Cuando Constantin Mutu volvió a ver a sus padres tenía 10 meses de edad y había pasado la mitad de su vida bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos. El nombre de este bebé rumano es el nuevo rostro del horror vivido en la frontera sur del país durante los meses de la tolerancia cero de Donald Trump, en los que casi 3.000 menores de edad fueron separados de sus padres inmigrantes tras ser detenidos. Según una investigación de The New York Times publicada este domingo, Mutu es el niño más pequeño separado de sus padres por el Gobierno norteamericano.
Vasile y Florentina Mutu son una pareja de gitanos de Olteni, Rumania. Tienen cinco hijos. En 2018, cuando nació el más pequeño decidieron que viajarían a México para desde ahí pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La pareja viajó con sus hijos Nicolas, de cuatro años, y Constantin, de cuatro meses. Poco antes de llegar a la frontera de Texas se perdieron. Vasile cruzó con Constantin e inmediatamente los separaron. Florentina no llegó a cruzar. Volvió a Rumania poco después.
Constantin pasó a estar bajo custodia del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales, que gestiona el sistema de asilo de menores. Fue enviado a vivir con una familia de acogida a Michigan. Vasile Mutu cayó en una depresión mientras estaba detenido. No hablaba ni leía inglés. Mutu cuenta al Times que en un momento dado los agentes le hicieron una oferta: si retiraba la demanda de asilo sería deportado de vuelta con su bebé. Firmó y salió del centro de detención el 3 de junio de 2018. Cuando preguntó, le dijeron que le darían al bebé cuando subiera al avión. Vasile Mutu se volvió a Rumania solo.
La familia de acogida de Constantin, consciente de la situación, mantuvo constante comunicación con la madre del bebé, a la que informaba de su evolución. Florentina enviaba vídeos hablándole en rumano.
Constantin tenía ocho meses cuando fue llevado al juzgado para la audiencia ante el juez de inmigración. El abogado del Estado pretendió que se pagara él mismo su billete de vuelta a Rumania. El juez obligó a que lo pagara el Gobierno de Estados Unidos. Constantin regresó a su país de origen a los nueve meses, ahora tiene año y medio, pero todavía no ha aprendido a hablar ni a caminar solo. Su familia se encuentra en una demanda para reclamar una compensación por parte del gobierno estadounidense por el daño causado.
La llamada política de tolerancia cero en la frontera sur de Estados Unidos fue iniciada en el otoño de 2017 por el fiscal general Jeff Sessions siguiendo órdenes del presidente Donald Trump. Legalmente consistía en imputar un crimen a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera fuera de los puntos de entrada. Los menores de edad no pueden estar detenidos en las mismas condiciones que los adultos más de 21 días. La consecuencia práctica era que los niños eran separados y entregados a los servicios sociales, mientras los padres esperaban juicio en la cárcel.
La propia Administración Trump reconoció que el objetivo era disuadir a los inmigrantes irregulares con el temor de perder a sus hijos. Por aquel entonces, empezaron a formarse las primeras caravanas de migrantes centroamericanos. Muchos llevaban a sus hijos convencidos de que sería más fácil quedarse en Estados Unidos. La estrategia se hizo oficial en la primavera de 2018. Ante las primeras informaciones de lo que estaba pasando, la reacción social y política fue tan fuerte que Donald Trump se vio obligado a revertir esta política con una orden ejecutiva.
Para entonces, el daño estaba hecho. Una denuncia de la Unión Americana por los Derechos Civiles en San Diego, en nombre de una mujer a la que separaron de su hija tras entrar por Tijuana, permitió conocer las cifras reales de lo que había pasado en esos meses. Un total de 2.737 niños fueron separados de sus padres. La cifra es provisional, es el número que la inspección del propio Gobierno había conseguido identificar hasta el pasado diciembre. En muchos casos, el Gobierno no tenía ningún registro de quién era hijo de quién. Unos estaban en el sistema de inmigración y otros en el de servicios sociales. Algunos eran tan pequeños que no podían dar ninguna información que permitiera localizar a sus padres. Cientos de padres fueron deportados sin sus hijos.
Gracias a las órdenes cautelares del juez de San Diego, la gran mayoría de las familias separadas identificadas por el Gobierno ya se han reunido. El número real de familias separadas se desconoce. La propia inspección del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales reconoce que podrían ser miles más.
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