El magistrado Rafael Lasala, que instruye la investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha fijado para el próximo 4 de octubre la declaración como imputada de Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores. Esta cita se produce después de que quien fue su jefe de gabinete, Camilo Villarino, detallase al juez que González Laya le dio instrucciones para que facilitara el acceso al país de Gali sin necesidad de someterse al control de pasaportes, lo que aseguró que permite el reglamento Schengen, que regula el espacio europeo sin fronteras.
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A través de una resolución dictada el pasado sábado, el magistrado no solo cita a la antigua integrante del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que llama también a declarar como testigos a María Isabel Valldecabres y Susana Crisóstomo, la ex jefa de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y la actual directora del gabinete del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska respectivamente, a quienes prevé interrogar el 18 de octubre. José María Muriel, ex secretario general técnico del Ministerio de Exteriores, deberá comparecer el 4 de octubre.
El juez Lasala investiga la entrada y salida de Gali en España, donde aterrizó en abril avalado por el Gobierno para tratarse de una fuerte afección por covid-19. Su presencia, que se prolongó durante semanas, desató una grave crisis diplomática con Marruecos, país que llegó a facilitar la entrada de más de 10.000 inmigrantes de forma irregular en Ceuta. El líder del Frente Polisario abandonó el país en junio, tras pasar 44 días internado en el hospital San Pedro, en Logroño, y declarar sobre varias denuncias por torturas ante Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, que lo dejó en libertad sin tomar medidas cautelares.
La imputación de González Laya se produce a petición de las acusaciones populares, que le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad de documento. La Abogacía del Estado, que defiende a la exministra y a Villarino, ya pidió el archivo de la causa al considerar que la entrada de Gali “fue conforme a Derecho”. Según Villarino, Laya le mandó un SMS el 18 de abril indicándole que la llamara desde un teléfono seguro y, una vez en comunicación, le indicó que se había tomado la decisión de admitir al líder del Polisario por razones humanitarias. El diplomático indicó que no sabía quién había tomado la decisión, pero que entendía que no había sido la ministra por sí sola. El exdirector de gabinete también declaró que Gali iba a entrar en España con un pasaporte diplomático argelino y que lo acompañaría su hijo, con algún tipo de carné de residencia.
Brahim Gali obtuvo la nacionalidad española en 2004 y dispone de un DNI en vigor. Así consta en las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada en España del líder saharaui. El 10 de diciembre de 2004, la juez encargada del registro civil de Valencia dictó una providencia en la que ordenaba la inscripción de la “nacionalidad española de origen con valor de simple presunción” (hijo de extranjeros nacido en España) de “Gali Sidi-Mustafá Abdelyelil, conocido como Gali Sidi-Mustafa Sidi-Mohamed”, nacido en Esmara (Sáhara español) el 16 de agosto de 1948. El Registro Civil de Valencia ordenó que se inscribiera la españolidad del líder del Polisario por haber nacido en el Sáhara Occidental cuando aún era territorio español.
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