La estrella ascendente de la política demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó el pasado mes de febrero su programa económico denominado Green New Deal, en el que, haciéndose eco del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, propone una transformación en profundidad del sistema económico norteamericano a través de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, la renovación de las infraestructuras y la apuesta por la eficiencia energética. El programa, presentado como resolución en el Congreso de Estados Unidos, aspira a una movilización de recursos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y ha despertado el interés y abierto cierto debate sobre el futuro de la economía, el papel de la sostenibilidad y el papel del sector público en esta compleja ecuación. En un contexto de ausencia de ideas frente al bajo crecimiento y la alta desigualdad y con la amenaza del cambio climático pendiendo sobre nuestras cabezas, la propuesta de Ocasio-Cortez, más que una revolución, puede ser una gran oportunidad.
Porque el Green New Dealno es una política nueva. La idea de un keynesianismo verde, en el que el sector público impulse las inversiones necesarias para transformar el modelo económico hacia un crecimiento más sostenible, basado en energías renovables, tiene varias décadas. El propio Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en los albores de la crisis económica internacional en 2009, sugirió que la reactivación económica debería basarse en un incremento masivo de las inversiones en energías renovables, recuperación del medio ambiente y lucha contra la contaminación. La idea de fondo se vertebró en el marco de la cumbre de Medio Ambiente de Río+20 a través de la estrategia de crecimiento verde, esto es, la posibilidad de reimpulsar la economía internacional a través de las inversiones necesarias para avanzar en la senda de la sostenibilidad, al tiempo que se generan oportunidades para cientos de miles de nuevos empleos verdes. El propio concepto de Green New Deal ha dado lugar a informes y comisiones tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y su melodía forma parte de la justificación política del recientemente presentado Plan de Acción sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea.
Alexandria Ocasio-Cortez, propone una transformación en profundidad del sistema económico norteamericano
Las razones para este keynesianismo verde son más que razonables: en un contexto de crecimiento económico famélico, que Larry Summers caracterizó como el “estancamiento secular”, y con una ausencia de efectividad de la política monetaria, el recurso a la política fiscal para promover la inversión y fomentar el crecimiento económico a largo plazo es una política plausible. Sin embargo, no sirve cualquier tipo de gasto: las inversiones deben dirigirse a aquellas medidas que pueden promover el crecimiento económico equilibrado a largo plazo. No cabe duda de que las inversiones en materia de eficiencia energética, economía circular o energías renovables forman parte del conjunto de políticas necesarias para mejorar la calidad de nuestro crecimiento económico. Estas inversiones no sólo impulsarían la economía y mejorarían el crecimiento potencial, sino que permitirían mitigar los riesgos económicos inherentes al cambio climático y mejorar la factura energética y de consumo de recursos. La inversión pública, correctamente dirigida, puede además lanzar señales al mercado para acelerar la transición ecológica de los operadores económicos, incentivando su transformación productiva y mejorando los niveles y la orientación de la innovación. Así, economistas de diferentes corrientes, como Philippe Aghion o Mariana Mazzucato, coinciden en señalar el papel que el sector público tiene en materia de promoción de la innovación y la asunción de los riesgos inherentes a las mismas.
Las virtudes de los planes de inversiones con marcado carácter ambiental son, por tanto, ampliamente reconocidas. Pero subsisten dificultades para su operativización. La primera de ellas es la financiación de un plan de inversiones lo suficientemente ambicioso como para generar un impacto significativo en el rumbo de la economía. El recurso al déficit público es una tentación que debe ser examinada con atención, pues su impacto neto dependerá de que el crecimiento económico que genere sea lo suficientemente sólido como para poder absorber el aumento de la deuda pública. Las inversiones estructurales, como la I+D, la educación, o las infraestructuras, suelen tardar tiempo en impactar en la economía, de manera que una inversión masiva puede generar un efecto a muy corto plazo en función de la actividad económica, pero su impacto en materia de crecimiento a largo plazo debe ser cuidadosamente considerado.
En segundo lugar, se debe tener en cuenta el efecto sustitución de las nuevas infraestructuras. En el reto de la transición hacia las energías renovables pesa también la amortización acelerada de infraestructuras contaminantes cuya vida útil todavía será larga, como las centrales de ciclo combinado, cuya vida útil puede alargarse hasta bien entrada la década de 2030. Más preocupante que la vida útil de las infraestructuras energéticas contaminantes es la asunción de los costes económicos y sociales de la adaptación de mano de obra vinculada a un modelo productivo insostenible y anticuado. En España, la política de transición justa no ha logrado ofrecer una salida razonable a las cuencas mineras, por no hablar de los costes de adaptación que traerá para nuestra industria automovilística la generalización del automóvil eléctrico.
Las virtudes de los planes de inversiones con marcado carácter ambiental son ampliamente reconocidas
En tercer lugar, cabe ser muy cauteloso en la elaboración de una política pública que evite tanto los fallos de mercado como los fallos de gobierno en la selección y gestión de las inversiones, algo que requiere de un nivel de calidad institucional lo suficientemente alto como para evitar clientelismos y malas decisiones, lo cual es, en sí mismo, un importante reto. La experiencia española en inversiones fallidas es todo un ejemplo.
Con todo, la política del Green New Deal puede significar un importante paso para garantizar una prosperidad sostenible a medio y largo plazo. Más allá de las declaraciones, la inversión verde está ganando peso en el conjunto de políticas públicas, aunque todavía estamos lejos de un auténtico New Deal. No sería la primera vez que las economías occidentales impulsan su crecimiento con un liderazgo financiero y tecnológico del sector público. La carrera espacial invirtió decenas de miles de millones de dólares para llevar al ser humano a la Luna, hace ahora 50 años. Además de un éxito propagandístico de primer nivel sobre la superioridad técnica de Estados Unidos, el programa espacial norteamericano impulsó la industria de alta tecnología, difundió nuevos productos y servicios que luego alcanzaron el mercado y el sector privado, y nos ofreció una nueva visión de nuestro mundo. Quizá ha llegado el momento de que nuestros Gobiernos asuman el reto de invertir decenas de miles de millones de dólares para que, en vez de salir del planeta, podamos habitar justa y libremente en él.
José Moisés Martín Carretero es economista y consultor y miembro de Agenda Pública.
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