molinos. “Quieren ocupar nuestras montañas más importantes”, añade este activista, que reivindica el paisaje como un patrimonio que se debe conservar. “Los servicios se han ido todos y nos quieren traer la chatarra”, sostiene Palma, que además de alegar contra los proyectos renovables está impulsando una declaración en la que se pide a la Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica que paralice la tramitación de nuevos permisos en la provincia.

Él, como el resto de miembros de Aliente, dice no estar en contra de las renovables, pero sí del modelo de implantación actual. “No pueden venir los grandes grupos de inversión a salvar el planeta”, resume el activista burgalés. “Este modelo centralizado pone en riesgo la transición energética”, añade por su parte Bolonio. Su movimiento apuesta por el autoconsumo y por aprovechar al máximo la instalación de renovables en zonas industriales y urbanas ya degradadas. Pero, según alertan muchos expertos, con eso no basta para la rápida y profunda transformación que se requiere para librarse de los combustibles fósiles. “Hay que impulsar el autoconsumo, pero no es suficiente con los tejados. Hacen falta también parques, pero hay que hacerlos bien”, argumenta por su parte Groizard.

Ese hacerlo bien pasa por buscar la implicación sobre el territorio, por no imponer los proyectos. De hecho, no todos rechazan la implantación de las renovables. Un ejemplo es el alcalde de Talayuela, un municipio cacereño que históricamente ha vivido del cultivo del tabaco y que ahora se ha convertido en un referente solar gracias a la macroplanta de 300 megavatios de potencia que se construyó en plena pandemia y que empezó a operar en enero de este año. La instalación ocupa alrededor de 820 hectáreas, pero unas 320 están libres de paneles y se han reservado para mantener la biodiversidad de la zona. “No hemos talado ni una encina”, explica Erica Morales, responsable de sostenibilidad en España de la empresa Statkraft, la compañía noruega propietaria de esta megaplanta extremeña.

“Si tuviera más terreno de ese tipo, intentaría que se montaran más plantas de las ya proyectadas”, resume el alcalde de Talayuela, el socialista Ismael Bravo. Según sus cálculos, solo en IBI su municipio recibirá cada año durante las próximas tres décadas medio millón de euros. Una cantidad así asegurada para una localidad cuyo presupuesto anual es de 4,6 millones de euros supone un cómodo colchón para tener unas cuentas saneadas. La misma empresa tiene previstos otros dos proyectos en el mismo municipio —Talayuela II y Talayuela III, de 70 megavatios en total— que supondrán una fuente de ingresos adicional. “Ahora les vamos a pedir más”, dice Bravo.

El alcalde explica que su municipio tiene mucha superficie y que los terrenos que se están cediendo no son de regadío, con lo que no se está desplazando la actividad agraria. “Tampoco vamos a ceder nuestras dehesas”, añade el regidor, que recuerda que durante la fase de construcción más de 250 vecinos del pueblo estuvieron trabajando en la planta.

Ahora, una vez que está en marcha, 12 personas están empleadas en las labores de mantenimiento. Ana Bella, la responsable de seguridad de la instalación, es una de ellas. “Mucha población ha dado el salto de la agricultura a las renovables”, explica esta vecina de Talayuela, que estaba en paro cuando fue contratada para trabajar en la planta solar. Otros vecinos de este municipio están trabajando en la construcción de otras plantas en Extremadura y Castilla-La Mancha gracias a la experiencia que adquirieron.

Desde el aire, esta megaplanta es irregular. En las enormes extensiones de paneles se aprecian calvas y trazados sinuosos. Son los espacios que se dejaron sin ocupar para mantener las encinas centenarias y las lagunas que había. “La coexistencia con la flora y la fauna es posible”, defiende Erica Morales, que asegura que los censos de aves que se están realizando muestran un aumento de la presencia de algunas especies como las grullas.

Entre las medidas que tienen en marcha está la plantación de una pantalla vegetal en el perímetro para reducir el impacto visual. Pero ese impacto es inevitable. “La transición energética tiene un peaje y tiene que haber una ocupación del territorio”, explica Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica en la Generalitat Valenciana. “El paisaje va a cambiar, pero no es la primera vez que ocurre y poco a poco se irá normalizando la presencia de las renovables en el paisaje, como se han normalizado otros paisajes”, dice en referencia, por ejemplo, a las dehesas o a los diferentes cultivos que ha impulsado el ser humano en el medio rural. Fresco admite que se ha podido cometer el error de vender la “transición ecológica” como algo que solo trae cosas positivas, porque “implica cambios que tendrán impactos”. Sin embargo, se muestra sorprendido por la oposición a las renovables que está surgiendo. “Nadie esperaba este grado de rechazo”.

“Hay zonas en las que ni siquiera quieren recibirnos para hablar”, se lamenta Ada Fiteni, que dirige el área de creación de valor compartido en Endesa. Su labor consiste en tratar con las instituciones y la población local para negociar los proyectos de renovables para que puedan salir adelante. “La sostenibilidad de un proyecto solo se consigue con la aceptación local”, resume Fiteni. Trabajar de la mano de los vecinos es una de las claves, explica Joan Groizard, director del IDAE. Pero también la ordenación territorial. Cuando estaban empezando las protestas, el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha una zonificación ambiental en la que se identifican las zonas sensibles en las que no se deberían instalar plantas de renovables. Pero las principales organizaciones ecologistas con presencia en España —WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra— critican que esa zonificación no sea vinculante. Y piden a las comunidades autónomas que aprueben planificaciones energéticas también vinculantes para evitar “un despliegue renovable desordenado”.

“Nos hemos puesto unos objetivos ambiciosos, pero no se ha hecho una planificación”, critica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Ferrando, cuya asociación también colabora con Aliente, pero que rechazó participar en la manifestación de mediados de mes en Madrid, considera que la implantación desordenada y la falta de apoyo local es ahora “la principal amenaza frente a las renovables”. Y añade: “La transición energética no puede ser solo un negocio, hay que cambiar de modelo y no se puede reproducir un modelo centralizado”. Pedro Fresco, el responsable de transición ecológica de la Comunidad Valenciana, también coincide en la necesidad de incentivar el autoconsumo y otras figuras como las comunidades energéticas. Pero advierte: “Vamos tan ajustados de tiempo en la transición que hay que instalar renovables de forma masiva. No hay vuelta de hoja, no hay otra opción que descarbonizarnos”.