El incendio de Sierra Bermeja sigue vivo en el subsuelo un mes después

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Vista de una zona quemada por el incendio forestal en la Sierra Bermeja, que afectó hace un mes a la localidades de Estepona, Genalguacil y Jubrique (Málaga), este jueves.
Vista de una zona quemada por el incendio forestal en la Sierra Bermeja, que afectó hace un mes a la localidades de Estepona, Genalguacil y Jubrique (Málaga), este jueves.Garcia-Santos (El Pais)

Invisible a los ojos, parte del subsuelo de Sierra Bermeja, al norte de Estepona (Málaga), sigue en combustión, devorando lentamente turba y raíces. Un mes después del gran incendio forestal en el que murió un bombero y que calcinó 10.000 hectáreas de este paraje natural, aún no ha podido darse por extinguido. Aún permanecen allí 25 agentes con dos vehículos autobomba y ayuda aérea. Su obsesión es localizar puntos calientes en las entrañas de la tierra y enfriarlos para evitar que el fuego emerja. Mientras acecha, latente, sus consecuencias durarán mucho más para una montaña que tardará décadas en regenerarse. Las más de 3.000 personas que fueron desalojadas aspiran únicamente a que la situación no se repita. “Nos sentimos totalmente abandonados”, afirma Fernando Serrano, vecino de Genalguacil, que cree que con la debida prevención la magnitud del incendio habría sido mucho menor. Mientras, las administraciones apenas han materializado sus promesas de ayuda, y la Guardia Civil prosigue una búsqueda, bajo secreto judicial, para dar con quien prendió la mecha.

El fuego comenzó a las 21.35 del 8 de septiembre, y ardió en la superficie durante seis días. Solo la lluvia puso freno a la catástrofe ecológica. Los 1.100 efectivos desplazados a esa zona de orografía endiablada se vieron impotentes para dominar un fuego de sexta generación que adquirió una dinámica propia, en la que los pirocúmulos —nubes de fuego— lanzaban pavesas al monte de manera incontrolada. Falleció un bombero y otros dos resultaron heridos. También se accidentó un helicóptero del Infoca en el que viajaban 19 personas que resultaron ilesas. Era el tercer fuego que afectaba a la zona solo en 2021 en un paraje donde, según un estudio de la Universidad de Granada, los grandes incendios forestales —de más de 500 hectáreas— se producen cada 4,27 años debido el acuciante abandono del monte. Sin aprovechamiento forestal, con escaso mantenimiento preventivo, hasta los propios bomberos se quejaron. “No podíamos llegar a algunos sitios porque los vehículos no podían pasar por las pistas forestales, en muy mal estado, como los cortafuegos”, cuenta un agente que participó en el control del incendio.

Un paseo por Sierra Bermeja ofrece estos días un paisaje fantasmagórico. Pinos y alcornoques centenarios han quedado reducidos a carbón. Lo más llamativo es el silencio. El petirrojo o el zorzal charlo no asoman el pico por ninguna parte. Apenas sobreviven insectos refugiados bajo las piedras tiznadas. Alguna cabra montés asoma en busca de los pequeños brotes de gramíneas, con raíces resistentes y las primeras en brotar. Junto a la cuneta de una carretera ahora cubierta por una alfombra de pinocha alguien fabricó dos montoncitos de piñas y hojarasca separados por pocos metros. Accionó luego un mechero y su gesto bastó para poner patas arriba toda una comarca.

La investigación apunta a que el fuego fue intencionado. Tras las filtraciones de los primeros días, el trabajo que realiza el Seprona de la Guardia Civil es ahora secreto por mandato judicial. Fuentes del instituto armado destacan, eso sí, la dificultad de hallar pistas. Tienen esperanza en la triangulación de torres de telefonía para localizar un móvil en la zona, en las cámaras de las carreteras o residentes con información. Una de las hipótesis, de hecho, fue un enfrentamiento vecinal, pero también se barajó la participación de narcotraficantes.

“Lo peor es que ya está casi todo el bosque muerto”, dice Joaquín Ríos, de 21 años, mientras desayuna en el mesón La Posada, junto a la carretera de Jubrique. Recuerda el desalojo de su pueblo en plena madrugada, la acogida de sus vecinos de Algatocín, la obligación posterior de abandonar también ese municipio para cobijarse en Ronda. Dos noches y tres días fuera de casa sin saber qué encontrarían al volver. “La sensación es muy extraña al ver el paisaje negro”, dice su amiga Marina Ruiz, de 26 años. Peor lo lleva Ana Belén Mena. Su familia tiene 13 hectáreas de castaños en Júzcar, de las que nueve quedaron calcinadas. Unos 600 castaños muertos que plantó su padre hace tres décadas. “No hay cosecha este año, pero tampoco los próximos”, dice la mujer, de 33 años, que espera que las administraciones echen una mano.

Los ayuntamientos, en plena batalla contra la despoblación, apenas tienen recursos para hacer frente a las pérdidas. La diputación provincial fue la primera en enviar a sus técnicos para valorar la situación. Se ha comprometido a repartir ocho millones de euros, especialmente para infraestructuras. Las tuberías de Júzcar se derritieron y el municipio debe ahora tirar de un manantial cuyas aguas están cargadas de cal y no se pueden beber. “Hay que ver también cómo se ayuda a los particulares”, dice su alcalde, Francisco Lozano. Dice que siempre ha pensado que, antes o después, el monte ardería.

Responsabilidad

“Lo que más me preocupa es la falta de autocrítica, y la sensación de que no se hará nada que evite que pueda repetirse”, explica Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil. “¿Cómo se valora, además, la desaparición de un chaparral con 300 años?”, se pregunta el regidor. Dispara directamente a la Junta de Andalucía, a la que pide que asuma responsabilidades ante la gestión del incendio. En el pueblo, sus vecinos se quejan de que veían por televisión cómo los helicópteros apagaban las llamas cerca de Estepona, pero desde sus ventanas no veían ninguno mientras su monte ardía.

La administración autonómica ha prometido 4,5 millones para construir un nuevo Centro de Defensa Forestal en la zona y un programa para fomentar la recuperación ambiental y económica, cuyo plan forestal está caducado desde 2015. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha instado a la Junta “a que no eluda su responsabilidad” ya que la práctica totalidad de los daños son en monte público y explotaciones agrícolas, “que son de su competencia”. El Consejo de Ministros declaró el área afectada como zona catastrófica, pero estas ayudas se centran especialmente en servicios esenciales —carreteras, abastecimiento, instalaciones municipales— y está pendiente de publicar una convocatoria de ayudas. Los vecinos esperan, impacientes, mientras reparan lo que pueden y miran con desolación a su alrededor con el miedo de que se avive una pesadilla con forma de fuego.


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